En parte a la defensiva por las denuncias y las advertencias del Gobierno para frenar las protestas, las organizaciones sociales preparan para esta semana manifestaciones para reclamar el reparto de los alimentos retenidos en los galpones estatales y luego la continuidad del abastecimiento a comedores y merenderos, sin mercadería de la administración nacional desde diciembre.
Dirigentes de la UTEP, la izquierda y otras agrupaciones mantendrán una reunión este lunes, para definir posibles movilizaciones. Desde Territorios en Lucha (Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, CTA autónoma y de los trabajadores, entre otros movimientos) anunciaron que armarán el jueves una carpa contra el hambre frente al Congreso.
También harán una concentración en la misma plaza en la jornada del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado, posiblemente dentro de diez días. Las organizaciones rechazaron las acusaciones del Gobierno sobre los comedores no registrados y otras irregularidades esgrimidas como argumento para justificar el freno a la distribución de los alimentos.
“Seguimos teniendo visitas a los comedores, como desde enero, y ya pasamos toda la información que nos pidieron pero no sabemos qué van a hacer. Ahora directamente cortaron la interlocución”, aseguró Silvia Saravia, de Libres del Sur, la agrupación que reclamó el miércoles ante el depósito de Villa Martelli con disfraces de fantasmas como respuesta a la denuncia del ministerio de Capital Humano. “Dos comedores nuestros que están en la lista ya fueron auditados por ellos mismos”, replicó Saravia.
Juan Grabois, autor de la denuncia en febrero por la falta de abastecimiento del Gobierno nacional a los comedores, reclamó que se reactive la entrega. “Déjense de joder con mentiras, comunicados y soberbia. Presenten un plan de distribución. Restituyan los programas de alimentos”, apuntó en sus redes sociales luego del allanamiento a los dos galpones dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello.
“No tenemos ninguna novedad, la comida sigue sin aparecer. Esa es una parte del problema, la que está por vencer. El tema es cómo le dan continuidad. ¿Tienen la licitación para el mes que viene? Esos cinco millones es lo que tendrían que haber comprado todos los meses”, cuestionó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
Belliboni, ante el juez
Belliboni será indagado por Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por presuntas irregularidades y facturación apócrifa para simular gastos no concretados destinados a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
“Tenemos los elementos y las facturas que le rendimos al Estado, que previamente pasaron por la AFIP. ¿Cuál es el delito?”, se defendió el dirigente, y también rechazó la denuncia sobre los comedores: “Puede ser que existan algunos truchos, pero hay otros que se fusionaron. Estamos hablando de miles de comedores en todo el país”.
Saravia también criticó lo que consideró una “persecución” a los movimientos sociales. “Siempre dijimos que la política pública debe ser transparente. Si hay irregularidades tiene que avanzar la Justicia. Pero no hay en el Gobierno una idea de auditar para transparentar, sino para estigmatizar y criminalizar a las organizaciones”, diferenció.
“Desde UTEP vamos a seguir con la agenda de alimentos. Estamos enfocados en la denuncia que hicimos a través de Juan (Grabois) y el amparo que presentamos”, dijo a este diario Alejandro Gramajo, titular de UTEP, por el momento sin plan de protesta a la vista.