La oposición busca poner a prueba, una vez más, la resistencia del Gobierno en el Congreso y apura en Diputados una modificación a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar que Javier Milei gobierne por decreto. Los ejes de la reforma estarán centrados en que las normas firmadas por el Presidente deberán ser aprobadas por ambas cámaras y tendrán un plazo de vencimiento para su tratamiento legislativo.
La ofensiva para reformar la ley 26.122, sancionada durante el kirchnerismo y que regula los DNU, fue encabezada por Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, pero cuenta con el apoyo de Unión por la Patria (UxP), un sector del radicalismo, la Coalición Cívica, y algunos diputados provinciales. La izquierda está en contra de la ley y espera ver el texto para definir su posicionamiento.
La atención está puesta en cómo se posicionará el macrismo, que en distintos períodos propuso la reforma de la norma. Mientras en el oficialismo decidieron esperar el desarrollo de la primera reunión plenaria para determinar si hay algún avance en la unificación de la oposición. Desde la oficina de Martín Menem dejaron trascender que «limitar las herramientas del Presidente es un error». La expectativa está centrada en el alcance de la modificación, ya que no estarían de acuerdo en emplazar el tratamiento legislativo de los DNU.
La intención de los promotores del cambio de la ley es realizar dos reuniones informativas -este miércoles y el próximo- para sacar dictamen de comisión el 30 de octubre. La idea es darle media sanción una semana después para que el Senado pueda tratarlo durante el próximo mes y si el proyecto tiene que volver a la Cámara Baja haya tiempo para llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario del Congreso. Si no se cumple con ese cronograma, la oposición deberá esperar a que el Presidente convoque a extraordinarias o al próximo año.
Lo cierto es que la reforma comenzará a ser tratada este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, a partir de un emplazamiento que pidió Encuentro Federal en la sesión de la semana pasada en la que se blindó el veto a la ley de financiamiento universitario.
El temario incluye 15 proyectos de distintos sectores políticos, incluso hay textos de ex legisladores como José Luis Gioja y Graciela Camaño, y hay un intento también de incluir en la discusión una propuesta de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que presentó durante su etapa como diputada pero que perdió estado parlamentario.
La reforma cuenta con el apoyo del bloque de Unión por la Patria a pesar de que la ley fue impulsada por Cristina Kirchner. Según explicaron fuentes legislativas, en el kirchnerismo entienden que hay que cambiarla porque el esquema de gobierno de Milei está centralizado en el DNU y el veto.
Incluso, Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, ambos del massismo, presentaron este año un proyecto que propone que los DNU tengan vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente ratificados por ambas cámaras y convertidos en ley. Además establece que cuando el decreto del Ejecutivo sea dictado durante el período de receso del Congreso, se convocará en forma automática a sesiones extraordinarias para su tratamiento.
En tanto, el radicalismo se encuentra inmerso en su propia crisis por la decisión de 5 diputados que decidieron acompañar al Gobierno contra las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario. La interna hace difícil determinar cómo se posicionará el bloque que preside Rodrigo de Loredo, aunque se especula que tanto los legisladores que responden a Facundo Manes como los encolumnados con Martín Lousteau irán por la reforma de la ley, ya que ambos sectores tienen propuestas en ese sentido.
Dentro de los bloques que se anotan a favor de una modificación también está la Coalición Cívica, que a través de Juan Manuel López trabaja junto a Oscar Agost Carreño para consensuar el proyecto en tándem con Nicolás Massot. Según pudo averiguar este diario, diputados de Encuentro se contactaron con Silvia Lospennato para determinar si la reforma contará con el apoyo del PRO. Hasta este martes no hubo ningún posicionamiento desde el macrismo, que tendría previsto analizar su estrategia previo al plenario de comisiones.
En Innovación Federal, el espacio que concentra a los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones), aún no definieron su postura, aunque hay diputados de esa bancada que entienden que hay que modificar la ley pero tienen reparos sobre el contexto político.
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