En la causa de espionaje ilegal, en la que finalmente no intervendrá Stornelli, están procesados los exjefes de la AFI del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de exespías, como así también exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, como su extitular Emiliano Blanco. Pero a este expediente ya conocido podría anexarse un capítulo inicial ya que el juez Sebastián Ramos pidió remitir a su colega Marcelo Martínez de Giorgi también el tramo por el frustrado atentado a José Luis Vila, un exfuncionario ligado a Defensa e Inteligencia que pudo haber sido perpetrado por integrantes de la banda de espías de la AFI. Esto representa un giro porque a pesar de que Ramos previno en el expediente considera que los hechos están concatenados por lo que se declaró incompetente para continuar investigando. Ocurrió apenas después de que el fiscal Guillermo Marijuan solicitara las conversaciones vía chat donde se mencionan los preparativos para dejar un paquete con una advertencia y una bomba en un domicilio que había sido de Vila, con el objetivo de intimidarlo. Allí se busca esclarecer la declaración de Sergio “Verdura” Rodríguez, un narcotraficante cuya declaración permitió llegar al inicio de la investigación en Lomas de Zamora.
La mayor parte de la investigación estuvo primero en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y, luego de su apartamiento, de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que intervinieron mientras el expediente se mantuvo en aquella jurisdicción.
En este expediente, que pasó a los tribunales de Comodoro Py luego de un fallo de Casación motivado por planteos de varios imputados exfuncionarios de Cambiemos, se investigan maniobras de espionaje político ilegal, como así también inteligencia ilícita desplegada sobre dirigentes sociales, periodistas, referentes territoriales y sindicalistas.
El cambio de fiscal se produjo luego de que el juez Martínez de Giorgi aceptara la semana pasada la excusación de Stornelli.
El magistrado consideró “atendible” el planteo que había hecho el propio Stornelli cuando sostuvo que algunos elementos de esta causa, como el producido del supuesto espionaje a personas privadas de la libertad, forman parte también de otra que lo tienen como querellante.
Cuando presentó su excusación, Stornelli solo sostuvo que le correspondía inhibirse de intervenir en el denominado “Legajo 9” de la causa de espionaje, que incluye las maniobras realizadas en el Penal de Ezeiza, pero su decisión tuvo efectos sobre todo el expediente.
Stornelli sostuvo que en ese legajo se ventilan “cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas oportunamente dispuestas sobre abonados del Complejo Penitenciario de Ezeiza” y que parte del producido de esas escuchas fue utilizado en una causa en la que él interviene como querellante, denominada “Puf”, que fue archivada y luego reabierta. Se trata de las conversaciones telefónicas de exfuncionarios kirchneristas detenidos en la carcel de Ezeiza que el propio Stornelli y la exdiputada Elisa Carrió dijeron haber recibido de forma anónima y utilizaron para denunciar un supuesto complot para apartar al fiscal de la denominada “causa de los cuadernos”.
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