A favor de Javier Milei hay que señalar que él fue siempre absolutamente transparente sobre lo que pensaba acerca del cuidado del medio ambiente. Antes de llegar a la presidencia había lanzado frases como que «una empresa podía contaminar un río todo lo que quiera», mientras que hacía gala de la negación del calentamiento climático que caracteriza a toda la nueva derecha. Lo que está haciendo desde el Gobierno, entonces, es todo menos una sorpresa. Ahora, en plena temporada de incendios en la Patagonia -la peor racha de fuegos de los últimos 30 años- el oficialismo impulsará un cambio sensible a la Ley de Glaciares.
El Gobierno impulsa una reforma a la ley sancionada en 2010, y la tiene como una prioridad: incluyó este nuevo proyecto en las sesiones extraordinarias en el Congreso que durarán hasta el fines de febrero. El corazón de la propuesta es descentralizar el control de los glaciares: que los encargados de «verificar», tal como dice el proyecto, cuales de ellos deben protegerse no sea ya el Gobierno nacional sino cada provincia. De aprobarse, pasaran a ser los mandatarios provinciales los que decidirán qué hielos eternos -y las áreas que los rodean- pueden ahora explotarse.
Es un asunto más sensible. Argentina es uno de los países con más presencia de glaciares de todo el mundo -casi 17 mil cuerpos de hielo, en su mayoría situados en la Cordillera de los Andes-, pero que viene en franco retroceso: según el cálculo que hace el inventario Nacional de Glaciares -organismo del Estado nacional que de aprobarse la nueva ley vería seriamente afectadas sus atribuciones- en las últimas tres décadas los glaciares perdieron el 42% de su superficie. Es màs delicado aún cuando se entiende que los glaciares alimentan alrededor del 40% de las cuencas hídricas, agua que no sólo es central para millones de personas.
El otro costado de la reforma es político. El Gobierno quiere sacar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias y para eso necesitan votos de gobernadores amigables pero no propios. Por eso es que los mandatarios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan tienen a la Ley de Glaciares como moneda de cambio.
En el medio se cuela la geopolítica. El Gobierno envío a Washington al Canciller Pablo Quirno para participar de un encuentro mundial sobre el futuro de los «minerales crìticos». El evento, que tuvo como estrella al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, fue difundido por el oficialismo como una señal de que marchaban en el camino correcto, aunque muchos lo leyeron como una señal más de que el trumpismo podría tener un acceso privilegiado a los bienes del suelo argentino, La polémica recién arrancó.
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