El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ex funcionarios y dirigentes de ONG coincidieron en la importancia para cientos de miles de argentinos pobres de las obras en las villas de todo el país que se vienen llevando adelante en los últimos años en el marco del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la necesidad de que el Estado las siga financiando ante el severo ajuste que el Gobierno, a poco de asumir, le aplicó al presupuesto del programa.
Fue durante un coloquio realizado en el campus de Puerto Madero de la UCA, con motivo del sexto aniversario de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, sancionada con amplio consenso multipartidario en el que también expuso la ex secretaria de Integración Socio Urbana y referente de Argentina Humana durante el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño, muy cercana al dirigente social Juan Grabois; y el economista y ex secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Welisiejko,
Organizado por Cáritas y las ONG Fundar y TECHO, las exposiciones giraron en torno al tema “Políticas que trascienden, políticas que transforman”, con el objetivo de reflexionar acerca del impacto de la mencionada ley, una política que consideraron pionera en la región y que -destacaron- “permitió la ejecución de obras y la generación de empleo en cientos de barrios populares, mejorando significativamente las condiciones de vida de sus habitantes”.
García Cuerva destacó el impacto transformador de la ley en los barrios populares -cuya aplicación comenzó con un censo sobre la cantidad y dimensión de ellos en todo el país-, al afirmar que “por primera vez los más pobres comenzaron a sentarse a la misma mesa para discutir con políticos, referentes sociales, asociaciones civiles y la Iglesia. La política de integración socio urbana fue revolucionaria porque quiso cambiar una cultura y tender puentes”.
En cuanto a la presencia del Estado, el arzobispo dijo que “si se retira aparece el Estado narco; por experiencia lo digo porque en el barrio de La Cava (donde fue párroco cuando como sacerdote pertenecía a la diócesis de San Isidro) pasillo que dejábamos los catequistas lo agarraban los transas, que ejercen el poder de la violencia y, por tanto, el retraso de las obras genera la invasión del Estado narco que afecta a todos, incluso a los indiferentes”.
Por su parte, Carrió destacó la necesidad de que la integración socio urbana se convierta en una política de Estado el enorme crecimiento de la pobreza “Cualquiera sea el gobierno o la ideología, hemos profundizado la pobreza. No hay libertad sin el otro, y cuando hay libertad sin igualdad, es injusticia”, sostuvo y consideró que “la integración socio urbana debe ser parte de un acuerdo social más amplio».
Desde el análisis socio-económico, Welisiejko advirtió sobre las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento del FISU. “Argentina es el único país en América Latina que se ha empobrecido en los últimos 20 años”, dijo y opinó que “no defender la política de integración socio urbana es rendirse, y el escenario de desintegración social no le sirve a nadie”.
A su vez Miño destacó que la Ley 27.453 contó con el impulso de las organizaciones social y “fue producto de un consenso con un gobierno de diferente signo político, pero que mostró madurez y amplitud. Sin embargo, proyectos importantes –señaló- han quedado truncos por decisiones recientes, y cuando el estado se retira, avanza el narcotráfico”.
El director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, dijo que “estamos atravesando uno de los años más difíciles de los últimos 20 en Argentina. Hoy, uno de cada dos argentinos no llega a fin de mes y el 18% de la población no tiene lo necesario para comer”.
“Detrás de estas cifras hay millones de personas viviendo en barrios populares sin acceso a servicios básicos”, afirmó y consideró que •esta política concreta, que trascendió en dos gobiernos, debe volver a visibilizarse para que toda la sociedad se movilice en torno a ella».
La directora de Integración Socio-productiva de Fundar y ex ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, dijo que la política de integración social urbana que se desarrolló a partir de la ley “demuestra que es posible construir de otra manera”.
Destacó que “hace seis años, la confianza que tenemos hoy entre nosotros era inimaginable, pero una causa común, la integración socio urbana nos unió. Ahora, añadió, debemos inspirarnos en esta experiencia para abordar otras causas pendientes en Argentina, como la economía, el crecimiento y la integración de los trabajadores de la economía popular”.
Los organizaciones subrayaron que la Ley 27.453 de «Régimen de Regularización Dominial» estableció un marco legal y creó el FISU posibilitó más de 1.270 obras, beneficiando a más de 1,3 millones de personas, incluyendo a más de 250.000 mujeres que mejoraron sus hogares a través del programa «Mi Pieza».
En febrero pasado, el decreto 193/2024 redujo los fondos del Impuesto País destinados al FISU, pasando del 9% al 0,3%. “Este retroceso compromete no solo los logros alcanzados, sino también el futuro de comunidades que dependen de la implementación efectiva de la ley”, advirtieron.
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