Ruta del Dinero K: El fiscal Marijuan volvió a plantear que no hay pruebas para acusar a Cristina Kirchner

El 9 de octubre y por segunda vez, el fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo en un dictamen que no hay elementos de prueba para sostener la imputación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En ese expediente, tras su reapertura por orden de la Cámara Federal porteña, la ex vicepresidenta se encuentra acusada por lavado de dinero. La causa se reabrió el año pasado, pero en el transcurso del 2024 hubo otra decisión que determinaba a seguir investigando el caso. La fiscalía insistió en la “falta de pruebas”.

“He realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa, y así la he expresado», escribió el representante del Ministerio Público Fiscal en un dictamen al que accedió Clarín.

La Cámara Federal de Apelaciones había revocado el sobreseimiento que Casanello (por pedido de Marijuan) había firmado a favor de Cristina Kirchner.

Después de aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, los jueces de la Sala II del tribunal aceptaron su reclamo: el rechazo frente al criterio de excluir a la vice del expediente. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -con la disidencia de su colega Eduardo Farah- ordenaron la reapertura de la investigación y que volverá a manos de Casanello.

Ante este escenario, el fiscal Marijuan volvió a intervenir. Al pronunciarse sobre el caso, reiteró su criterio: dijo que no hay elementos de prueba suficientes para incriminar a la ex presidenta y ex socia comercial de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares con su empresa Austral Construcciones, la misma que, según se estableció en el caso Vialidad, se vio beneficiada con 51 contratos viales adjudicados de forma irregular.

Fue en ese contexto que el fiscal Marijuan sostuvo que “la prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida» a Cristina, y que por eso el año pasado pidió su sobreseimiento. Un parecer «que mantengo en todos sus términos».

Esa opinión choca de frente con la orden de la Cámara. Cuando la Sala II resolvió la reapertura del expediente, el juez Llorens indicó que esta causa “jamás puede desligarse del quiebre inicial que supuso la fragmentación del análisis de los distintos procesos en los que se analizaron tramos de conducta que, a la luz de lo que podemos ver hoy, nunca debió ocurrir. Antes bien, funcionó para degradar una visión de conjunto que revelaba la magnitud de las maniobras”.

En otras palabras, señaló que tanto este caso “como los que se encuentran conectados a él aun cuando tramiten ante distintos tribunales -Vialidad, Hotesur, Los Sauces- sin ninguna duda orbitan alrededor de un común denominador”.

Los camaristas había rechazado el planteo inicial de Marijuan que condujo al juez Casanello a sobreseer a Cristina Kirchner, al señalar que su dictamen «aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”.

En su dura resolución, la Cámara consideró que el fiscal no realizó “una evaluación integral que exigía, por ejemplo, la incorporación de la prueba sostenida por su par del Ministerio Público en el alegato de la causa Vialidad, que informó acerca de numerosísimos elementos agregados en ésa y otras causas, que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner, sus negocios en común, los beneficios mutuos que esa relación tuvo, y podría llegar a seguir teniendo lo que sí resaltó la querella en su reclamo”.

Nada de esto fue ponderado por Marijuan, quien expresamente rechazó dicha recomendación: “Son todas pruebas que se tuvieron a la vista por este Ministerio Público y por todos los magistrados y que ahora se resaltan como trascendentes, pero no se consideraron ni se indicaron como determinantes para ordenar o avanzar en un procesamiento”.

Pese a que reconoce la relación entre Cristina, el expresidente Néstor Kirchner y el empresario Báez, el fiscal manifestó: “Existen probanzas que refuerzan ese vínculo, pero que no la ubican a la imputada Fernández en ningún tramo del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella”.

El fiscal de la causa Ruta del Dinero K tampoco coincidió con la aceptación de Bases Republicanas como parte querellante. “Sin que hasta el día de la fecha se pueda entender cuál es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso, y de esta manera generar una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes, ya que esa puerta que se abre podría multiplicarse sin límite por todas las personas que deseen participar de un proceso penal con la sola invocación de un agravio general e indirecto».

Hay que recordar que más allá de la enumeración de argumentos bajo los cuales el fiscal afirma no haber podido probar la participación de Cristina en «esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», Marijuan había sumado un inédito trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013 y el cruce de las mismas con las de Báez arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.

Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo con entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, «para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero». Nade de lo investigado, indica Marijuan, es suficiente para acusar a la ex vice.

Marijuan consideró que el accionar de la querella fue “oportunista” al entender que “durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información”, pero “con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso”.

Así, remarcó el representante del ministerio Público Fiscal, “entran por una ventana procesalmente inexistente, ponen en crisis una resolución dictada por el juez y varios meses después y sin ninguna otra intervención eficaz para el avance de esta investigación, creen recordar que ahora puede haber una nulidad. Vuelvo a preguntarme, entonces, como parte de este proceso y representante de la vindicta pública, si no será que lo nulo y de nulidad absoluta es todo lo que se le permite hacer a este pseudo querellante”.

El dictamen indicó que el 20 de marzo de 2019, los mismos jueces que ordenaron seguir investigando a la ex presidenta, mientras detentaba un cargo público como senadora de la Nación “decretó su falta de mérito valorando y teniendo amplio conocimiento, no sólo de esta causa en casi toda su extensión sino que también eran de conocimiento del Tribunal otros legajos que estaban en trámite (Hotesur, Vialidad y Cuadernos)”.

“Ni en aquella oportunidad, ni en estas últimas resoluciones la Cámara indica que haya mérito para disponer su procesamiento”, enfatizó.