La medida fue dispuesta a través del Ministerio de Obras Públicas, y a partir de ahora la administración de los corredores quedará en manos de Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales S.A.
A dos años de la implementación del esquema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del Plan de Obras.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que rescindieron «los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas».
«Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas», aseveró el ministro.
Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo mutuo con las contratistas PPP del Corredor A conformada por Paolini Hnos SA, Vial Agro SA y INC Spa Italia; y del Corredor Sur con Rovella Carranza SA, JCR SA y Mota-Engil (Portugal).
Asimismo, en septiembre ya se había alcanzado un acuerdo mutuo con la contratista conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.
Para el Corredor C, que estaba a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, la rescisión del contrato se dio de manera unilateral por falta de presentación del cierre financiero y se le está aplicando la cláusula de ejecución de las garantías.
En el caso del Corredor B, a cargo de China Construction América SA y Green SA, el Ministerio de Obras Públicas evalúa el cierre financiero presentado ayer en función del cumplimento de los contratos.
«Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más», señaló Katopodis.
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