El envío de pliegos a la Legislatura de Santa Fe para ocupar los tres cargos de la flamante Cámara de Ejecución Penal, que atiende trámites de condenados en las complicadas prisiones provinciales, tiene a la política provincial atrancada en una polémica fervorosa. Maximiliano Pullaro impulsó a tres postulantes que garantizan el perfil de magistrados que busca para un lugar muy sensible. La discordia es que los tres, aunque aprobaron el concurso, quedaron muy abajo en el orden de mérito propuesto por los examinadores. ¿Se está construyendo el gobernador un fuero a medida a fuerza de dedazos? ¿Tiene derecho a hacerlo, como lo dice sin disimulo, para garantizar el orden en unas cárceles que fueron el motor de una violencia desbocada en Rosario?
El encontronazo se da tras la decisión del gobernador de proponer los pliegos de tres postulantes que en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura fueron propuestos en los lugares 8°, 9° y 12°. Son Valeria Haurigot (fiscal en Rosario), Horacio Pueyrredón (fiscal en Venado Tuerto) y Mario Guedes (defensor público). Los dos primeros reprobaron el examen inicial con un dictamen adverso. Ambos apelaron ante el tribunal por considerar infundada la calificación y el propio cuerpo revisó su criterio rápidamente y los aprobó tras valorar positivamente la entrevista personal.
En los ámbitos que siguen estos asuntos la crítica fue estruendosa. Una muy reiterada es que para esto terminen con los concursos, que cuestan tiempo de preparación y costos de recursos, y vuelvan a una época célebre del retorno democrático en Santa Fe, cuando un famoso bufete jurídico, el Estudio Cerrutti, cerraba con el gobernador peronista José María Vernet los nombres de los jueces en una acción política pura. Eso terminó cuando en 1990 el gobierno del también justicialista Víctor Reviglio quedó en crisis bajo pedidos de jury a siete jueces próximos a su antecesor por un escándalo con vehículos en custodia.
Forzado por el escándalo, para entonces Reviglio instauró el Consejo de la Magistratura e impuso una autolimitación al Ejecutivo en la designación de jueces. Un mecanismo que fue en parte limitando la arbitrariedad con el tiempo pero que en Santa Fe aún demanda regulación constitucional.
Al gobierno provincial le parece extemporánea esa crítica. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia que encabeza Pablo Cococcioni afirman que los concursos son importantes porque fijan mediante un jurado un piso técnico de aptitud. Pero que a partir de ahí tiene que ser el Poder Ejecutivo el que en base a un criterio normativo vigente elija el perfil del candidato. Acá la novedad pasa por lo que se admite frontalmente: elegir al más afín ideológicamente sin importar orden de mérito. Por eso acaban de corregir los criterios para agrupar a los postulantes en el Consejo de la Magistratura. No importará ya una escala de mérito de los jurados sino que todos los aspirantes que aprueben, en lo venidero, se consignarán por orden alfabético, lo que elimina un listado jerárquico por desempeño.
Marcos Corach, diputado provincial del PJ y ex ministro de Gestión Pública de Omar Perotti, cuestiona muy fuerte a Pullaro. «Quieren imponer jueces con el escritorio, como se dice en el fútbol. Además del escritoriazo para salvar a sus candidatos reprobados, el gobierno provincial desestimó a quienes habían concursado de la mejor manera y habían quedado en los primeros lugares en el orden de mérito», dice. Corach impulsó una reunión este miércoles en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura Santafesina con Mariela Sarrías, que fue la primera en el orden elegido por los jurados, y que impugnó el envío de pliegos por haber sido excluida. Sus argumentos, según los presentes, tuvieron lógica.
«Las tres personas que se proponen fueron validadas por el propio tribunal examinador», replica Cococcioni. «Por una decisión del ejecutivo siguieron en carrera porque se evaluó que eran errores tratándose de una legislación nueva. Van a ser estas personas las que definan por primera vez cuál es la interpretación correcta a la cual los demás jueces se van a tener que atender».
Para el ministro de Seguridad y Justicia, «el jurado entendió que los tres postulantes superaron el umbral de idoneidad técnica. Luego queda en manos del Ejecutivo decidir quiénes son las más idóneas. El orden de mérito es una sugerencia del jurado. Por Constitución la designación de magistrados está en cabeza del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura».
El gobierno indica que está en desacuerdo con delegar la designación de magistrados a una decisión exclusivamente técnica, la de los jurados, porque definir quién debe ser juez es una decisión política. Algo que el mismo radicalismo, con Pullaro a la cabeza, cuestionaba cuando en gobiernos pasados no se respetaba el orden de mérito.
«Estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario. La Cámara de Ejecución Penal va a ser el órgano rector de la política penitenciaria. Queremos regular esto frente a decisiones judiciales del pasado que no nos han parecido adecuadas», le dijo Cococcioni a la periodista Ivana Fux. «Recuerden cuando algún juez o jueza nos declaró que no podíamos limitar a dos kilos el ingreso de mercadería (a cárceles), o que teníamos que mover a miembros de Los Monos al pabellón que ellos quisieran, o que teníamos que construirle un patio al padre de los líderes de Los Monos».
Acá es donde sin ambigüedades el oficialismo santafesino desnuda su intención de ubicar a camaristas con el perfil político escogido para garantizar la orientación de su gestión en las cárceles. «No queremos que tomen decisiones que afecten la política penitenciaria. No estamos pidiendo jueces que compartan con nosotros los lineamientos políticos. Sí que respeten las políticas penitenciarias que tienen un gran consenso legislativo», dice su ministro de Seguridad y Justicia.
Este planteo es el que incluso juristas cercanos al gobierno dicen que se les volverá en contra. Estos indican que la gestión de Pullaro va a estar por cuatro años pero designa jueces que tendrán mandato vitalicio. No se puede ubicar a un juez por favoritismo político cuando el gobierno será a plazo breve reemplazado por otro. Aducen que con el mismo criterio esgrimido mañana puede gobernar alguien que elija ser legalmente tolerante con los agresores sexuales o con los implicados en la represión ilegal. Como principio es muy desaconsejable, dicen, y se volverá en contra de los que hoy defienden.
No obstante el gobierno de Pullaro ampara a cara limpia prácticas que casi todos los gobiernos hicieron sin pregonarlo, a excepción del de Hermes Binner, que siempre postuló como jueces a los que el cuerpo examinador ubicó primero en el escalón de mérito. Esa defensa es explícita. «Los jueces tienen que controlar los derechos y garantías de las personas. Pero no decirle al Ejecutivo cómo gobernar, dónde hacer las cárceles y qué hacer en ellas. Que tengan la prudencia de desempeñarse como jueces respetando políticas penitenciarias fijadas», cierra Cococcioni.
Desde el justicialismo Corach le replica con irónico desacuerdo. «El oficialismo guardará en el cajón de los recuerdos su vieja retórica sobre el respeto a las instituciones y la división de poderes para ubicar en un lugar sensible a gente que no demostró la mejor capacidad técnica pero está alineada con la política oficial».
A Corach desde el oficialismo actual le piden que no se ruborice demasiado. Le recuerdan que en el concurso para fiscales regionales y general de Santa Fe hace dos años uno de los jurados tenía el domicilio del estudio jurídico del secretario de Justicia de Perotti. Y que en ese concurso al menos seis jurados de prestigio renunciaron en masa al advertir desprolijidades.
La entrevista
Este miércoles los candidatos a camaristas pasaron por la Legislatura para la entrevista, donde Haurigot según los presentes demostró una solvencia notoria y Pueyrredón una no menos llamativa fragilidad. Todos esperaban para hoy a las 13 la decisión de la Asamblea Legislativa pero fue suspendida hasta la semana próxima. Si no lograra sesionar por falta de quorum los pliegos quedarán aprobados de manera ficta.
Con la cita aplazada el diputado Corach reinstaló su crítica y metió el dedo en una llaga de los socialistas aliados de Pullaro. «Se suspendió la Asamblea Legislativa que iba a designar como jueces a candidatos que fueron bochados en el examen de ingreso. Una vez más seamos claros: los candidatos del gobernador no son aptos para ser jueces. Sus designaciones quedarán manchadas para siempre por haber retorcido el reglamento que creó Miguel Lifschitz para dar transparencia a los concursos».
El oficialismo tiene la mayoría necesaria en la Asamblea. Pero los socialistas, que son la principal bancada en Diputados, sufren con la decisión de Pullaro. En especial cuando Binner, su principal blasón partidario, fue renuente a promover a ningún candidato que no hubiera obtenido las mejores puntuaciones en sus concursos.
Lo que está en cuestión son los niveles de discrecionalidad. También existen baldosas flojas en el nivel de lo técnico. Hoy los evaluadores del Colegio de Magistrados, de Colegios de Abogados y universidades juegan a sus favoritos y deslizan nombres hacia arriba o abajo en el marco muchas veces de concursos muy parejos. Los mismos métodos evaluativos en Santa Fe mantienen, más allá de las rutinas, sus penumbras. No es solo la idoneidad, la capacitación, los antecedentes verificados en un concurso transparente los que se imponen. En el plano técnico o político, siempre hay política.
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