Por FM LUZU 92,3 MHZ | Investigación
La inseguridad en La Matanza no admite una sola lectura. Los datos oficiales muestran que durante 2025 disminuyeron los robos, los hurtos y el número total de investigaciones penales iniciadas, pero al mismo tiempo el distrito continuó registrando la tasa de homicidios dolosos más alta de la Provincia de Buenos Aires. El dato surge del relevamiento realizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que permite observar con mayor precisión qué ocurrió con el delito en uno de los municipios más poblados del país.
Una investigación sin banderas políticas
Esta investigación no tiene como objetivo favorecer ni perjudicar a ningún espacio político, funcionario, gobierno o partido. No busca convertirse en una herramienta de confrontación partidaria ni en una acusación política.
El objetivo es mucho más sencillo: mostrar una realidad a partir de estadísticas oficiales y fuentes verificables.
En materia de seguridad, detrás de cada porcentaje, cada expediente y cada tasa existe una persona. Hay una víctima, una familia, un comerciante, un trabajador, un jubilado, un estudiante o un vecino que tuvo que atravesar una situación de violencia.
Por eso, esta investigación no pretende discutir quién gana una discusión política. Pretende poner sobre la mesa qué dicen los números, qué delitos se registraron, dónde aparecen los hechos más graves y qué preguntas siguen sin respuesta.
La estadística puede mostrar que determinados delitos disminuyeron. Eso debe ser reconocido.
Pero una reducción en determinados indicadores no significa que el problema de la inseguridad haya desaparecido. Mucho menos cuando el mismo distrito continúa exhibiendo indicadores particularmente graves en materia de homicidios dolosos.
La única bandera de esta investigación es la realidad que muestran los datos.
Y, en esa realidad, la única víctima que no puede ser utilizada como argumento político es el vecino de La Matanza.
Porque el vecino no vive dentro de una estadística. Vive en un barrio, camina por una calle, espera un colectivo, abre la puerta de su casa, vuelve del trabajo, lleva a sus hijos a la escuela y, cuando ocurre un delito, es quien queda directamente expuesto a sus consecuencias.
Por eso, los números deben servir para algo más que una discusión entre dirigentes: deben ayudar a entender qué está pasando y qué se puede hacer para que haya menos víctimas.
Lo que dicen los números
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires relevó durante 2025 los homicidios dolosos registrados en el territorio bonaerense.
En el caso de La Matanza, contabilizó 147 víctimas de homicidio doloso consumado, con una tasa de 8,02 homicidios cada 100.000 habitantes, la más elevada entre los departamentos judiciales de la Provincia.
El dato merece atención porque convive con otro indicador: durante el mismo período se produjo una reducción de distintas categorías de delitos contra la propiedad. Según las estadísticas comparativas de investigaciones penales preparatorias, en La Matanza se iniciaron 84.396 investigaciones penales durante 2025, frente a 95.910 durante 2024, lo que representa una disminución del 12%.
En el caso de los robos, las investigaciones pasaron de 21.630 a 19.483, mientras que los robos agravados por el uso de armas de fuego pasaron de 8.644 a 5.660. Los números, por lo tanto, no permiten construir una conclusión simple de que “todo está peor”. Pero tampoco permiten afirmar que el problema está resuelto. La realidad es más incómoda y, precisamente por eso, merece ser analizada.
El dato que más preocupa: los homicidios
La tasa de homicidios dolosos de La Matanza durante 2025 fue de 8,02 cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio provincial fue de 4,63. Es decir, la tasa registrada en La Matanza estuvo considerablemente por encima del promedio bonaerense.
Además, de las 138 investigaciones por homicidio doloso consumado analizadas en el distrito, 97 tuvieron como medio empleado un arma de fuego, equivalente aproximadamente al 70% de los casos. Esto introduce otro elemento central en el análisis de la inseguridad: la violencia armada.
