En medio del paquete de desregulaciones, el Gobierno presentó el nuevo divorcio simplificado. Ricardo Gil Lavedra afirma que el proyecto desconoce la gran cantidad de situaciones que hay detrás de la disolución de un vínculo: “Hace falta un control judicial sobre cuáles son los términos de los acuerdos a los que llegan las partes y de esa manera evitar que se produzcan abusos de quién tenga una posición de preponderancia dentro de la pareja”, explicó. Además, el presidente del Colegio Público de Abogados aseguró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que es «inadmisible» que la Corte Suprema esté integrada solamente por varones: “Las designaciones tienen que respetar la diversidad de género”.

Ricardo Gil Lavedra es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

¿Es una buena medida este nuevo divorcio exprés sin mediación de abogados?

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El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Nosotros entendemos que no. Por supuesto, todo el mundo está de acuerdo en tratar de agilizar los procedimientos, pero este proyecto desconoce que el divorcio es mucho más que la disolución de un vínculo. Incluye cuestiones patrimoniales, hijos, y miles de cuestiones que se pueden encontrar en una pareja. Hace falta un control judicial sobre cuáles son los términos de los acuerdos a los que llegan las partes y de esa manera evitar que se produzcan abusos de quién tenga una posición de preponderancia dentro de la pareja. 

No puede suprimirse la presencia de un juez, porque también puede haber derechos de terceros frente a la sociedad conyugal y el juez es el que da la seguridad jurídica e institucional. Además, el divocrcio exprés ya existe y tampoco es un trámite muy complicado. 

¿Por qué cree que el Gobierno avanza con este tipo de medidas?

El Gobierno manda este proyecto junto con otros temas que pueden ser razonables. Nosotros estamos en desacuerdo puntualmente con este tema, pero para eso está el debate parlamentario.

¿Qué visión tiene respecto a lo que está pasando con la libertad de expresión en el país?

Nosotros nos hemos expresado porque estamos preocupados por la intolerancia a la crítica por parte de las autoridades públicas más importantes. El nivel de tolerancia hacia las críticas que les hacen tiene que ser muchísimo mayor, es lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Además, la tarea del periodismo es controlar, criticar y verificar la marcha de las autoridades. Los funcionarios públicos tienen que ser tolerantes a la críticas porque vivimos en una sociedad democrática. Cuando se producen expresiones soeces, insultos, amenazas por parte de las autoridades, se provoca una especie de autocensura porque algunos periodistas se callan para que no los ataquen. Esto es muy malo y lesiona la libertad de expresión. Hay que terminar con los ataques a los medios. 

¿Esto marca rasgos de autoritarismo en el Gobierno?

Son expresiones propias de las autocracias, critican a los medios y la Justicia. A la Justicia todavía no llegaron, pero tienen un rasgo muy claro de no tolerar los límites.

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Claudio Mardones: ¿Cómo analiza la situación de la Corte Suprema?

El Colegio Público de Abogados se ha expresado y señaló que las designaciones de la Corte Suprema tienen que respetar la diversidad de género. Es inadmisible que la Corte Suprema esté integrada sólo por varones. Esto lo establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

¿Qué cree que va a terminar pasando, teniendo en cuenta que el Gobierno ya desconoció el reclamo del cupo?

Yo opino cómo deberían ser las cosas, pero este Gobierno no parece respetar muy acabadamente la Constitución. Lo deseable es que se la respete, pero lo que va a ocurrir dependerá de negociaciones políticas como otras fuerzas como Unión por la Patria que tampoco son destacados por el respeto a la Constitución. Por lo tanto, puede suceder cualquier cosa. 

También es inadmisible que se haya paralizado el envío de 140 pliegos para llenar vacantes en la Justicia hasta que se dirima la situación de la Corte Suprema.  No hay razón para que el Poder Ejecutivo detenga el envió de estos pliegos, hay casi un 30% de vacantes y esto perjudica a la administración de la Justicia. 

ADP FM


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