El Decreto 1334/2026 habilita el uso de la fuerza, incluido el derribo de aeronaves de origen externo declaradas hostiles, en zonas aéreas restringidas. La medida regirá entre el 8 y el 11 de noviembre y establece condiciones operativas específicas para la intervención militar.
El Gobierno nacional oficializó el Decreto 1334/2026, mediante el cual amplió temporalmente las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) en dos zonas de operaciones restringidas: TMA BAIRES y TMA CBA. La disposición fue firmada el 3 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de 2026.
La medida responde al operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. De acuerdo con los considerandos de la norma, la agenda comprenderá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con participación de autoridades nacionales y extranjeras y una importante concentración de personas.
El decreto amplía las disposiciones aprobadas originalmente por el Decreto 228/2016 y establece procedimientos para responder ante eventuales incursiones aéreas que puedan representar una amenaza contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos de valor estratégico.
El derribo de aeronaves hostiles como último recurso
El artículo 1° del Decreto 1334/2026 incorpora la Regla de Protección Aeroespacial N.º 004 (RPA 004), una disposición que contempla la posibilidad de que los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial recurran al uso de la fuerza para el derribo o la destrucción de vectores aéreos de origen externo que hayan sido previamente declarados hostiles. Se trata de una de las medidas de mayor alcance previstas en la norma, ya que habilita una respuesta militar frente a determinadas amenazas contra la población, los intereses vitales de la Nación o los objetivos estratégicos. Sin embargo, el decreto no establece una autorización automática para destruir cualquier aeronave que sea detectada sin identificación, que ingrese en una zona restringida o que desobedezca una instrucción de las autoridades aeronáuticas. Por el contrario, delimita las circunstancias en las que una situación puede ser considerada un acto hostil y fija una secuencia de procedimientos que deben cumplirse antes de llegar a esa instancia.
Las medidas de protección previstas para la visita apostólica también tienen consecuencias sobre la circulación terrestre en la Ciudad de Buenos Aires. En Palermo, el operativo contempla cortes progresivos y restricciones vehiculares en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se desarrollarán actividades multitudinarias. FM LUZU 92,3 MHZ publicó el cronograma de las restricciones y las zonas afectadas en su informe: Visita del papa León XIV: cortes de tránsito en Palermo.
Para que se configure un acto hostil debe existir un ataque armado o una amenaza inminente de utilización de la aeronave como arma contra la vida de las personas, los intereses vitales nacionales o los objetivos estratégicos. La norma exige que esa amenaza pueda establecerse a partir de indicios objetivos y de una evaluación de las circunstancias operativas, entre los que menciona el empleo de armamento o la persistencia de una trayectoria, altitud o velocidad que, aun después de las advertencias correspondientes, resulte compatible con la ejecución de un ataque. De esta manera, la calificación de una aeronave como hostil no depende exclusivamente de su comportamiento irregular o de la falta de respuesta a los controles, sino de la existencia de elementos que permitan confirmar una conducta agresiva o una amenaza concreta e inminente.
El Decreto 1334/2026 establece así un sistema escalonado de control del espacio aéreo, cuya aplicación dependerá de las condiciones operativas.
La responsabilidad de declarar la hostilidad recae en el Comandante Conjunto Aeroespacial, quien actúa como autoridad de ejecución del sistema. Una vez confirmado el acto hostil, deberá adoptar formalmente esa determinación, comunicarla de inmediato al ministro de Defensa y transmitirla a los medios que intervengan en el dispositivo de protección. Esta instancia resulta central dentro del procedimiento, porque establece una diferenciación entre la detección de una aeronave irregular, su seguimiento e interceptación y la decisión de considerarla una amenaza hostil. La declaración debe estar respaldada por la evaluación de los elementos disponibles y constituye el paso necesario para avanzar hacia la eventual aplicación de la RPA 004.
El decreto también establece que el empleo de la fuerza debe considerarse un recurso extremo, reservado para aquellos escenarios en los que las medidas previas no hayan permitido neutralizar la amenaza. Antes de llegar a esa instancia deben haberse cumplido los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y emisión de una orden de aterrizaje, junto con la correspondiente declaración de hostilidad y su comunicación a los medios intervinientes. A esas exigencias operativas se agregan dos condiciones institucionales: la aprobación del ministro de Defensa para aplicar la RPA 004 y la intervención de medios militares que se encuentren bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución. Por lo tanto, la decisión de recurrir al derribo no queda librada a la iniciativa individual de una aeronave interceptora ni a una reacción automática frente a una infracción del espacio aéreo, sino que debe responder a un procedimiento previamente establecido y contar con las autorizaciones previstas por la norma.
