La Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA) se sumó este martes a los rechazos contra la orden de detención que libró la justicia chavista de Venezuela contra 16 jueces, fiscales, abogados y políticos argentinos por el caso del avión-venezolano iraní y el arresto del dictador Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Y pidió a la Corte Penal Internacional con sede en Roma que anule los pedidos de captura venezolanos.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas contra los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, los jueces Federico Villena -que tuvo a su cargo la causa-, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, el legislador porteño Yamil Santoro, la ex integrante de la UIF, María Eugenia Talerico y el abogado Leonardo Camicher, entre otros. Así como los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. También fue incluido el experto en aeronavegación comercial, Franco Rinaldi.
Los fiscales Nicolás Agüero Iturbe y Carlos Stornelli son quienes impulsaron la causa en la que el juez federal Sebastián Ramos, por orden de la Cámara Federal porteña, dispuso la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, de uno de sus ministros y de otros catorce funcionarios de gobierno. En tanto, la fiscal Incardona y el fiscal Iglesias impulsaron el proceso en el que se investigó a la tripulación del Boeing 747 operado por la línea de carga estatal venezolana Emtrasur y solicitaron su decomiso. Este avión había sido usado para trasladar tropas y municiones del Hezbollah del Líbano a Siria.
Las capturas fueron solicitadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Además, Saab insultó a Agüero Iturbe y Stornelli.
En un comunicado, REJIA sostuvo que “tal medida del Estado venezolano, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, agrede a quienes han actuado de acuerdo lo exigen elementales normas de defensa interior y conforme el derecho internacional que rige el caso, ante un solapamiento fraudulento de las reales intenciones de los tripulantes de la aeronave y sus roles”, agrega.
Por tal razón, REJIA pide a los órganos de justicia internacionales que actúen “debidamente, en concordancia con los rectos preceptos que guían su obrar, según su competencia para actuar en este caso y arbitren medidas efectivas que neutralicen los actos abusivos e ilegales de la justicia de Venezuela, que arrasan con las garantías del debido proceso señaladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional “le otorga facultades suficientes para poner coto a tanto abuso y arbitrariedad, dado que es notoria la existencia en Venezuela de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, entre las cuales el hecho que ahora denunciamos es un nuevo episodio”, agrega.
Por este motivo REJIA pide “al Estado Argentino; a los órganos supranacionales deliberativos y jurisdiccionales, como a la Corte citada, que pongan límites a este obrar ilegal de la República Bolivariana de Venezuela y a dicho tribunal que otorgue las medidas necesarias y suficientes que protejan efectiva y plenamente a los destinatarios de la de captura, asegurándoles la integridad física y jurídica que les corresponde”.
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El comunicado de REJIA está firmado por la Acción Conjunta Republicana, que preside María Bunge; el Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza, Roberto Uliarte; la Asociación Civil Río Paraná, Alberto Cohan ; Justa Causa, Luis Cevasco; Entre Ríos Sin Corrupción, Fabiana Cian; Profesores Republicanos: Guillermo Mizraji; Será Justicia Asociación Civil, Raúl Aguirre Saravia; Cadal, Syvil Rodhes y el constitucionalista Daniel Sabsay.
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