Rodríguez Simón está con pedido de captura en la causa por el hostigamiento a los accionistas del Grupo Indalo, pero también quedó comprometida su situación en otro expediente en el que se investiga una mesa judicial que se habría dedicado a presionar a jueces de distintos fueros.
Esa causa está delegada en el fiscal Franco Picardi y semanas atrás declaró en calidad de testigo el fiscal Gabriel de Vedia, que estaba a cargo de la UFISES experta en Seguridad Social.
El fiscal de Vedia es primo hermano de Soledad de Vedia, ex esposa de Rodríguez Simón, y ratificó a la justicia sobre una reunión que en 2017 mantuvo con “Pepín” en la Casa Rosada. Este le dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa.
“Me dijo: Si me traes la renuncia de la Procuradora…”, ratificó De Vedia ante la justicia. Gil Carbó renunció en octubre en medio de presiones y de amenazas a sus hijas. En mayo de 2018, el Procurador interino Eduardo Casal lo sacó a De Vedia de la coordinación de la Unidad de Seguridad Social.
El caso de Gils Carbó no estaba incluido en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti, pero ahora la figura de Pepín fue introducida fuertemente por el fiscal De Vedia.
La declaración completa de De Vedia se mantiene en reserva para no afectar el curso de la investigación y ante las medidas que se puedan tomar.
Pero trascendió que De Vedia ratificó los dichos que había manifestado públicamente en una entrevista con la periodista Alejandra Dandan en el que habló sobre las presiones de Simón para lograr la renuncia de Gils Carbó.
El 8 de junio declara en la causa en calidad de testigo la propia Gils Carbó, y en la fiscalía de Picardi aguardan con expectativa esa declaración.
En la causa que tiene delegada Picardi están investigados el ex ministro de justicia Germán Garavano, el ex jefe de asesores José Torello, el exsecretario de Legal y Técnica del macrismo, Pablo Clusellas, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, el ex jefe de gabinete Marcos Peña y el mismo Mauricio Macri fue denunciado.
En una de las últimas medidas que trascendió del caso, Picardi pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, «los listados de ingresos y egresos de personas a la Quinta Presidencia de Olivos y a la Casa de Gobierno -Casa Rosada- durante la gestión presidencial que tuvo lugar entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019”.
El caso se inició por una denuncia de diputados del Frente de Todos que señalaron que había funcionarios del macrismo que operaban sobre los jueces.
En el expediente se sumaron declaraciones de jueces que dijeron haber sido presionados o haber recibido críticas o sugerencias por sus decisiones. Algunos sufrieron pedidos de juicio político.
Entre los que declararon están el juez Eduardo Farah, desplazado por el macrismo, la camarista de la Casación Ana María Figueroa, que dijo haber sido presionada por Juan Bautista Mahiques, actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires y la jueza federal Martina Forns, de San Martín, que falló contra los tarifazos. También varios jueces laborales a los que se les pidió “consesuar” fallos.
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