En el caso de las aeronaves civiles, el decreto introduce una protección adicional y establece que la aplicación de la RPA 004 queda limitada a situaciones de ataque armado o de amenaza inminente contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse por otros medios. La mera desobediencia a una instrucción o la entrada irregular en una zona restringida no constituyen, por sí solas, motivos suficientes para disponer su destrucción. En esos supuestos, la respuesta prevista contempla la interceptación y la orden de aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos correspondientes y con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de seguridad de la aviación civil.
El esquema definido por el Gobierno busca establecer una cadena de responsabilidades y controles antes de autorizar el uso de la fuerza. La identificación de la amenaza, la confirmación del acto hostil, la declaración formal de hostilidad y la aprobación ministerial conforman etapas diferenciadas dentro de un procedimiento que tiene como objetivo preservar la seguridad del espacio aéreo sin convertir una infracción aeronáutica en una respuesta militar automática. En ese marco, la RPA 004 introduce una capacidad de intervención excepcional para enfrentar amenazas externas de gravedad, pero su aplicación queda sujeta a las condiciones operativas, jurídicas y de autorización expresamente establecidas en el Decreto 1334/2026.
Documento oficial: Decreto 1334/2026
Para consultar el texto completo de la disposición, sus fundamentos y los ocho artículos que establecen las medidas de protección aeroespacial, FM LUZU 92,3 MHZ pone a disposición el documento publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Consultar el Decreto 1334/2026 – Reglas de Protección Aeroespacial (PDF)
El ministro de Defensa tendrá la facultad de aprobar la aplicación de la regla
Uno de los aspectos centrales del decreto es la delegación de autoridad para resolver una eventual aplicación de la RPA N.º 004.
La norma establece que el ministro de Defensa podrá aprobar el empleo de la fuerza, exclusivamente dentro de las zonas restringidas y durante el período de vigencia establecido. El presidente de la Nación conserva la facultad de intervenir directamente y asumir esa decisión en cualquier momento.
El decreto fundamenta esta delegación en la necesidad de responder en lapsos que pueden reducirse a pocos minutos, debido a la velocidad de los medios aéreos y a la proximidad de los objetivos que deben protegerse.
Qué sucede con las aeronaves civiles
La disposición establece un tratamiento específico para la aviación civil. En consonancia con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944, señala que los Estados deben abstenerse de utilizar armas contra aeronaves civiles en vuelo.
Documento oficial de ANAC
FM LUZU 92,3 MHZ pone a disposición el documento aeronáutico oficial con las disposiciones y restricciones establecidas para las operaciones aéreas durante la visita del papa León XIV.
Consultar el suplemento aeronáutico de ANAC (PDF)
En estos casos, la RPA N.º 004 solamente podrá aplicarse ante un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse por otros medios.
La simple desobediencia a las instrucciones impartidas no habilita el derribo de una aeronave civil. Frente a esa situación, el decreto dispone la interceptación y la orden de aterrizaje.
Este punto resulta relevante porque la norma distingue entre una aeronave que incumple instrucciones de control y otra que representa una amenaza concreta e inminente para la población.
Control militar y restricciones al tránsito aéreo
Los artículos 2° y 3° establecen la coordinación entre el Comando Conjunto Aeroespacial y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ambos organismos deberán articular las restricciones al tránsito aéreo en las zonas TMA BAIRES y TMA CBA.
Por su parte, el artículo 4° dispone que los medios aéreos que no cumplan las instrucciones de los controles correspondientes podrán ser interceptados y obligados a aterrizar en el lugar que determine la autoridad militar.
