Pagos presuntamente irregulares por 600 millones de pesos por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación a favor de una Asociación Civil, se convirtieron en el eje de una nueva denuncia penal que formuló la cartera de Capital Humano ante la justicia federal. Los hechos denunciados apuntan contra trece funcionarios y empleados de la gestión de Mauricio Macri, ya que los fondos se otorgaron entre 2017 y 2019.
La Subsecretaría Legal de Capital Humano denunció un mecanismo “que no se ajustaba a la normativa que debió haber llevado adelante el ministerio de Trabajo de la Nación, entre los meses de marzo y diciembre de 2017”. El período corresponde a la gestión de Cambiemos.
Se trata de un convenio marco y quince convenios específicos de “cooperación y asistencia técnica” con la asociación civil denominada Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT).
La denuncia, a la que accedió Clarín, sostiene que tras una auditoría interna se expusieron “irregularidades en el Ministerio de Trabajo que fueron detectadas por el equipo encabezado por la abogada Leila Gianni gracias al aporte de un empleado ‘arrepentido’ de dicho ex Ministerio que apuntó a trece funcionarios y empleados como partícipes en una añeja asociación ilícita enquistada en el organismo para hacer negocios millonarios a costa del Estado”.
El Convenio Marco que está bajo análisis, tenía la finalidad de llevar adelante acciones “tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter general en un marco institucional para lograr la realización de actividades de cooperación y beneficio de ambos entes”.
Ese primer gran convenio firmado entre la Asociación CEDYAT y el Estado -siempre a través de la cartera de Trabajo-, derivó en varios convenios específicos con múltiples y variados objetos.
Desde Capital Humano señalaron que la asociación involucrada “parecía un polirrubro capaz de abarcar todas las especialidades”.
Por ejemplo, se contrataba a través de CEDYAT el “desarrollo de un sistema de software, aplicaciones y aplicativos tecnológicos para el desarrollo de aquellas actividades y programas de trabajo en donde se diseñara un programa integral, conforme a las necesidades específicas del Ministerio”; la “asistencia y abastecimientos de servicios de video filmación aérea y equipamiento necesario para llevar a cabo un operativo de fiscalización en la provincia de Mendoza”.
También, figura en esos convenios específicos, la contratación para el “desarrollo de una aplicación para automatizar el tablero de control y seguimiento del ministerio para la toma de decisión respecto de grandes líneas de acción de las distintas áreas”; o la “adquisición de una unidad móvil de apoyo tecnológico necesaria para llevar a cabo los operativos de fiscalización conforme a las necesidades específicas del Ministerio”, entre otras cosas que también incluyeron el armado de un supuesto centro de monitoreo o videofilmaciones con cámaras y drones.
Otro ejemplo de la multiplicidad de tareas que ofrecía la ONG, especifica la denuncia penal, es el convenio fechado en septiembre de 2017. El mismo por más de dos millones de pesos se contrató a CEDYT para que elabore un diagnóstico conjunto “sobre el estado de situación de biblioteca, mesa de entradas, centro de orientación al ciudadano, y control de acceso con el fin de acordar un plan integral para la mejora de la atención al ciudadano”.
Son tan sólo algunos de todos los convenios que se firmaron bajo la gestión de Cambiemos, comprometiendo partidas de fondos públicos y que ahora están cuestionado en función de la denuncia penal formulada.
En el texto judicializado se consignó que los contratos suscritos con la ONG se hicieron “sin ningún tipo de licitación, muchos de los cuales excedían los montos que permitirían una contratación directa”.
Además de ese cuestionamiento, se planteó que en la mayoría de esos convenios se argumentaban con un objeto amplio, “sin determinación específica que realmente justificara el por qué de la contratación a través de la ONG que, en todos los casos, se quedaba con el diez por ciento de los montos acordados, en concepto de “gastos administrativos”, para en teoría, tercerizar a su vez un servicio que no le era propio.
En cuanto a la administración de caudales públicos, la denuncia expone que el Ministerio de Trabajo de la gestión de Macri, al momento de la firma de los convenios, “adelantaba entre un 40 y un 80 por ciento del monto total convenido, sin que se constatara la prestación del servicio contratado”.
“Se advierte sobre serias irregularidades, tanto en el destino de los fondos antes señalados, como en su rendición de cuentas, que permiten sospechar acerca de una posible malversación o administración infiel de aquellos fondos públicos”, expresa la denuncia.
Además de denunciar las supuestas maniobras en la justicia, se echó a los funcionarios y empleados implicados de la Secretaría de Trabajo y se “procedió a preservar la documentación que se encuentra bajo revisión y que aportarían data clave respecto del manejo discrecional de dineros públicos en perjuicio del Estado, incluyendo dinero proveniente de fuente internacional”.
Lo que cuestiona Capital Humano, la cartera que dirige Sandra Pettovello, es la cantidad de convenios que se suceden con escasos días de diferencia, como “los montos por los mismos, montos que nunca han sido cuestionados por el ex ministerio de trabajo, y fueron abonados al CEDYAT; incluso sin contra entrega, y sin constancia de contraprestación alguna”.
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