Llevan a juicio a la cúpula del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba por asociación ilícita, estafa y lavado de dinero

El Juzgado Federal N°1 de Córdoba resolvió enviar a juicio a altos dirigentes actuales y recientes del sindicato Luz y Fuerza provincial por asociación ilícita con el fin de defraudar al gremio por cifras exorbitantes, y de desviar y lavar esos fondos. Por la causa hay otros 18 imputados.

La elevación la dispuso Alejandro Sánchez Freytes, quien envió a juicio a Jorge Molina Herrera, actual pope de la delegación de Luz y Fuerza cordobesa, y al anterior mandamás, Gabriel Suárez, bajo la sospecha de haber comandado una asociación ilícita para desviar fondos del sindicato, y luego lavar el dinero corrompido.

También son acusados el ex secretario de Finanzas del gremio, Fernando Navarro; y el ex interventor de la obra social del gremio, Andrés Adolfo Chianalino; entre casi veinte integrantes del sindicato sospechados de otros roles en el esquema de defraudación.

La investigación que culminó con los llamados a juicio a los imputados se inició con una denuncia a finales de 2019 de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), como consecuencia de un informe presentado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que señalaba «movimientos financieros sospechosos» desde el año 2012 en las arcas del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.

En la causa, se pudieron establecer cuatro esquemas de defraudación al gremio por parte de altos mandos de su organigrama: la primera, mediante la emisión de cheques a favor del sindicato por parte de miembros de la conducción; la segunda, la firma de cheques para personas jurídicas que tenían vínculos con el sindicato; y una tercera, la firma de cheques a terceras personas, como ser empleados sindicales, personas sin actividad comercial declarada, o bien beneficiarios de planes sociales o jubilados. La cuarta modalidad se trata de un Fondo Compensador.

La acusación presentada por el juez Sánchez Freytes, de 149 páginas de extensión, sitúa a Suárez, Molina Herrera y Navarro como cabecillas de la asociación ilícita que sindica. Afirmó al respecto: «Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros«.

Otros de los acusados por el juez son: la hija de Molina Herrera, actual subsecretaria de Previsión Social del sindicato; Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer y Martín López. Sobre la mayoría de ellos se sospecha que son «partícipes no necesarios de la defraudación».

Según la investigación, Suárez, Molina Herrera y Navarro firmaban todos los cheques. Algunos estaban a nombre de Luz y Fuerza mismo, pero otros tantos eran cobrados por autorizados para tal fin.

Por ejemplo, Fidelbo, Galván y Guzmán, quienes al ser indagados aseguraron haber cumplido expresas órdenes de la cúpula gremial, o bien de Daniel Lozano, ex subsecretario de Finanzas. Luego, una vez cobrados, decían entregar el dinero a la cúpula sindical o a quienes ellos dispusieran. Sin embargo, Fidelbo, Galván y Guzmán fueros procesados por la Cámara Federal, que consideró que no podían tratarse de simples cadetes.

Aseguró el juez Sánchez Freytes, sobre el tridente Suárez-Molina Herrera-Navarro: «Se habrían valido de sus funciones para llevar a cabo innumerables operaciones bancarias de idéntica modalidad y reiteradas en el tiempo, en perjuicio de las arcas del sindicato y en beneficio propio y/o de terceros, mediante un burdo desvío de fondos de la asociación que encabezaban, perjudicando así los propios intereses de los trabajadores”.

La sospecha de los investigadores, tal como informó el diario La Voz del Interior, estribaron en las cifras «redondas» de los cheques en cuestión, el cobro de muchos de ellos en días determinados o con pocos días de diferencia, o bien por montos cuantiosos.

Ahora bien, ¿en cuánto se estima el desfalco de las arcas de Luz y Fuerza de Córdoba? La investigación no dejó trascender montos exactos, pero sí algunas operaciones que fueron examinadas y que acrecentaron las sospechas.

El Juzgado Federal N°1 de Córdoba, al frente de Sánchez Freytes pero también de su antecesor, Ricardo Bustos Fierro, puso el fono en el anterior mandamás de Luz y Fuerza, Molina Herrera. Se estimó que llegó a blanquear cifras millonarias desde hace más de una década en fichas de casino, tanto en territorio cordobés (Villa Carlos Paz, Río Ceballos o Villa María) como santafesino (Rosario).

