Con los plazos ya cumplidos desde el año pasado, el fiscal federal Ramiro González rechazó el pedido de nulidad que interpuso Alberto Fernández para tratar de cerrar la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. Ademas, le volvió a pedir al juez Daniel Rafecas que avance con el cierre de instrucción y envíe el caso a juicio.
Para González, la investigación llegó a su punto final y Alberto Fernández debe sentarse en el banquillo de los acusados. El año pasado ya había firmado el requerimiento de elevación a juicio oral para que el ex Presidente responda ante un Tribunal por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima su expareja durante más de una década.
Alberto Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Transita la cuenta regresiva para convertirse en el primer expresidente argentino que será juzgado por violencia de género.
Según consta en la causa judicial, que se activó luego de una revelación de Clarín, cuando era presidente de la Nación y en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández cometió delitos que se enmarcan en la violencia de género contra la entonces primera dama del país.
Las acusaciones en este expediente no se circunscriben sólo al período presidencial, sino que la ventana de tiempo contempla unos años previos a llegar a la Casa Rosada y también, meses posteriores a dejar el poder en diciembre de 2023.
La única víctima en esta investigación es Yañez, quien en agosto de 2024 decidió impulsar la acción penal contra el ex jefe de Estado, por las pruebas que la justicia tenía sobre posibles hechos de violencia. Los mismos dejaron de revestir el grado de sospecha para el juez Ercolini, quien terminó procesando a Fernández.
Con ese telón de fondo, la fiscalía a cargo de Ramiro González sostiene la acusación respecto a las coacciones que sufrió la ex primera dama para que no denunciara ante la justicia federal penal la violencia sufrida por parte del expresidente.
El cuadro de delitos que pesan sobre Fernández, corroborados en el procesamiento que firmó el juez federal Julián Ercolini y que la Cámara Federal porteña confirmó en abril del año pasado, constituyen tres delitos que concursados representan una pena de 3 a 18 años de prisión, entiende el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, Alberto Fernández jugó una carta más y pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y por ende, de todo el expediente. Esto ocurrió el año pasado, cuando por decisión de la Cámara Federal porteña, el expediente dejó de estar en manos del juez Ercolini y quedó radicada en el juzgado de su par, Daniel Rafecas.
Este lunes, el magistrado le corrió vista a la fiscalía para que opine sobre el planteo de nulidad del ex Presidente.
A través de un dictamen de 17 páginas al que accedió Clarín, el fiscal González rechazó el pedido de nulidad y formuló un explícito pedido al juez Rafecas para que se avance con el cierre de la instrucción y el envío del caso a juicio oral.
Rafecas fue propuesto para la magistratura por Fernández cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y durante su presidencia lo anunció como candidato a ser procurador general de la Nación, es decir jefe de todos los fiscales. Esa postulación nunca se trató en el Senado, pero fue otra muestra de la relación de confianza entre el expresidente y el juez que ahora debe decidir sobre él.
Consideró el representante del Ministerio Público Fiscal que la estrategia de la defensa de Fernández, de presentar nuevos fundamentos para recusar a Ercolini directamente en Casación “motivó la suspensión del incidente y, consecuentemente, demoró su resolución”, esto generó “una dilación del expediente”.
Cuando se confirmaron los procesamientos, la Cámara Federal ordenó que se cambie de juez para el último trámite de la investigación, que es elevarla al debate oral y público. Alberto Fernández utilizó el cambio de magistrado como argumento central para pedir que se anule todo lo actuado.
Por eso, dijo el fiscal González, “la pretensión de la defensa de declarar la nulidad de todos los actos procesales dictados por el juez Ercolini “aparece manifiestamente irrazonable y jurídicamente improcedente, pues la norma mencionada precisamente busca impedir la retrogradación indebida del proceso penal en supuestos como el presente, donde la recusación se formula -o se insiste- de manera tardía, una vez avanzado el trámite instructorio”.
Es decir, para el Ministerio Público, es extemporáneo pedir la nulidad cuando sólo resta el cierre de la instrucción. “Sobre todo, cuando la decisión de recusación versa más sobre la intención de generar tranquilidad en las partes, más que en identificar actos procesales que muestren parcialidad”.
Ahora resta la decisión del juez Daniel Rafecas y el próximo paso -en caso de rechazar la nulidad pedido por el ex presidente-, será la elevación a juicio previo a que la fiscalía firme el requerimiento de elevación al igual que la querella.
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