El proyecto comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha; de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, y de Salud, presidida por Pablo Yedlin, todos diputados oficialistas, con la participación de los funcionarios nacionales.
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La primera en tomar la palabra fue Vilma Ibarra, una de las autoras del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, aseguró que «ninguna mujer está esperando que se apruebe el proyecto para abortar», remarcó que el Gobierno busca que el Estado «acompañe la maternidad», y se pronunció a favor de terminar «con el enorme negocio de los abortos clandestinos».
Ibarra destacó el hecho que el proyecto fue redactado en una «comisión interministerial», a partir de la decisión de «visiblizar el enorme problema que tenemos con los abortos clandestinos».
«No va a alcanzar solo con esta ley, sino que hay que reforzar la educación sexual integral y formar una política respecto a la prevención de la violencia de género y el abuso sexual», señaló la funcionaria, quien juzgó que fracasó «la política de penalizar a la mujer».
«Acá nadie puede promover el aborto: queremos disminuir la cantidad de abortos. Ninguna mujer está esperando que se sancione esta ley para abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar», enfatizó.
Ibarra consideró que la iniciativa «es un texto cuidado, que recoge consensos históricos, respetuosos de derechos, donde se regula la interrupción voluntaria y la atención posaborto».
La funcionaria resaltó, además, que la idea es «cumplir con los deberes» fijados en tratados internacionales y reclamados por organismos de todo el mundo. «Queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino», aseguró la funcionaria, tras precisar los detalles técnicos del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso el pasado 17 de noviembre.
«Cada persona podrá seguir viviendo y decidiendo según sus convicciones pero algo habrá cambiado: vamos a disminuir los embarazos no deseados, las muertes, evitado infecciones intrauterinas y muertes evitables», aseveró Ibarra.
A su turno, González García, remarcó que «el aborto como problema de salud pública es serio» y aseguró que con la legalización «se elimina una causa de muerte».
García puso de relieve que actualmente hay «1.100 o 1.200 abortos e internaciones en hospitales» diariamente debido al carácter clandestino de esta práctica, y mostró una serie de gráficos para apoyar su exposición ante la Cámara de Diputados.
Al respecto, señaló que «los egresos hospitalarios por abortos solo en el sector público de los que hay registro» hasta 2017 están en el orden de los 44 mil pero «están descendiendo y eso es por el uso del misoprostol».
En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reiteró que «la legalización de la práctica» del aborto «disminuye la mortalidad materna» y detalló algunas de las sanciones que se incorporan al Código Penal.
En este sentido, destacó que «se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas», referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.
Tras un breve receso, comenzaron a exponer de forma alternada 20 invitados a favor y en contra de la legalización del aborto, quienes tienen 7 minutos para expresar su posición sobre el proyecto enviado el pasado 17 de Noviembre a la Cámara baja.
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El primer invitado en exponer fue el padre José “Pepe” Di Paola, cura villero, quien marcó su postura en contra de la iniciativa y se preguntó: “¿Después de esto, cuál es el próximo paso, la eliminación de los ancianos?”.
“Ser progresista significa defender la vida y nada más. Señores diputados no se coloquen en el lugar de dios, gobiernen para los pobres”, sostuvo.
Luego le tocó el turno a la abogada y militante por el aborto legal, Nelly Minyersky, quien les dijo a los diputados y diputadas “que tienen la posibilidad de entrar en la historia porque estamos ampliando derechos. No obligamos a nadie, pero no queremos que nadie tampoco nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida».
«El embarazo no es sencillo, no es algo así nomás. Es un proceso con muchas implicancias. Decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético», agregó.
El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra, destacó que «el actual proyecto de ley, al permitir el aborto sin causa durante las primeras 14 semanas de embarazo, contradice el sistema integrado por el Código Civil, la Ley 26.061 y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución».
A su turno, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, indicó que «lo que resulta inaceptable en este debate, es transformar a la gestación, en una obligación o en una condena por tener sexo. Es considerarnos a las mujeres, un instrumento de la reproducción humana».
Los primeros expositores a favor de la interrupción voluntaria del embarazo serán el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan, y de la Mujer, Estela Díaz; la médica sanitarista Mabel Bianco, el extitular de Salud Adolfo Rubinstein y la ex legisladora Maria Storani.
También lo harán la exintendente de Rosario Mónica Fein, la médica Silvia Oizerovich y el doctor Mario Sebastiani.
Los oradores que disertarán en contra del proyecto son la abogada especializada en familia Úrsula Basset, el medico obstetra Ernesto Berutti y el pastor Osvaldo Carnival.
Además expondrán contra el proyecto la socióloga Maria Elena Critto, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, el médico Miguel Schiavone, el rabino Zalajen Fshel, y Martín Olivera.
Serla la primera jornada de las dos audiencias con invitados que expondrán en el plenario de las comisiones sobre el proyecto de legalización del aborto, ya que el jueves la reunión estará reservada a la discusión entre los legisladores mientras que el viernes se buscarán firmar los despachos.
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