El representante del Ministerio Público le había pedido a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar un mes atrás el registro completo de entradas y salidas a Casa Rosada y Olivos durante el año 2018, donde la investigación sitúa el eje de buena parte del funcionamiento de la mesa. Lejos de negar su existencia, de Macri para abajo todos los funcionarios involucrados que declararon hasta ahora admitieron que eran periódicas las reuniones de la denominada “Mesa Coordinación Justicia” pero cuyo único fin era monitorear la presentación de las ternas para ocupar juzgados vacantes y otros temas formales.
La explicación de los exfuncionarios no avanza sobre la presencia en ese ámbito de dirigentes no ligados al quehacer judicial como el extitular de la AFI Gustavo Arribas. Además, en los papeles con registros de entradas a la Casa de Gobierno que aportaron los denunciantes, figuran en los mismos días de las reuniones de la mesa judicial periodistas del diario La Nación como Carlos Pagni (1 de noviembre de 2018) o Pablo Sirvén (22 de mayo y 26 de julio), como pudo constatar Ámbito.
La causa arrancó a partir de una entrevista radial a la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien denunció que un funcionario la visitó apenas arrancó la gestión de Macri para reclamarle celeridad en el voto sobre el memorándum con Irán (luego en sede judicial lo identificó como Juan Bautista Mahíques) y sobre esa base partió una denuncia de diputados del oficialismo como Martín Soria (desde esta semana, ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Los legisladores fueron quienes primero mostraron los registros de ingresos a la Rosada donde aparece el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, con visitas a Macri en seis ocasiones.
La presentación de Clusellas busca frenar las pesquisas del fiscal sobre este punto, a pesar de que se trata de la mera anotación de audiencias que forman parte de información de acceso público. Según el exsecretario de Legal y Técnica, habilitar esos datos a Picardi podría facilitar una “excursión de pesca” como se conoce en la jerga judicial al pedido de pruebas y diligencias judiciales sin un direccionamiento claro y con el único objetivo de hallar indicios de algún delito indeterminado pero no delimitado en el objeto procesal de la investigación.
Además de Macri figuran como imputados en la causa su exjefe de Gabinete, Marcos Peña, los exministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Jorge Triaca (Trabajo), otros exfuncionarios como Clusellas, José Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías y Mahíques, así también como Arribas.
Tras la primera testimonial de la camarista Figueroa le siguieron otros jueces de alzada del fuero laboral como Luis Raffaghelli (declaró que Triaca visitó la Cámara al inicio de la gestión de Cambiemos para sugerirles a los magistrados “consensuar la doctrina” de sus fallos) y la del Civil Marcela Pérez Pardo, así como la jueza federal de San Martín Martina Forns. También fue llamado por el fiscal el camarista federal Eduardo Farah, tras su exposición ante senadores sobre presiones recibidas por sus fallos.
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