La norma establece tres niveles de control del espacio aéreo, cuya aplicación dependerá de las características de cada escenario y de la evaluación que realice la autoridad militar. El primero corresponde al control por coordinación, un mecanismo que permite mantener la articulación entre el Comando Conjunto Aeroespacial y los responsables de los servicios de navegación aérea. Ante la detección de una irregularidad, el comando comunica la situación y las medidas que deben adoptarse para preservar la seguridad de las operaciones. Dentro de este esquema, y siempre que las condiciones lo permitan, se podrá disponer el desvío del tránsito aéreo civil para evitar interferencias con las acciones de vigilancia y protección aeroespacial.
El segundo nivel es el control total bajo subordinación directa, una modalidad que supone un mayor grado de intervención militar sobre la administración del espacio aéreo. En este caso, los servicios civiles de tránsito aéreo continúan desarrollando sus funciones habituales, pero quedan subordinados a las directivas del Comando Conjunto Aeroespacial. Esto significa que las operaciones de navegación deberán ajustarse a las restricciones, instrucciones y medidas de seguridad que establezca la autoridad militar, que pasa a tener la conducción del dispositivo de control en función de las necesidades operativas identificadas.
El tercer nivel, denominado control total integral, está previsto para situaciones de mayor complejidad o incertidumbre, en las que la presencia simultánea de aeronaves civiles y medios militares pueda comprometer el desarrollo de las operaciones. Bajo esta modalidad, se contempla despejar el espacio aéreo bajo jurisdicción de las aeronaves civiles, de manera que los medios militares puedan actuar con exclusividad. Se trata del nivel de control más amplio de los tres previstos por la norma, ya que implica una subordinación integral de los servicios de tránsito aéreo a la autoridad militar y la adopción de medidas destinadas a garantizar un ámbito operativo libre de interferencias.
La determinación del nivel de control que corresponde aplicar no queda librada a una decisión administrativa de los organismos civiles, sino que es una atribución exclusiva del Comandante Conjunto Aeroespacial. Será esta autoridad la que, de acuerdo con la evolución de los acontecimientos, la gravedad de la situación y las condiciones operativas existentes, determine qué modalidad resulta necesaria para preservar la seguridad del espacio aéreo. De este modo, el decreto establece un sistema escalonado de intervención que permite pasar de la coordinación con los servicios civiles a un control militar más amplio cuando las circunstancias así lo exijan.
Una medida excepcional con vigencia limitada
El artículo 6° del Decreto 1334/2026 establece que las disposiciones tendrán una vigencia estrictamente limitada, comprendida entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. De esta manera, el Gobierno circunscribe la aplicación de las medidas extraordinarias al período previsto para la visita del papa León XIV y las actividades programadas en distintos puntos del país. Durante esos días, las autoridades aeronáuticas y militares deberán coordinar sus procedimientos para garantizar la protección del espacio aéreo en las zonas alcanzadas por las restricciones, de acuerdo con los niveles de control que determine la autoridad militar competente según la evolución de cada situación.
El alcance de la norma también establece una distinción jurídica relevante: la ampliación de las Reglas de Protección Aeroespacial se encuentra vinculada exclusivamente a las responsabilidades de la Defensa Nacional frente a amenazas de origen externo. Los considerandos del decreto aclaran que los acontecimientos que involucren aeronaves de origen interno continúan encuadrados en la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, cuyo régimen contempla condiciones específicas y excepcionales para la intervención de las Fuerzas Armadas en ese ámbito. Por lo tanto, la disposición no modifica de manera general las competencias de seguridad interior ni habilita una respuesta militar indiscriminada frente a cualquier incumplimiento de las normas de circulación aérea.
Con el Decreto 1334/2026, el Gobierno fijó un marco temporal de actuación para coordinar la defensa aeroespacial durante la visita apostólica.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del funcionario Diego César Santilli y del teniente general Carlos Alberto Presti, y dispone que los gastos derivados de su aplicación sean atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Defensa y a los organismos militares involucrados. Su implementación configura así un dispositivo temporal de protección aeroespacial que integra vigilancia, identificación de aeronaves, interceptación, coordinación entre autoridades civiles y militares y restricciones al tránsito aéreo cuando las circunstancias lo requieran. La posibilidad de recurrir al uso de la fuerza queda reservada para situaciones de amenaza hostil debidamente confirmada y sometida a las condiciones y autorizaciones expresamente previstas en la norma.
Edgardo P. García Meza
FM LUZU 92.3 MHz – Villa Luzuriaga