El Senado de la provincia de Buenos Aires, con la sola oposición de los senadores de La Libertad Avanza (LLA), aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficialess enviados por el gobernador Axel Kicillof, a pesar de que por lo menos dos candidatos tienen abiertos graves procedimientos administrativos y judicial.
Durante la sesión de ayer, la senadora de la LLA Florencia Arietto se cruzó con el senador K y ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Este interrumpió a Arietto cuando contaba las denuncias que pesaban sobre los del ascenso a la Cámara de Apelación y Garantías de Avellaneda-Lanús de Gabriel Vitale, ex titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora y el de Carlos Baccini al cargo de Fiscal General de Lomas de Zamora.
Los ahora ascendidos estaban acusados de haber ayudado al ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a Pablo Moyano. Así como, también, haber perjudicado la investigación sobre la feria La Salada y ayudar a un ex fiscal federal en un caso de supuesta violencia de género.
Arietto denunció un «pacto» entre las fuerzas mayoritarias para aprobar a libro cerrado, sobre todo, esos dos casos. Incluso, la presidenta provisional del Senado, Verónica Magario, hizo sumar 8 candidatos a último momento para La Matanza.
Ayer Berni interrumpió a Arietto y la senadora le contestó:
-Vos me criticás que cuando decías que la mitad del problema con la seguridad en la provincia es la justicia…
-Todos nos acordamos cuando era rubia, panelista de 6,7,8 y zafaronista. […] Después se fue del kirchnerismo, del massismo, de Larreta, de Bullrich. Creo que incluso en estos meses pasó por tres bancas- contestó Berni.
La senadora subrayó que los candidatos, incluso los cuestionados, fueron aprobados con los votos de sus colegas del “PRO y el el radicalismo, incluso Marcelo Daletto defendió el nombramiento de Baccini”. El acuerdo funcionó igual que con el caso de «Chocolate» Rigau donde esas bancadas mayoritarias guardaron silencio frente al fraude con empleados truchos de las arcas de la legislatura.
“A Paccini y a otros candidatos dudoso ustedes los acaban de votar mientras en La Matanza es imposible encontrar un fiscal por ejemplo que desaloje una usurpación”, subrayó Arietto.
Antes del debate tras la lectura de los 135 candidatos, la votación en bloque insumió unos pocos minutos, lo mismo que cuando se trató en la Comisión de Acuerdos del senador cuando aprobaron candidatos en tiempo récord. La aprobación en esa comisión y ayer en el recinto del Senado confirma la existencia de un pacto entre las fuerzas políticas mayoritarias para nombrar candidatos en una de las justicias más cuestionadas de la Argentina.
De esta manera, los camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz designados ocuparán sus cargos en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Morón, Moreno-General Rodríguez, Avellaneda-Lanús, Merlo, Mercedes, Mar del Plata, Necochea, San Nicolás, San Isidro, Pergamino, La Matanza, Junín, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Quilmes, Bahía Blanca y Azul.
Durante el 2024, el Senado bonaerense aprobó un total de 181 pliegos judiciales. En mayo pasado, el Cuerpo avanzó en la designación de 46 magistrados, que se suman a los 135 que se designaron en esta ocasión.
Cuando empezó a funcionar la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en marzo pasado, la provincia de Buenos Aires contaba con 644 vacantes en el sistema judicial, de un total de 2645 magistrados.
Con la aprobación de los 135 pliegos, sumado a los 46 magistrados anteriores, el nivel de vacancia se redujo a 463, lo que representa una baja del 25 al 17%.
En los expedientes llamados SJ 573/21 y SJ 575/21 se debe tratar los pedidos de desafuero elevados por la Justicia para poder avanzar contra Vitale en dos causas penales. El ahora ex fiscal Sebastián Bisquert elevó la IPP 07-00-54564-19 en la que se imputa al juez Vitale dos supuestos hechos ilícitos.
