La Rioja: jueces bajo sospecha, vecinos desesperados y un compartido reclamo de Justicia

“Los jueces aquí son como dioses. No los ves, no sabés nada, vivís esperando”, dice Juan Carlos en la plaza principal de La Rioja, frente al Tribunal Superior de Justicia. Este hombre sencillo, de frases cortas, gorro de lana y manos curtidas por el clima, está agitado. Llega con una bolsa de papeles, la abre y saca una carátula que dice: Juez: Dra. Abate de Mazzucchelli, Norma. Fecha de ingreso: 10/10/2019 Materia: Prescripción adquisitiva (un juicio para adquirir una propiedad). El hombre le habla al equipo de Telenoche Investiga que la noche previa puso al aire una cámara oculta donde se ve a la jueza pidiendo dinero para reactivar una causa.

“Mi caso también es de la Mazzucchelli”, se lamenta otro señor, que llega a la misma plaza, por el mismo tema, con otra carpeta. Flaco, humilde, parece cansado. Se llama Carlos Alberto, fue penitenciario raso y sueña con cobrar del Estado una vieja indemnización. Su carátula dice Daños y perjuicios y su carpeta rebalsa de escritos donde su abogado denuncia “retardo de justicia” y le pide a la jueza acceder a la causa, sin éxito.

Las demoras, los presuntos “atropellos y antojos” de Norma Mazzucchelli se habían denunciado en 2020. En un escrito duro y lleno de ejemplos, la abogada Karina Brizuela pidió a la Corte riojana que tomara medidas ante las aparentes arbitrariedades que implicaba litigar con esta jueza. Hoy, con una cámara oculta sobre la mesa, más de uno sospecha que su parsimonia escondía un sistema: “dormir” causas, bloquear el trabajo de los abogados, dejarlos mal parados y luego negociar de jueza a cliente. Es lo que intentó con Manuela Saavedra, la administradora de una sucesión que estaba paralizada sin motivo aparente.

De 78 años, jueza hace 30, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la capital riojana, dueña de varios pergaminos y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina hasta hace unos días, Mazzucchelli quedó filmada pidiendo dinero.

Sentada en su despacho, flanqueada por un crucifijo, se la oye razonar que merece un “reconocimiento” porque trabajó más que los abogados de esa sucesión, pese a ganar muy mal. “Tenemos sueldos de mierda, no llegamos al millón de pesos”, dice, y pide $8.000.000. Estima la tarifa según los honorarios que regularía para los letrados. Pero esto no es todo: después de pedir la coima, Mazzucchelli va a la librería que tiene Manuela Saavedra en el microcentro riojano y la presiona con el dinero, más de una vez.

Manuela contó todo en la tele y sacudió a su provincia: llovieron comunicados del Gobierno, se activaron varios resortes institucionales, y de golpe una jueza de carrera que recaudaba sentada sobre un expediente fue imputada por concusión, empujada a un juicio político y apartada de la asociación de magistradas que fundó Carmen Argibay. Todo en una semana. “La gente me felicita en la librería, por la calle, ¡en la confitería se acercan a saludarme!”, dice la mujer que filmó a una jueza en la tierra donde los jueces son dioses, y se convirtió en una influencer anticorrupción.

Es que detrás de ella, como si se hubiera abierto una compuerta, decenas de lugareños corrieron a buscar los micrófonos porteños que cubrían el caso en la ciudad. De a uno, como Juan Carlos y Carlos Alberto, o en grupos, aparecieron en la plaza o al hotel con carpetas bajo el brazo, dispuestos a correrles la cortina a los funcionarios que intervienen en sus conflictos, y que se sepa en Buenos Aires. En ese frenesí, las acusaciones por corrupción se entreveran con quejas por procesos eternos y arbitrariedades varias.

Algunos de ellos son abogados, como David Calipo, que se acercó desde Chilecito para exponer que en esa ciudad del interior “también hay manzanas podridas”. Se refiere a una jueza de instrucción con 17 denuncias por mal desempeño en sus funciones y dos denuncias penales por pedir dinero, por quedarse con dinero de honorarios y por hacer desaparecer expedientes. Calipo la denunció ante el Consejo de la Magistratura. En ese mismo pueblo, la secretaria de un juzgado está procesada por tráfico de influencias: el ex empleado de un autoservicio la acusó de ofrecerle influir en su favor si motorizaba un juicio laboral.