En los pasillos de los tribunales federales (también investigó en la causa la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, bajo la instrucción del fiscal Gustavo Vidal Lascano), a Molina Herrera se lo conocía como un «lucky player», un suertudo, quien no contaba los pesos cuando de comprar fichas se trataba: en 2011, llegó a desembolsar casi 265 mil pesos; en 2012, más de 2,5 millones de pesos; entre 2013 y 2015, por casi 7 millones, y luego -con la denuncia avanzada-, otros 3.770.000 pesos.

Según determinó la investigación, Molina Herrera, un habitué de la ruleta, poco le importaba ir solo o acompañado al casino, pero tenía una rutina que cumplía. En la noches de juego cordobesa lo llamaban «San Molina»: en los videos de vigilancia de los casinos que fueron requisados, se observa a Molina Herrera colmando de fichas el paño de las mesas de ruleta, siempre rebosante.

Eso despertó las alarmas de los investigadores sobre cuál era origen de los fondos. Por lo pronto, en los ingresos declarados como empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) los números no daban.

Se lee en los expedientes la razón de por qué compraba fichas: el lavado. O como definió la Justicia: «Le permitía el posterior canje y respectivo cobro, como así también el retiro de las fichas del casino sin pasar por las ‘cajas públicas’ del lugar, lo que permitía poner el dinero producido de la actividad ilícita en circulación legal«.

A Suárez, el anterior jefe sindical de Luz y Fuerza, tampoco le daban los números declarados a la AFIP cuando se lo investigó por la compra de una propiedad inmobiliaria por 3,1 millones de pesos en 2018 (alrededor de 300 mil dólares), al fideicomiso La Carolina, de bienes raíces. Se dispusieron allanamientos para dar con la documentación de la transacción y se pudo constatar que Suárez era copropietario, y que la otra titular era una empleada de EPEC, Gabriela del Bosque.

Esta mujer fue investigada dado que en 2019 declaraba ingresos mensuales de casi 200 mil pesos (un salario de alguien que ostentaba un cargo), por lo que para el juez no se condecía con una erogación tal como la compra de un inmueble de más de 3 millones.

En cuanto al sindicalista, según las conclusiones para enjuiciarlo, tampoco le daban los números, pero entonces un ex fiscal general de Córdoba, Miguel Ángel Ortíz Pellegrini, salió al rescate: «Soy el propietario de ese inmueble y hoy se lo presto a Suárez, luego de que fracasó una operación de venta». Ahora, el juez Sánchez Freytes entiende otra cosa: que Suárez es el propietario, a pesar de no poder justificar el gasto en la propiedad.

La cuarta forma de defraudación que estableció la investigación por la que hoy la cúpula de Luz y Fuerza de Córdoba va a juicio, y en la que una veintena de personas está implicada, se trata del desvío de fondos de un Fondo Compensador, que es un fondo al que contribuyen la EPEC y los trabajadores activos del rubro.

En este aspecto, están sospechados Tapia (secretario de Previsión Social), Victoria Molina (subsecretaria de ese área), Lozano (subsecretario de Finanzas) y Navarro. Desde el 2014, y según los ejercicios contables anuales, los administradores de ese Fondo habrían empezado a pagar sólo parcialmente a jubilados y pensionados. En 2018, cerraron el flujo de haberes por «falta de fondos».

«Falta de fondos», según la investigación, quiere decir o bien que se le daba a los montos remanentes del Fondo Compensador otro destino distinto del que la ley y los estatutos establecen; o bien que ese Fondo servía, en realidad, como un área crediticia de otras del gremio. Casi 180 millones de pesos sería el monto aproximado que se esfumaron del Fondo, en plata de hace un lustro, al menos.

Afirmó el juez Sánchez Freytes ahora, al enviar a juicio a varios de los imputados: «Valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero”.

Hubo una polémica relativamente reciente a este respecto, cuando instruía Ricardo Bustos Fierro, el juez que antecedió a Sánchez Freytes. En 2021, se había alcanzado un acuerdo de pago, firmado entre Suárez, Molina Herrera, Tapia y el Centro de Jubilados del rubro energético cordobés, para cancelar la deuda histórica del Fondo. Fue rechazado por el juez.

«Este ‘principio de acuerdo’ expresaría un reconocimiento del hecho del desvío del remanente existente en el Fondo. La defensa aporta este acuerdo, en el que no sólo asume el hecho, sino que también se expresa la intención de reparar el perjuicio, lo que podría ser considerado como una ‘reparación integral del perjuicio'», decía Bustos Fierro.