El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes emitió una orden de extradición para las decenas de ciudadanos de su país que están en la Argentina y que están siendo investigados o fueron acusados por el ataque a los edificios de los tres poderes de la democracia el 8 de enero de 2023.

Ese día ocurrió abiertamente un intento de golpe contra Luiz Inacio de Silva, que había asumido el poder apenas siete días antes, por parte una turba partidaria del ex presidente Jair Bolsonaro. Fue un modelo espejado en el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de una multitud de trumpistas ocurrido el 6 de enero de 2021.

La decisión de Moraes fue emitida el martes, y confirmada a Clarín por distintas fuentes. La medida tendrá una importante influencia política en la relación entre Brasil y la Argentina por el mal vínculo que siguen manteniendo Lula y su par Javier Milei.

A pesar de su decisión de julio de faltar a la cumbre del Mercosur en Asunción para no encontrarse con Lula -y de asistir a una conferencia de los conservadores organizada en Camboriu por los Bolsonaro-, Milei ahora dará el presente en la Cumbre del G20 que va a tener lugar en Río de Janeiro el 18 y 19 de noviembre.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, este miércoles, en el Palácio del Planalto, en Brasilia (Brasil). Foto: EFEEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, este miércoles, en el Palácio del Planalto, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE

Las cancillerías de Brasil y de la Argentina evitaron comentar la decisión de De Moraes por considerarla una medida “judicial”, pero fuentes del Gobierno de Milei avisaron hace meses que si hay personas perseguidas por «cuestiones políticas» en Brasil merecen refugio. La relación bilateral se mantiene al nivel de los cancilleres Diana Mondino y Mauro Vieira y de los embajadores Daniel Raimondi y Julio Bitelli. Nadie arriesga a aún a confirmar una bilateral entre Lula y Milei en Río.

En Brasilia, la Policía Federal brasileña ya elaboró ​​la lista del pedido de extradición y realizó la solicitud al ministro de Justicia, que tendrá que solicitárselo a su par de Argentina.

Se estima que son 60 los bolsonaristas que pidieron refugio en la Argentina, aunque el Gobierno se niega a suministrar esos datos. Argentina había compartido con Brasil una lista que también rondaba los 60 prófugos, pero hay quienes sostienen que pueden llegar a 80. Clarín hizo un pedido de información pública sobre la identidad de todos los bolsonaristas que pidieron refugio en la Argentina, y el Gobierno se negó a brindarla amparándose en el derecho a proteger a quienes piden refugio.

De Moraes es el mismo juez que mantiene un duelo “a capa y espada” con Elon Musk, el magnate de Tesla y X, que se ha convertido en soporte político y económico de Donald Trump en su campaña electoral contra Kamala Harris. Musk y Milei se consideran amigos.

Los bolsonaristas prófugos que pidieron refugio en la Argentina están procesados y acusados por el asalto a los edificios del Planalto (Presidencia), al Congreso y al mismo STF, la máxima corte federal.

Los pedidos de detención

De acuerdo a los trascendidos de la justicia brasileña, hubo 208 órdenes de detención o uso de tobilleras electrónicas pedidas por De Moraes y ejecutadas por la Policía Federal en relación a ese ataque.

En su momento, en Brasil afirmaron que hubo prófugos con orden de detención o con tobilleras electrónicas que las rompieron y que cruzaron la frontera en colectivos, en autos y hasta en bicicleta. Algunos escaparon primero a Uruguay y luego siguieron a la Argentina y otros entraron directamente por el norte a la Argentina, en cuyas fronteras mostraron su carnet de identidad de Migraciones y pasaron, porque el Mercosur facilita la circulación de personas.

Esos bolsonaristas pidieron asilo ante la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE, que integran Cancillería, Seguridad, Interior a través de Migraciones. Con ese trámite, consiguieron un alto nivel de protección política. Pero en Brasil consideran que esos delitos están encuadrados en la ley antiterrorista, lo cual les puede implicar más de una decena de años de cárcel.

Bolsonaristas en España y en la Argentina

El diario Folha de Sao Paulo publicó que Moraes ya había enviado al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, una solicitud de extradición del influencer bolsonarista Oswaldo Eustaquio, que se encuentra prófugo en España

Eustaquio criticó la decisión del ministro del STF. En una entrevista con Metropoles, afirmó que la medida es injusta y arbitraria. El bloguero también dijo que esta decisión avergonzará a Brasil a nivel internacional.

Eustaquio está en el punto de mira de las investigaciones denunciadas por el ministro desde los primeros avances en la causa sobre agresiones a miembros del STF y amenazas antidemocráticas.

En un reportaje que le hizo el diario El País el brasileño Carlos Antonio Silva contó que hoy vende panificados en la ciudad de La Plata, en Argentina. No ve a su familia desde que se fugó de su país, en febrero, cuando el máximo tribunal lo condenó a 16 años de cárcel en un juicio virtual por el asalto al Palacio del Planalto, la sede presidencial.

Es uno de los bolsonaristas que cortó su tobillera electrónica y huyó del país. Entró a la Argentina el 18 de marzo: “Yo no hice nada, ni siquiera rompí un palillo”, asegura. Según el informe de El País, fue declarado culpable de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño cualificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada”.


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