La denuncia por presuntas irregularidades en los contratos de Capital Humano que el Gobierno presentó el viernes quedó en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los dos candidatos de Javier Milei para ocupar los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa surge del escándalo por el que terminó siendo despedido el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, apuntado por supuestos hechos de corrupción. Fue iniciada bajo la carátula de «averiguación de ilícito» y el fiscal interviniente es Ramiro González.
La maniobra de presuntos contratos truchos habría sido relatada por Federico Fernández, un empleado de la Dirección General Administrativa del ministerio, y quedó reflejada en un acta labrada ante escribano público y ante varios testigos en la sede de la Secretaría de Trabajo, que está a disposición de la justicia.
Fernández -que llegó al gobierno de la mano de De la Torre- confesó que manejaba dieciocho contratos de trabajo de supuestos empleados del ministerio, que eran pagados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero en verdad la plata no llegaba a las personas contratadas, que en algunos casos recibían algo del dinero y en otros nada. Con ese dinero, habría confesado el “valijero”, se pagaban sobresueldos a funcionarios de la cartera, pero también se compraban dólares que luego terminaban en manos de De la Torre. “Y yo no soy el único que maneja contratos. Hay más como yo”, habría admitido Fernández.
La denuncia que ahora comenzará a tramitar la justicia reproduce el relato de Fernández, quien «el día 24 de enero de 2024 presenció una reunión de la cual participaron el ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, al Jefa de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaff), Lucía Raskowsky, y el ex subsecretario de administración de la Sennaf que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo».
Según el texto, «en el marco de dicha reunión se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta (50) funcionarios que ya estaban trabajando allí.» Fernández tenía entendido que ese nombramiento contaba con el aval de Raskowsky.
La denuncia continúa entonces con la exposición del empleado «arrepentido», según la cual Keczeli señaló que no era posible designar a esas cincuenta personas hasta que se resolviera el tema del organigrama o nueva estructura del Ministerio.
«En ese momento, Sánchez Sorondo sugirió efectuar la contratación referida a través de OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)», aunque planteó que algunos de esos empleados no podrían facturar su trabajo «por su situación impositiva, y el problema de los sueldos, debido a que el tope de facturación es 1.300.000 pesos en estas contrataciones, mientras que para los directores, siempre y cuando la experiencia, la edad y la profesión lo permita, el sueldo promedio alcanza un rango aproximado de 2.500.000 pesos.» No todos los contratados vía OEI llegaban a cobrar el tope de 1.300.000 pesos.
La denuncia que ahora tienen el juez Lijo y el fiscal González dice que entonces el secretario de Coordinación, Maximiliano Keczeli, «dispuso avanzar con las contrataciones por un período de tres meses, es decir que los contratos finalizarían el 31 de marzo de 2024. En ese momento no se había conformado ninguna lista de las personas que iban a contratar.»
A partir de entonces, con estas autorizaciones empezaron a enviarle Fernández diferentes currículums de personas para contratar, que a su vez enviaba a la Dirección General de Proyectos Especiales «para que allí se estableciera el rango salarial.» Pero a mediados de febrero comenzó la cadena de «renuncias de subsecretarios no nombrados, directores en la misma situación y sus asesores, quedando vacías diferentes posiciones de la Sennaf.»
Al mismo tiempo se mantenían las contrataciones bajo la forma OEI, que empezaron a cobrarse a comienzos de marzo. En la primera semana de abril se habían cobrado la totalidad de los contratos, siempre y cuando hubieran presentado la documentación correspondiente al pago en tiempo y forma. Fernández declaró que actualmente no hay contratos vigentes, dando a entender que la liquidación de salarios se habría normalizado en el ministerio.
Pero entonces llega el último párrafo de la denuncia, que es clave: el funcionario aseguró que «el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones.»
«Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar al personal que nunca fue nombrado.»
Fernández «quiso dejar constancia que la Ministra Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular», redondea la denuncia.
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