Hablar de armas de fuego no significa afirmar que toda persona armada sea delincuente ni que el problema pueda explicarse exclusivamente por la existencia de armas. El propio relevamiento oficial muestra diferentes contextos y motivos detrás de los homicidios. Entre ellos aparecen conflictos interpersonales, violencia familiar, violencia de género, situaciones vinculadas con robos, conflictos relacionados con mercados de drogas y también investigaciones clasificadas en contexto de legítima defensa.
Menores involucrados en delitos: un dato que ahora adquiere otra dimensión
Hay otro dato que merece ser incorporado al análisis, especialmente a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Durante 2025, en las causas por homicidios dolosos registradas en la Provincia de Buenos Aires fueron imputados o sindicados 175 menores de edad. De ese total, 20 correspondieron a causas iniciadas en La Matanza. El dato no representa la totalidad de menores que participaron en delitos en el distrito, sino exclusivamente aquellos vinculados a investigaciones por homicidio, por lo que no debe extrapolarse como si fuera un número general de delincuencia juvenil.
La cuestión adquiere una nueva dimensión en 2026. La Ley Nacional 27.801, Régimen Penal Juvenil, establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito. La norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 875/2026, publicado en septiembre de este año.
Esto significa que la discusión sobre los menores y el delito ya no puede quedar solamente en el terreno de los debates políticos o de las declaraciones de funcionarios.
También debe analizarse qué ocurre en el territorio.
¿Cuántos menores son detenidos o aprehendidos por robos? ¿Cuántos tienen antecedentes? ¿Cuántos reinciden? ¿Cuántos participan en hechos violentos? ¿Cuántos son utilizados por organizaciones criminales? ¿Qué sucede después de la detención? ¿Qué medidas toman la Justicia y los organismos de protección de niños y adolescentes?
Son preguntas que requieren información oficial y que deberían poder ser respondidas con datos.
Porque si el objetivo es reducir el delito, conocer la edad de quienes participan en los hechos no debería servir para estigmatizar a todos los adolescentes, sino para identificar un problema concreto y actuar antes de que una carrera delictiva termine convirtiéndose en una tragedia.
La nueva legislación nacional establece ahora un marco específico para los adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos. Pero ninguna modificación legal, por sí sola, puede resolver el problema si no está acompañada por prevención, educación, contención, tratamiento de las adicciones cuando corresponda, seguimiento judicial y oportunidades reales de reinserción.
Y, fundamentalmente, por una política que permita detectar a tiempo a aquellos jóvenes que comienzan a involucrarse reiteradamente en hechos delictivos.
Porque detrás de cada menor que delinque también existe una historia que el Estado debería conocer.
Y detrás de cada víctima existe una familia que espera que el próximo delito pueda ser evitado.
Legítima defensa: un dato que también debe ser contado
Hay un punto que merece especial cuidado para evitar interpretaciones equivocadas.
El informe de la Procuración contempla entre sus categorías los homicidios ocurridos en contexto de legítima defensa. En La Matanza fueron identificadas 6 investigaciones dentro de esa categoría durante 2025.
Este dato no debe utilizarse para estigmatizar a quienes ejercen legítimamente su derecho de defensa. Tampoco permite afirmar, por sí solo, que exista una determinada cantidad de personas absueltas o definitivamente eximidas de responsabilidad penal, porque se trata de una clasificación estadística de investigaciones y no necesariamente de una sentencia judicial firme.
Y hay otra precisión importante: el informe publicado no cruza la categoría “legítima defensa” con el tipo de arma utilizada. Por lo tanto, no es posible afirmar cuántos de esos seis casos involucraron armas de fuego.
La diferencia entre una defensa legítima y un hecho criminal debe ser determinada en cada caso concreto por la Justicia.
Robos callejeros, celulares y entraderas: lo que las estadísticas no permiten ver
Uno de los problemas al analizar la inseguridad es que las estadísticas oficiales no siempre tienen el nivel de detalle que tiene la experiencia cotidiana de los vecinos.
Por ejemplo, los cuadros publicados por la Procuración bonaerense no discriminan el robo de teléfonos celulares en la vía pública como una categoría específica.
