El juez Sebastián Casanello ordenó este jueves allanar oficinas del Ministerio de Capital Humano para secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre las cinco toneladas de alimentos retenidos en dos galpones oficiales.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 ordenó la «presentación con allanamiento en subsidio» de la Dirección Logística de Capital Humano, ubicada en avenida de Mayo al 800.
Entre los elementos que buscan están información de la computadora del director de Logística del Ministerio, Pablo Berardi; todas las órdenes de entrega del 27 de mayo pasado; los partes diarios del depósito de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, donde se encuentran almacenados los alimentos, «conteniendo el detalle de stock, ingresos, salidas y estado» de los productos desde el 27 mayo; y las constancias informáticas de los movimientos de los alimentos desde esa fecha.
La causa se inició por una denuncia penal de Juan Grabois. Casanello ordenó allanar los depósitos y obligó a Capital Humano a repartir los alimentos. Desde el Ministerio remarcaron que la mayoría de la mercadería tiene «poco valor nutricional» y avanzó en la firma de acuerdos para distribuir leche en polvo.
Mientras tanto, la cartera que encabeza Sandra Pettovello transitó el camino judicial, por intermedio de la subsecretaria Legal, Leila Gianni. Recurrió a la Cámara Federal porteña, donde recibió un revés: los jueces avalaron el pedido de Casanello y encomendó al Gobierno a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas».
Luego, el Ministerio remitió un listado con el detalle de los alimentos, su ubicación y el plazo que demandaría la distribución de los mismos. Al mismo tiempo, sin embargo, se dirigió a la instancia de Casación Federal ya que, entendían desde el entorno de Pettovello, había elementos para hacerlo. En ese sentido, objetaron una «violación al principio constitucional de división de poderes, el debido proceso» y se refirieron, también, a la «arbitraria la resolución recurrida».
Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por la jueza Ángela Ledesma y sus pares Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, consideró inadmisible el reclamo de Capital Humano.
La misma respuesta había recibido el Ministerio de parte de la Sala II de la Cámara Federal porteña. Entendió que “la decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.
Tras la serie de reveses, Capital Humano elevó un recurso de queja para buscar llegar a la Corte Suprema de Justicia.
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