El Congreso comenzará a debatir esta semana el Presupuesto 2025 en momentos en que emerge de forma cada vez más visible el malestar de varios gobernadores con el Ejecutivo por las demoras en la implementación de los convenios firmados hace algunos meses para traspasar proyectos de obra pública a la órbita provincial y en el giro de fondos nacionales para culminar aquellos que estaban cerca de concluirse.
Justamente la ley de leyes incluye un anexo con varios de estos proyectos anudados en las reuniones celebradas en las oficinas del ministerio del Interior entre mayo y y julio pasado. Pero son varios los distritos que han hecho levantar la voz por las demoras del Gobierno: el santafesino Maxi Pullaro estudia enviar una carta formal a Economía para pedir el traspaso de la jurisdicción de los tramos de rutas nacionales que pasan por su territorio.
El tema fue tratado en una reunión celebrada el miércoles en el Palacio de Hacienda con el ministro Luis «Toto» Caputo, en la que no hubo «fumata blanca» precisamente. Es que Nación, por caso, le facturó a la provincia una deuda de Afip por un convenio rubricado por el ex mandatario Omar Perotti, en 2022.
Es que las denuncias cruzadas entre el Ejecutivo y las jurisdicciones son otro de los factores que vienen demorando la concreción de los acuerdos celebrados a toda pompa, con fotos incluidas, en Casa Rosada incluso con mandatarios díscolos como el riojano Julio Quintela.
Cerca del jefe de gabinete, Guillermo Francos, factótum de aquellos convenios, intentaron minimizar las diferencias entre las partes y adujeron que la Nación ya comenzó unos 100 proyectos pero que existen demoras porque muchos estuvieron frenados desde abril de 2023 e incluso adeudan fondos con las firmas constructoras. Los tironeos por estas acreencias suelen actuar como un freno para el avance de los mismos.
Entre los gobernadores de Juntos por el Cambio no sólo Pullaro intenta llamar la atención, sin perder el tono diplomático, por el lento avance de los acuerdos rubricados. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio espera la transferencia de más de 100 obras nacionales aunque sí hubo avances con el área de viviendas. El chubutense Ignacio «Nacho» Torres, que logró reconstruir el vínculo con la Casa Rosada, sigue con un diferendo fuerte por la caja jubilatoria de su provincia, una de las trece que no fueron transferidas a Nación. El sanjuanino Marcelo Orrego se encuentra en una situación similar respecto a las demoras en las obras.
En Jujuy, donde gobierna el radical Carlos Sadir, tampoco hubo avances en la implementación de los convenios. Pero fuentes del gobierno jujeño consultadas alertan que hay desacuerdos con «las obras que se financian con créditos de organismos multilaterales» porque el Gobierno, aseguran, «propone que la provincia se haga cargo» de dichas acreencias.
Algunos mandatarios esperan que el normal flujo de estos recursos del estado federal se destrabe con la negociación del futuro Presupuesto. En la mayoría de los casos, no obstante, insisten que el avance en la ejecución de los mismos ha sido lento en estos últimos meses.
Una opción que trabajan en silencio Pullaro, Frigerio y el cordobés Martín Llaryora, es realizar un planteo conjunto por la deuda de las cajas jubilatorias. La «regionalización» de los reclamos podría replicarse en otro grupo de distritos.
En Córdoba, la Legislatura local acaba de aprobar el convenio con Nación por el traspaso de la obra pública y en breve comenzarán con un plan de ejecución con fondos provinciales. Pero en esa administración sostienen que reciben «poco y nada» de la Nación para culminar algunos de los proyectos acordados, una dinámica que, aseguran, se repite desde hace años.
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