Esto no significa que esos hechos no sean registrados. Pueden quedar incluidos dentro de categorías generales de robo o robo agravado, dependiendo de las circunstancias.
El problema es que, con la información publicada, no es posible determinar cuántos de los 19.483 robos registrados en 2025 correspondieron a arrebatos de celulares, motochorros u otras modalidades de robo callejero.
Algo similar ocurre con las denominadas “entraderas”. No constituyen una categoría estadística específica en los cuadros generales de la Procuración. Pueden aparecer encuadradas dentro de diferentes tipos de robo, dependiendo de cómo fue denunciado e investigado cada hecho.
Por eso, para conocer con precisión la magnitud de estas modalidades sería necesario cruzar información de denuncias policiales, fiscalías y otras bases oficiales.
Cámaras, patrulleros y presencia policial: el mapa del delito como herramienta para prevenir
La Municipalidad de La Matanza comunica periódicamente la instalación de cámaras, el funcionamiento de centros de monitoreo y distintas políticas de prevención. Sin embargo, para evaluar realmente el impacto de esas medidas hace falta conocer cuántas cámaras existen, cuántas se encuentran efectivamente operativas, cuántos patrulleros están asignados al distrito, cuántos circulan diariamente y cómo se distribuyen esos recursos entre las distintas localidades.
La Municipalidad de La Matanza comunica periódicamente la instalación de cámaras, el funcionamiento de centros de monitoreo y distintas políticas de prevención.
Porque no es lo mismo anunciar una cámara que garantizar que esa cámara funcione. Tampoco es lo mismo contabilizar patrulleros asignados al distrito que conocer cuántos están efectivamente en la calle.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando se observa lo ocurrido en determinados sectores del municipio. Villa Luzuriaga llegó en distintos momentos a convertirse en eje de la atención de los medios nacionales a partir de una sucesión de hechos de inseguridad ocurridos con una cercanía geográfica llamativa: hechos separados por apenas metros o algunas cuadras. Cuando varios episodios se concentran en un mismo sector y en un período reducido, el reclamo de los vecinos deja de ser solamente una percepción individual y pasa a requerir una respuesta concreta de las autoridades.
En materia de seguridad existe además una división de responsabilidades que no debería perderse de vista. La conducción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires corresponde al Gobierno provincial y a su Ministerio de Seguridad. El municipio, por su parte, cuenta con herramientas propias de prevención y seguridad urbana, entre ellas cámaras, centros de monitoreo y otros dispositivos municipales. Ninguna de las dos estructuras, por separado, puede resolver por completo un problema de esta magnitud.
Por eso, más que una discusión política sobre quién tiene la culpa, el desafío debería ser cómo trabajan juntos el Estado provincial y el Municipio para anticiparse al delito.
La Policía Bonaerense debería reforzar la presencia en las zonas consideradas críticas a partir de información objetiva y de la evolución del mapa del delito. Si los datos muestran concentración de robos, entraderas, arrebatos, ataques con armas o hechos violentos en determinadas calles y barrios, allí deberían concentrarse los recursos preventivos.
Al mismo tiempo, el sistema de cámaras municipales debería fortalecerse y trabajar en concordancia con las fuerzas de seguridad y con la Justicia. Una cámara que detecta un hecho puede ser una herramienta de prevención, pero también puede aportar información fundamental para identificar a los responsables y reconstruir lo ocurrido.
La coordinación debería incluir también el intercambio de información, el seguimiento de las zonas con mayor cantidad de denuncias y una evaluación periódica de los resultados. El mapa del delito no debería servir solamente para elaborar estadísticas después de que el hecho ocurrió; debería utilizarse para decidir dónde colocar patrulleros, dónde reforzar recorridas y dónde instalar o ampliar sistemas de videovigilancia.
San Justo, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Laferrere, González Catán, Virrey del Pino, Ciudad Evita y Aldo Bonzi no necesariamente presentan la misma realidad delictiva. Por eso tampoco debería suponerse que todos necesitan exactamente el mismo despliegue de recursos.
Si una localidad concentra durante determinado período una cantidad inusual de robos o hechos violentos, la respuesta debería ser proporcional a esa realidad.
