Una carpeta con listados de presencias en las marchas, un cuaderno cuyo lomo tiene una etiqueta con la leyenda “sanciones”, remitos de comida que entregaba el Estado nacional, son parte de una serie de documentos que analiza el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa que tiene bajo investigación a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales acusados de haber extorsionado a beneficiarios de planes sociales para que participen de marchas y manifestaciones públicas. Las sospechas radican en un posible manejo fraudulento de fondos públicos y el desvío del uso de cooperativas para otros fines que los que originaron su creación.

La causa que tramita en Comodoro Py arrancó con una presentación del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la cual se denunció la recepción de diversos llamados en la línea 134, “con el objeto de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de quienes, actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido coactivamente a los beneficiaros de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de “dar de baja el plan”.

Aquella presentación inicial daba cuenta de 924 casos que responderían a esta metodología que la justicia investiga bajo la sospecha de un accionar extorsivo: si no asistían a las movilizaciones convocadas, corrían riesgo de “perder los beneficios del Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales”.

La instrucción inicial del caso fue delegada en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. En el primer dictamen donde requirió allanamientos, detenciones y llamados a indagatoria, se hizo particular foco en 45 llamados sobre hechos que transcurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. En esa tarea se tomaron algunas declaraciones testimoniales que fueron dando forma a la acusación inicial.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Foto Guillermo Rodriguez Adami.Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Foto Guillermo Rodriguez Adami.

El primer mapeo de vínculos y responsabilidades buscó identificar a los dirigentes sociales, determinar el rol que cumplían en diversas organizaciones y los vínculos establecidos con los beneficiarios de planes sociales. Para tales fines, el juez Casanello ordenó -durante tres meses- la intervención de comunicaciones telefónicas que posibilitó establecer algo que los investigadores denominan en esta etapa, un “modus operandi”.

La imputación de la fiscalía apunta contra Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.

Lo que se les atribuye, es haber actuado en carácter de autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado.

Sobre todas las personas involucradas se había requerido por parte del fiscal Pollicita, la citación a declaración indagatoria. El juez Casanello entiende que debe robustecer aún más la imputación inicial y por ese motivo lleva adelante una instrucción suplementaria con más elementos de prueba para después, convocar a los acusados a dar explicaciones al juzgado.

Las descripciones consignadas en el dictamen respecto del funcionamiento interno de cada una de las organizaciones y distribución de roles “exhibían algunas fragilidades en el confronte con la prueba reunida ,así como también a la hora de identificar conductas concretas”, sostuvo el magistrado.

Bajo esta misma línea de análisis, Casanello señaló la necesidad de establecer “diferenciadamente los hechos singulares que revisten relevancia típica, y la atribución concreta a cada una de las personas, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio resultante, con indicación de las víctimas y de los elementos probatorios concretos que le den sustento”.

Por eso dio inicio a una instrucción suplementaria. La Cámara de Apelaciones le dio la razón en este punto al juez del caso, pero consideró que era relevante llevar adelante los allanamientos para poder hacerse de más pruebas y documentación que pueden contribuir a la investigación.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió 27 allanamientos pertenecientes a domicilios particulares de los acusados, como también a sedes de comedores populares: «Rivadavia I», «La Carbonilla», «Mariano Ferreyra», «Kuña Guapa» y «Caminos de Tiza». La medida alcanzó a depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas. vinculadas en la investigación.

Cuaderno secuestrados

Después de los operativos realizados este martes, el juzgado federal secuestró una importante cantidad de documentación como también de elementos electrónicos.

Según pudo saber Clarín, de fuentes judiciales, se encontró una carpeta en cuyo interior había listados de personas que concurrieron a diversas marchas y movilizaciones públicas. La denuncia inicial sostiene que los beneficiarios de planes y programas sociales, debían cumplir con una determinada cantidad de marchas a las cuales asistir, sino se las sancionaba de diversas formas. En caso de no cumplir, debían justificar de manera documentada por qué no habían ido.

No fue lo único. El juez Casanello analiza con su equipo, un cuaderno en cuyo lomo cuenta con una etiqueta que dice “sanciones”, con el detalle de personas que habrían sido sancionadas por no asistir a las marchas. La fiscalía determinó que había diversos tipos de “castigos”, desde multas, cuotas extras que se debían pagar, imposición de nuevas tareas, entre otros mecanismos.

Junto con esa documentación, se secuestró una importante cantidad de remitos de alimentos enviados por el Estado nacional. Este aspecto es relevante, porque parte de la acusación sostiene que si bien había comida que se recibía gratuitamente por parte del Poder Ejecutivo, algunas organizaciones sociales le vendían los alimentos a las personas que se acercaban a ciertos comedores, sacando así, un rédito económico indebido.

