El viceministro de Economía Juan Pazo le cedió al salteño Gustavo Sáenz lotes del Inta para que el gobierno provincial construya viviendas sociales.
Esa entrega disparó un fuerte rechazo de las entidades del campo, profundizando así las tensiones que existen con la mano derecha de Toto Caputo por el negocio de los chips vacunos que el Gobierno busca imponer como obligatorios.
El convenio que Sáenz firmó en el despacho de Pazo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado implicó la entrega de 41 hectáreas del Inta Cerrillos para nuevas urbanizaciones.
Frente a eso, las entidades más fuertes del campo salteño -Prograno, Sociedad Rural y la Federación de Entidades Rurales- salieron a manifestar su «preocupación y rechazo» por la medida. «Las tierras del INTA deben ser productivas», expresaron.
En ese sentido, señalaron que las tierras pertenecientes al INTA deben ser destinadas a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y destacaron que la Estación Experimental de Cerrillos viene realizando «valiosos aportes para mejorar las distintas producciones locales».
Días atrás, la Sociedad Rural Salteña recibió a las máximas autoridades de CRA y Sociedad Rural Argentina en el marco de su 80° exposición. Además, estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien ya se habían reunido en febrero pasado.
Según pudo saber LPO, durante la reciente exposición rural salteña proliferaron las críticas hacia los chips vacunos que el Gobierno busca imponer como obligatorios para la trazabilidad y por los que Pazo echó al vice del Senasa, Sergio Roberts, que se venía negando a aplicar ese sistema que es resistido por la Mesa de Enlace.
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