En medio de la fuerte tensión que atraviesa al Ministerio de Capital Humano, por una veintena de renuncias y denuncias cruzadas con los movimientos sociales, el Gobierno decidió, a través del Boletín Oficial, retirar la autorización para funcionar y disolver a 8585 cooperativas y 672 mutuales. Las primeras han sido objeto de sospecha por el exponencial crecimiento de durante los últimos cuatro años, en los que pasaron de unas 9500 a 23.836, más del doble.
Sobre este total que recibió la gestión de Javier Milei, la decisión deja fuera de operación al 36% de las entidades existentes. Una decisión similar se tomó sobre las mutuales, entre las que están las asociaciones vinculadas a varios sindicatos. Dejarán de funcionar 672. Más allá del enfrentamiento entre el oficialismo y las agrupaciones, a las que muchas cooperativas están asociadas, esta “limpieza” se ha hecho en gobiernos anteriores. De acuerdo a un primer análisis de LA NACION, no están incluidas en el listado las principales entidades de exfuncionarios como Emilio Pérsico o referentes como Juan Grabois.
La Resolución 1364/2024 es consecuencia de las instrucciones de sumario que se iniciaron el 25 de marzo de este año. En aquella medida se dispuso que cerca de 11.000 cooperativas se suspenderían por incumplir los procesos de actualización de datos correspondientes, por omisión de presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la documentación asamblearia y los estados contables. Por ello se solicitó a las cooperativas a que en 10 días hábiles, se presenten para ejercer su derecho a defensa y regularizarse. Ese plazo comenzó a correr a partir del 3 de abril.
La decisión oficial advierte que “sólo unas pocas cooperativas se presentaron a realizar sus manifestaciones” y que 718 entidades sí enviaron documentación y acreditaron algún tipo de funcionamiento institucional, pero no cumplieron con la actualización nacional de datos, por lo que deberán, en 45 días, realizar algunos trámites para quedar en regla. “Se verificó que la mayoría de las entidades sumariadas no se han presentado a ejercer tal derecho ni han realizado actos o manifestaciones de alguna manera anuncien, aunque sea en forma tácita, su voluntad de regularizar su situación institucional en cumplimiento de la normativa vigente”, destaca la resolución.
“En razón de las circunstancias descriptas, la gravedad y verosimilitud de las transgresiones constatadas”, se aplicó la sanción de retiro de autorización para funcionar. Según la normativa, esta determinación es causal de disolución de las entidades. Se le dio intervención a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales para que ponga en conocimiento sobre la presente resolución a los órganos locales competentes, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a los Organismos Supervisores que correspondan y realice las gestiones tendientes a determinar la existencia del remanente patrimonial. Lo mismo ocurrirá con las 672 mutuales mencionadas.
Unas 22 cooperativas y 21 mutuales quedaron eximidas de estas determinaciones por que ya se encuentran en proceso de disolución y otra porción, por ya encontrarse en proceso de intervención judicial. Las que deberán presentar sus papeles en el plazo de 45 días son 718 cooperativas y 9 mutuales.
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