Causa Seguros: los eslabones de la maniobra que conducirá a Alberto a una indagatoria por corrupción

El juez Julián Ercolini investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso a los organismos públicos la obligación de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros, posibilitando la participación de intermediarios que percibían millonarias comisiones. El caso, que comenzó en febrero luego de una publicación de Clarín, se acerca a la siguiente instancia: la citación a indagatoria del expresidente.

Bajo la lupa hay 45 contratos, 25 intermediarios, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos.

La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández, por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, es aquel Decreto 823/2021.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) interviene en el caso por pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, para escudriñar en los alcances de la norma. Ambos quieren dilucidar si el decreto habilitó que los intermediarios cumplan un rol central en la maniobra bajo estudio. Se analiza “si el decreto tuvo un trámite normal, si hay alguna inconsistencia y cómo se implementó en las distintas áreas, entre otros aspectos”, indicaron fuentes de la causa a Clarín.

A criterio de los investigadores, el decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez federal Julián Ercolini.

Dos documentos clave: las auditorías

Otra prueba importante son dos informes de auditoría. Uno realizado por Nación Seguros de la actual gestión libertaria, y el otro es un estudio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se confeccionó a pedido del juez y como complemento del primero.

La auditoría de Nación Seguros consigna todas las aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación y qué reparticiones del Estado Nacional; Organismos Centralizados, Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado bajo cualquier participación estatal firmaron los contratos con “la designación de los productores/intermediarios”. Se planteó un primer detalle de los 25 principales intermediarios que percibieron la mayor cantidad de comisiones por parte del gobierno de Alberto Fernández.

El primer informe auditor consigna los organismos y dependencias del Estado que pagaron comisiones a brokers de seguros. Representan el 67% y una suma global de dinero de 2.315.868.642 pesos. Se trata de: Gendarmería Nacional ($1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal ($215.885.324), YPF ($141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ($39.777.692), Ministerio de Seguridad de la Nación ($35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ($ 24.912.641), UTN ($352.593), Cámara de Diputados de la Nación ($296.514).

Pero el juzgado pidió a la SIGEN completar el listado. De allí surge que en total, el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 de pesos por los 45 contratos bajo investigación.

La documentación remitida al juzgado, expone una lista de 81 productores inscriptos, de los cuales 33 operaron sin ningún tipo de intermediación. Por eso, el juzgado de Julián Ercolini busca establecer si ameritaba que en la totalidad de los contratos bajo análisis intervinieran los brokers de seguros.

Cuando se inspecciona la segunda planilla denominada “Base de intermediarios”, se detalla que Héctor Martínez Sosa -el amigo de Alberto Fernández- fue el que más intervino en su rol de broker. Consiguió pólizas para su firma Héctor Martínez Sosa CIA S.A y para otros siete productores, que aparentemente operaban bajo su control: Garrido Norberto Matias, Bachellier SA, Calvo Emanuel Raul Andres, Levelar SA, Salim Fernando Carlos.

Beneficios al “amigo”: un posible direccionamiento

En total, Héctor Martínez Sosa cosechó 19 contratos, lo que lo posiciona como el único que acumuló el 42,2% en su rol de intermediario.

En su auditoría, Nación Seguros lo posiciona como el número dos de los brokers más beneficiados. Sin embargo, Bachellier SA, que encabeza ese listado, también está ligada a Martínez Sosa. Entre los dos, acumulan 1.959.941.865 pesos: más de la mitad de las comisiones que pagó el Estado.

De estos números se desprende otro estudio que realiza el juzgado de Ercolini. ¿Hubo un direccionamiento en los contratos para que el amigo de Fernández se alzara con el 42% de los mismos? Los estudios iniciales muestran un claro beneficiario, respaldado, además, en las diversas gestiones realizadas por María Cantero -esposa de Martínez Sosa- y ex secretaria privada del entonces presidente.

Esos chats volcados en más de 400 páginas, muestran cómo intermediaba Cantero para destrabar contratos que le interesaban -por el cobro de comisiones- a su esposo. Cuando esas gestiones no prosperaban, intervenía directamente Alberto Fernández.

En el contrato de la ANSES con Nación Seguros, firmado por un funcionario puesto por Sergio Massa en el organismo previsional y otros puesto por Fernández en Nación Seguros, se colocó a un broker, Pablo Torres García, que cobró una comisión de unos 2.000 millones de pesos por año. Esa función no pudo ser justificada.

Como un gran rompecabezas, el expediente judicial sumó más piezas. Entre ellas, la pista de una coaseguradora que intervino en ANSES.

Las pólizas de ese organismo con Nación Seguros muestran que a partir de la inclusión de San Ignacio Sociedad de Productores y de TG Broker como intermediarios, el porcentaje de participación de San Germán Seguros como coasegurador de las mismas presenta un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes.

Las cifras se incrementaron en el caso de las nuevas pólizas, y San Germán Seguros obtuvo una participación del 25%.

Un documento de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre distintas cooperativas es otro eslabón de la maniobra que conducirá a Alberto Fernández a su primera indagatoria por presuntos hechos de corrupción. La justicia estudia si al menos una cooperativa fue usada para el cobro de comisiones y sus presuntos vínculos con ex funcionarios de Nación Seguros. Pero además, está relacionada a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros, que fue contratada por ANSES.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la fiscalía recibió dos informes de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que exponen una línea sobre la cual se busca profundizar y que involucra a la Cooperativa “7 de Mayo” con diferentes empresas del rubro seguros: San Ignacio Sociedad De Productores Asesores De Seguros S.A., S.O.S. S.A, Bri Brokers S.A, San Cristobal Sociedad Mutual De Seguros Generales, Rua Besuschio Juan Rodrigo, Solucionart S.A, Gestion Compañía Argentina De Seguros, Assekuranza Compañía De Seguros SA, Net Broker Y Vázquez Diego Sebastián.

Pero además, figura en la documentación que dicha cooperativa mantenía vínculos con Nación Seguros.

La justicia pidió que las diez empresas detalladas en el informe de inteligencia de la UIF aporten la documentación que respalde el vínculo con “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada” como también la justificación sobre las transferencias bancarias y facturas emitidas a su nombre.

Otro dato se desprende del informe de la UIF: 16 cheques librados por “7 de Mayo” fueron endosados por tres empresas, dos de las cuales registran su actividad principal como de “Servicios de Financiación y Actividades Financieras NCP”, motivo por el cual el fiscal Rívolo pidió que se presente la documentación que explique dicho vínculo, como la justificación de cada uno de los cheques endosados a su nombre.

En total en esa operatoria de cheques bajo investigación, se movieron 15 millones de pesos.