Por un lado, se imputa a Vitale de haber formulado una supuesta falsa denuncia por un delito a sabiendas de que no había sucedido. Específicamente: denunció “el faltante de varias fojas en la IPP 07-00-23652-15 correspondiente a un legajo de una escucha telefónica”.
En esa causa se investigaba a un grupo de personas que habían ocasionado desmanes en la vía pública con armas de fuego contra la policía, con el objeto de impedir el desmantelamiento de puestos de venta en la “Feria de La Salada”. No había ningún faltante y fue una maniobra de Vitale para entorpecer la causa en beneficio de los acusados, según el fiscal.
Por otro, se lo acusa a Vitale de demorar dos meses unas órdenes de allanamiento que le había ordenado hacer la Cámara de Apelación en otra causa.
En otro requerimiento, el fiscal Bisquert remitió la llamada IPP 07-00-18240-19 al fiscal general. Es por la supuesta participación Vitale en dos maniobras.
Por un lado, se lo acusa de insertar supuestas afirmaciones falsas en el auto mediante el cual declinaba la competencia en favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 de CABA. Por otro lado, ante una presentación del fiscal general Sebastián Scalera mediante la cual advertía que se había sido revocado como defensor, el juez Vitale resolvió “…estar a lo resuelto en fecha 15 de marzo de 2019…” contaron fuentes parlamentarias y judiciales.
En el expediente SJ 590/21, iniciado por denuncia de Florencia Arietto, se ventila la actividad de Vitale en algunas de las causas ya nombradas, pero se le agregan otras supuestas maniobras para “proteger a actores de la política municipal lomense y de la barra brava del Club Banfield”. Se trataría de la adopción de medidas de prueba para supuestamente entorpecer la actividad de los fiscales en causas por quiebras fraudulentas y vaciamientos de empresas. Vitale le inició un juicio por calumnias e injurias a Arietto por haber dicho que habría cobrado por favorecer a Pablo Moyano pero, hasta ahora, la senadora lo tiene ganado en la Cámara de Apelaciones.
En cambio, la Comisión Provincia de la Memoria, que controla el kirchnerismo a través del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, salió a defender a Vitale y decir que es objeto de “una persecución” de parte de Arietto y la Procuración General de la provincia que dirige Julio Conte Grande. Y otros senadores consultados por Clarín quieren ver estos antecedentes y sobre todo si «hay denuncias penales contra Vitale» antes de decidir su voto.
En cuanto al ahora ex fiscal Baccini, el bloque de Senadores de la Libertad Avanza 1, integrado por Arietto, Carlos Curstis y Joaquín de la Torre pidió su juicio político. Se le imputa en la causa caratulada SJ 691/24 haber cometido graves irregularidades por “varios hechos de abuso sexual y ejercicio de violencia contra una mujer vulnerable, interviniendo y corriendo fiscales a dedo para proteger al acusado, un fiscal federal de Tierra del Fuego”, contaron fuentes parlamentarias.
También se acusa a Baccini por omitir investigar una causa en la que se debió ventilar una trama de defraudaciones contra la Municipalidad de Lomas de Zamora perpetrada por funcionarios municipales. Los hallazgos dieron origen a la denuncia que radicó una auditora del Tribunal de Cuentas provincial. Baccini en todas las instancias negó los cargos.
No sólo no se investigó la causa, sino que después, en el marco del escándalo del Yategate en que se investiga por lavado y enriquecimiento ilícito a Martín Insaurralde, Baccini “entorpeció el avance de la Justicia federal”, según los denunciantes. El caso llevó a la intervención directa de la Procuración bonaerense.
Entre los investigados se encontraban, al menos, el contador municipal de Lomas, Hernán Rosín, el secretario de hacienda Claudio Osvaldo Raggio, el director de recaudación Jeremías Oubiña y la secretaria general Florencia Stamato, todos funcionarios de la intendencia de Insaurralde. Esta causa fue la que el fiscal federal Sergio Mola solicitó al juez federal Ernesto Kreplak se sume al Yategatae.
Descubre más desde FM Luzu 92.3 Mhz - Villa Luzuriaga
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.