Y hay una cuestión que no debería olvidarse: del otro lado de las estadísticas están los vecinos.
Son ellos quienes caminan por esas calles, esperan el colectivo, llevan a sus hijos a la escuela, regresan de trabajar de noche y cierran la puerta de sus casas con la preocupación de que algo pueda suceder.
Son también ellos quienes concurren a votar.
Por eso, más allá de las discusiones partidarias, los gobiernos municipal y provincial tienen una responsabilidad concreta frente a la comunidad: utilizar los recursos disponibles para mejorar la seguridad de quienes viven en La Matanza.
El vecino no debería quedar atrapado en una discusión entre jurisdicciones. Si la seguridad depende de la coordinación entre Provincia y Municipio, esa coordinación debe funcionar precisamente donde más se necesita.
La pregunta, entonces, no es solamente cuántas cámaras se instalaron ni cuántos patrulleros fueron anunciados.
La pregunta es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más difícil de responder:
¿Cuántos recursos están efectivamente en la calle, dónde están y qué resultados están dando?
Esa es la información que los vecinos de La Matanza tienen derecho a conocer.
El interrogante que dejan los números
La discusión política suele reducir la seguridad a una pelea entre oficialismo y oposición. Funcionarios que se cruzan acusaciones y dirigentes que se enfrentan públicamente, muchas veces como perros a través del alambrado, mientras del otro lado queda el vecino, que tiene que convivir todos los días con las consecuencias de la inseguridad.
La estadística cuenta una historia bastante más compleja.
La Matanza redujo los robos y hurtos registrados durante 2025. También redujo el número total de investigaciones penales iniciadas. Pero, al mismo tiempo, continuó teniendo la tasa de homicidios dolosos más elevada de la Provincia de Buenos Aires. Además, las armas de fuego aparecen en aproximadamente el 70% de las investigaciones por homicidio doloso consumado.
Y detrás de cada número hay una persona.
Hay vecinos que sufren robos, amenazas, entraderas, arrebatos, robos de celulares, ataques en la vía pública y situaciones de violencia que no siempre quedan reflejadas con precisión en las estadísticas.
Hay familias que modifican sus horarios, dejan de caminar determinadas calles, miran permanentemente hacia atrás cuando regresan a sus casas y viven con el temor de convertirse en la próxima víctima.
También existen reclamos vecinales que hablan de zonas donde la presencia policial resulta insuficiente, de patrulleros que no aparecen cuando son necesarios y de lugares que los propios vecinos perciben como “zonas liberadas”.
Pero esta última expresión debe ser investigada y demostrada en cada caso: no alcanza con el reclamo o la percepción de un vecino para afirmar que una zona está efectivamente liberada.
La pregunta ya no es solamente cuántos delitos se cometen.
La pregunta es qué ocurre con los hechos más violentos, dónde se concentran, qué recursos existen para prevenirlos y qué sucede cuando esos recursos no llegan o no alcanzan.
Mientras la discusión política continúa de un lado y del otro del alambrado, el vecino no puede elegir de qué lado quedarse.
El vecino vive ahí. Y es quien queda expuesto cuando la seguridad falla.
Fuentes consultadas
- Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – Ministerio Público Fiscal: Informe de Relevamiento de Homicidios Dolosos – Año 2025.
- Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – Ministerio Público Fiscal: IPP Iniciadas por Bien Jurídico Protegido – Comparativo 2024-2025 – Departamento Judicial La Matanza.
- Ministerio de Seguridad de la Nación / Observatorio de Política Criminal – estadísticas nacionales de homicidios dolosos.
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Seguridad.
- Municipalidad de La Matanza – información institucional y comunicados oficiales sobre prevención, seguridad urbana y monitoreo.
[…] Las acciones de prevención se desarrollan en un distrito donde también se vienen abordando distintas problemáticas vinculadas con la seguridad y las condiciones de vida de la población. En este contexto, La Matanza mantiene una agenda de intervenciones territoriales que abarca diferentes áreas. […]