Al analizar todos los elementos de prueba como piezas de un mismo rompecabezas, los investigadores entienden que “todo iría corroborando la tesis inicial, si las personas que percibían un beneficio a través de un plan social, no cumplían con la exigencia de asistir a determinadas movilizaciones, corrían riesgo de perder dicha ayuda económica”, señaló a Clarín una fuente allegada la pesquisa.

Hay un aspecto que resulta importante para la investigación, y es que los elementos de pruebas reunidos hasta el momento, exponen que “no se trataba de excesos cometidos de forma individual por algunos referentes, sino que se estaría ante un modus operandi”. Esto es, algo más sistematizado pero que además, comprometió partidas importantes de dinero público.

La denuncia inicial refiere a una modalidad que consistía “en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligando a asistir a movilizaciones, como la del día 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de «dar de baja al Plan Potenciar», de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como «castigo», por no asistir a una movilización, el requerir el pago de aportes con periodicidad mensual para el mantenimiento de un subsidio”.

La ruta del dinero

Ante esa hipótesis de trabajo, la trazabilidad de los fondos de dinero que las organizaciones sociales manejaban, es un factor determinante. No se analiza un posible accionar coercitivo sobre beneficiarios de planes sociales y otras ayudas económicas proporcionadas por el Estado, sino que además, el juez Casanello busca determinar el móvil de este accionar: el dinero que se cobraba, los alimentos que se vendían, los fondos públicos que se percibían ¿terminaban en el patrimonio de alguien? Son preguntas que busca responder el juzgado y la fiscalía.

Para esta tarea el análisis se realiza sobre los intermediarios que eran quienes firmaban los convenios con el Estado, esto es: las cooperativas. Esa relación está normada y entre las exigencias se especifica que los dineros percibidos -por ejemplo- no podían aplicarse a fines políticos. “Si esto ocurrió se estaría ante una administración fraudulenta de fondos del Estado, una mala administración de intereses confiados”, señalaron fuentes judiciales.

¿Para qué se usaban las cooperativas? ¿Qué destino se le daban a los fondos públicos que las mismas recibían? ¿Iban, efectivamente, los fondos a los programas correspondientes?

Son tan sólo algunas de las preguntas iniciales formuladas en el expediente teniendo en cuenta que las maniobras denunciadas “tienen como centro la afectación de la percepción de planes de asistencia social que otorga el Estado Nacional para personas en estado de necesidad por la carencia de ingresos económicos”, consta en el expediente.

En función de este aspecto, la fiscalía a cargo de Pollicita pidió el allanamiento a las cooperativas comprometidas en la presunta maniobra delictiva. Sostuvo en su dictamen que se “desconoce el destino final del dinero” y en este punto se solicitó -y ordenó el magistrado- el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas involucradas, “a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, señala el dictamen.

Después de los allanamientos ordenados, el juez Casanello ordenó la inhibición general de bienes no sólo de las personas físicas imputadas, sino también de las cooperativas bajo análisis.

La estructura de la maniobra

En el dictamen acusador, investigación que ahora profundiza el juzgado, se determinó que al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, “se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos: “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, cobrarles por la entrega de alimentos.

Un detalle no menor es que los alimentos se recibían gratuitamente por parte del Gobierno Nacional, pero además, a algunos beneficiarios “los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”.

Estas exigencias se manifestaban “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”.

A su vez, determinó la fiscalía, se comprobó también que “para sostener la duración en el tiempo y garantizar el funcionamiento de esta actividad, se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia”.

La exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinados, según cada

“incumplimiento”—, eran parte de los mecanismos aplicados sobre las personas que ya atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, otra de las maniobras certificadas por el Ministerio Público Fiscal representado por Gerardo Pollicita, fue “la conformación de estructuras jerárquicas piramidales al interior de cada comedor, en cuyo estrato inferior se encuentran los integrantes de las “listas de espera” —personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de “movilizaciones” o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo—.

En esta modalidad, se colocaban los “beneficiarios comunes” —que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige su dinero y su asistencia a las “movilizaciones”—, en un escalón superior se hallan personas a las que se los anota como beneficiarios del doble de dicha prestación social, a cambio de exigirles —además del dinero y las “movilizaciones”— más tareas a determinar en cada caso —se los denomina “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”, según el caso.

Más arriba en la jerarquías, se colocaban a los “delegados” que “perciben a veces el doble, triple o cuádruple de dinero, transmiten las exigencias coactivas al resto, cobran las “cuotas” y dirigen los mecanismos de control y sanciones— y, en el estrato superior, se encuentran los “referentes” —que dirigen la actuación de los delegados, ejecutan por sí mismos o por terceros la intimidación a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las

“movilizaciones”.

También -en cuanto a las jerarquías estipuladas- se detectó que en el caso de la “Asociación Civil Polo Obrero”, se corroboró -dijo la fiscalía- “que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se individualizó a Jeremías Cantero —que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en esta ciudad e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas— y a Elizabeth del Carmen PALMA —quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social”.

Por fmluzucom

Deja una respuesta