Otro abogado se acerca a exponer que una jueza civil tiene 28 denuncias por maltrato y una jueza de menores tiene cinco. Este hombre litiga hace 23 años, pero vive de un puesto estatal, que teme perder si se publica su nombre. Y advierte: “Mientras lo de Mazzucchelli ocupe la pantalla, el poder político hará jurar como jueza a una ex funcionariaa que no reúne las condiciones y tiene tres denuncias penales”. Tiene razón.

El efecto Mazzuchelli es una caja de Pandora. Varias de las denuncias hablan de expedientes que “desaparecen”, jueces que no regulan honorarios y causas que no consiguen juez. María Cordero Robles busca justicia por un hermano atropellado a la salida de un boliche en 2015 y dice que ya pasaron 17 jueces en nueve años por esta causa, porque “el acusado tiene contactos” y los jueces se corren. La mujer tuvo que salir a juntar firmas con el eslogan un juez para Charly.

En este desorden de lugareños con carpetas que piden micrófono, varios quieren ventilar supuestas irregularidades en expedientes de herencias, filiaciones, demandas de alimentos, divorcios, secuestros de autos en controles camineros, expropiaciones, usurpaciones. Las historias son todas distintas, pero comparten algo: la primera conjetura de esta gente –y no la última– es que si su causa está dormida es porque “alguien puso plata”, o “alguien quiere plata».

El último de estos riojanos espera tres días para ser escuchado en un café. El suyo es un conflicto de tierras. Le tiemblan las manos y los labios. Muestra fotocopias de escrituras, planos, leyes y fotos. En una de ellas hay un auto baleado y en otra, gente muy lastimada. “Esto te pasa acá si querés defender tu propiedad privada”, dice.

La justicia que habitaba Mazzucchelli está en emergencia económica, financiera y administrativa, al punto de que en ciertas oficinas no hay ni papel; un verdadero drama en una jurisdicción adonde no llegó el expediente digital. Además, hay pocos concursos, muchos jueces “transitorios” y tienen los peores sueldos del país. En la Ciudad de Buenos Aires un juez de cámara con 20 años de antigüedad hoy gana $5.428.297, mientras en La Rioja cobra $1.001.262, último puesto del ranking por provincias de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial. Lo mismo cobran los fiscales.

Todo parece precario, engorroso, opresivo. Jazmín Sarquís, presidenta del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, cuenta que a fin de 2023 hicieron una protesta simbólica en el Tribunal Superior de Justicia. Tapizaron las escalinatas con escritos de “pronto despacho” e “insta trámite” reales, presentados ante distintos jueces, donde se leía “23 meses de mora”; “seguimos a la espera de la firma de los oficios”; “al demorarse tantos meses lo requerido…”; o “sin que haya movimiento en el expediente”. La Policía les pidió documentos y les sacó fotos.

Cuando se publicó la cámara oculta, el gobernador Ricardo Quintela tuiteó: “La jueza apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación (…). Las y los riojanos merecen una Justicia transparente”. En tiempo récord, la Legislatura sesionó para entregarla al jury.

Sin embargo, en el Consejo de la Magistratura –donde el gobernador tiene llegada directa–, nada detuvo el juramento de Cecilia Córdoba, que ya ocupa el Juzgado de Instrucción N° 1. La controversia en torno a su desembarco es por los requisitos para el cargo, por el proceso de designación y porque tiene varias denuncias penales. Irónicamente, hoy es la jueza que investiga a Mazzuchelli.

La “semana Mazzuchelli”, incómoda por demás para un gobierno que está muy encima de los asuntos judiciales, terminó con un accidente de tránsito. Ese domingo, cuando empezaba a bajar la espuma del caso, Quintela al volante de una camioneta chocó a dos jóvenes que iban en moto por la llamada Rotonda del Chacho. Los motociclistas están bien y el gobernador también, pero en el ambiente quedó un halo de desconfianza. Porque el episodio quedó plasmado en una gacetilla oficial y en un parte policial, pero estos relatos chocan de frente, son bien distintos entre si.