El terreno, de unas cinco hectáreas, fue adquirido por un grupo inmobiliario para desarrollar un barrio privado.
En el lugar viven unas 60 familias, quienes construyeron edificaciones de ladrillos, a diferencia de la toma de Guernica en la que sólo se habían levantado precarias casillas de lona y chapa.
La orden de desalojo fue dictada por el juez de Garantías número 3 de Escobar, Luciano Marino.
La semana pasada los vecinos del barrio en cuestión habían realizado protestas frente a la Municipalidad de Escobar y en la Panamericana ante la posibilidad del desalojo.