El Ministerio Público Fiscal informó que un hombre de 51 años fue imputado como presunto integrante de una organización investigada por el almacenamiento y transporte de 204 kilos de cocaína. Cumplía prisión domiciliaria por una condena anterior por narcotráfico y quedó detenido con prisión preventiva por 71 días. La Fiscalía sostiene que habría cumplido funciones vinculadas con la logística y las finanzas de la estructura.
La investigación por una organización narcocriminal que operaba en Salta sumó un nuevo capítulo y elevó a diez el número de personas imputadas, todas actualmente bajo prisión preventiva, según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El último detenido es un hombre de 51 años que cumplía prisión domiciliaria por una condena anterior por transporte de estupefacientes y que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría mantenido vínculos con los vehículos utilizados para trasladar y almacenar cocaína.
El juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, declaró legal la detención y dispuso la prisión preventiva del acusado durante 71 días. La resolución se produjo a pedido de la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes llevan adelante la investigación. El imputado, identificado en el expediente con las iniciales R.S.P.M., fue acusado como coautor de dos hechos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en concurso real con el delito de almacenamiento de estupefacientes. También fue autorizado el peritaje de su teléfono celular.
La causa comenzó el 24 de febrero, cuando una pareja fue detenida en Rosario de la Frontera mientras transportaba 17 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un Volkswagen Gol Trend. El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional en el puesto de El Naranjo, sobre la ruta 34. De acuerdo con la información oficial, los efectivos detectaron irregularidades en el tanque y el fuerte olor a combustible permitió profundizar la inspección.
A partir de aquella primera intervención, la Fiscalía profundizó la investigación mediante tareas de campo e intervenciones telefónicas y, con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de la Provincia de Salta, logró identificar a otros integrantes de la estructura que, según la hipótesis acusatoria, utilizaba distintos puntos de la provincia para el acopio y posterior traslado de la droga.
El operativo que terminó de exponer la magnitud de la investigación se produjo el 21 de julio. Ese día, los investigadores interceptaron una Volkswagen Amarok sobre la ruta 34, a la altura del peaje de Cabeza de Buey. En el vehículo encontraron 117 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo y otros compartimentos. En simultáneo se realizaron doce allanamientos y, en uno de ellos, en la localidad de Cerrillos, fueron encontrados otros 70 kilos de la misma sustancia dentro de otro vehículo.
En esos procedimientos fueron detenidas dos mujeres que viajaban en la Amarok y otras personas señaladas por la investigación. Entre ellas se encontraba R.E.F., a quien la Fiscalía identifica como presunto líder de la organización y encargado de tareas de vigilancia como “coche puntero”. Con las detenciones posteriores, la investigación alcanzó a diez personas imputadas.
El nuevo acusado apareció en la investigación a partir del análisis de distintos elementos secuestrados durante los procedimientos, entre ellos teléfonos, documentación y dinero, además de testimonios incorporados con identidad reservada. La Fiscalía sostuvo que también existen comunicaciones entre el hombre y uno de los primeros detenidos, en las que se registraron conversaciones relacionadas con una deuda de dinero en dólares.
Uno de los elementos que los investigadores consideran relevante es la presencia de una Volkswagen Amarok utilizada en el traslado de los 117 kilos de cocaína cerca del domicilio del nuevo imputado. Según la Fiscalía, el vehículo fue observado allí días antes del procedimiento realizado sobre la ruta 34.
El antecedente judicial del hombre también ocupa un lugar central en la investigación. Cumplía una condena de cinco años y dos meses de prisión por transporte de estupefacientes, impuesta por el Tribunal Oral Federal de Jujuy bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Según el Ministerio Público Fiscal, ese beneficio había sido concedido a partir de su situación familiar y de la necesidad alegada de cuidar a sus padres y a un hijo menor con autismo.
La Fiscalía sostiene que, pese a encontrarse bajo esa modalidad de cumplimiento de pena, el hombre se desplazaba habitualmente en una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, vehículos que, según la hipótesis investigativa, estaban vinculados con las operaciones de transporte de la organización. Los investigadores también señalaron que la droga era almacenada tanto en una vivienda de Cerrillos como en el domicilio del imputado.
Otro episodio incorporado por la Fiscalía ocurrió días antes del gran operativo del 21 de julio. Según la acusación, el hombre fue observado cuando regresaba desde la zona de San Luis y descendía de la Volkswagen Amarok con una conservadora y una caña de pescar. Para los investigadores, ese desplazamiento constituiría otro elemento para sostener que habría incumplido las condiciones de la prisión domiciliaria.
La investigación también incorporó referencias de otros imputados y de una persona cuya identidad permanece reservada, quienes, según la Fiscalía, señalaron al acusado como integrante de la organización y le atribuyeron un papel relacionado con la logística y las finanzas. Durante el allanamiento de su vivienda se secuestraron además más de 3.000 dólares.
Frente a la acusación, el hombre pidió declarar para explicar su situación. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, sus argumentos presentaron contradicciones que no pudieron ser corroboradas. El acusado sí reconoció haber incumplido las condiciones de la prisión domiciliaria.
La causa continuará bajo investigación y la Justicia deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados. En FM LUZU también seguimos la actualidad judicial, con la cobertura del juicio en el que Pity Álvarez se negó a declarar por el homicidio de Cristian Díaz.
En relación con el viaje de pesca, siempre según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia, el imputado admitió que decidió realizarlo después de un control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal porque consideraba que ese era el momento en que tenía menores posibilidades de ser descubierto. Para los investigadores, esa declaración constituye otro indicio del presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
La causa continúa bajo investigación y el nuevo imputado permanece con prisión preventiva por 71 días. La decisión judicial todavía no implica una condena y los elementos atribuidos al acusado forman parte de una investigación penal en curso. La responsabilidad que eventualmente pueda corresponderle deberá determinarse conforme avance el proceso y se valoren las pruebas incorporadas al expediente.
El caso vuelve a poner el foco sobre una modalidad que atraviesa las investigaciones de narcocriminalidad en el norte argentino: organizaciones que utilizan vehículos particulares para trasladar grandes cantidades de droga, puntos de almacenamiento y distintos integrantes con funciones diferenciadas. En esta causa, la investigación comenzó con un cargamento relativamente menor escondido en el tanque de un automóvil y terminó revelando, según la Fiscalía, una estructura mucho más amplia, con decenas de procedimientos y más de 200 kilos de cocaína secuestrados.
Para FM LUZU, el dato central de esta nueva etapa es la dimensión que alcanzó la investigación: diez personas imputadas, todas bajo prisión preventiva, y 204 kilos de cocaína incorporados al expediente como eje de una pesquisa que comenzó en febrero y que continúa abierta.
Redacción
Edgardo Pedro García Meza
FM LUZU 92.3 MHz
Villa Luzuriaga, Buenos Aires, Argentina
Fuente
Ministerio Público Fiscal de la Nación — Fiscales.gob.ar. La información oficial fue publicada el 13 de agosto de 2026 y consigna la intervención del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual.