Tras haber protagonizado el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional, con un discurso con tono de campaña en el que alentó a la tropa propia a hacer crecer el partido y en el que prometió de aquí en adelante dar «buenas noticias», Javier Milei se prepara para afrontar otra semana difícil para su gestión por el desafío que supone la marcha universitaria en rechazo al anunciado veto a la ley que refuerza el financiamiento de las casas de altos estudios.
Es que el Gobierno que encabeza ya comienza a sufrir en las encuestas las consecuencias del ordenamiento de las cuentas públicas, que no obstante considera vital para derrotar a la inflación y sentar las bases para el desarrollo, y por eso los estrategas de la comunicación oficial están embarcados en dejar atrás la etapa del «ajuste permanente». No está claro con qué política porque en Casa Rosada siguen rechazando dar cualquier impuso a la demanda para dinamizar la actividad.
En el gobierno aducen que no «subestiman» la marcha del próximo miércoles pero consideran que tendrá menos poder de fuego que la del 23 de abril, que esta vez se encuentran «mejor preparados» desde lo comunicacional y que llegan con un ofrecimiento de aumento salarial que la semana pasada fue rechazado por los gremios universitarios.
Este domingo, de hecho, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, salió a denunciar quehay un 38% de alumnos de las universidades nacionales que se desconoce si están inscriptos a alguna materia y que a su vez se «inventan alumnos» para justificar los gastos.
«Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, no está informada su inscripción en alguna materia. No sabemos sobre el 38%, no lo han informado si están anotados o no, y los fondos se reparten de acuerdo a eso que tiene que ver con cantidad de estudiantes», expresó el funcionario, en diálogo con radio Rivadavia. Es decir, que el Gobierno afirma no saber en qué situación se encuentran casi 230 mil alumnos.
En el oficialismo confirmaron que el veto a la ley se firmará a más tardar el miércoles próximo pero que recién se publicaría un día más tarde para evitar que la medida sea considerada una «provocación» por los manifestantes que ese día marcharán por el centro porteño. «El plazo legal para la firma es el 2 de octubre. No descarto tampoco que se publique antes», se atajó una calificada fuente libertaria consultada.
En el Gobierno cierran filas en respaldo a la anulación de la norma y aducen que cualquiera sea el impacto en la calle de la movilización, «no se ofrecerá un peso más» -la semana pasada se puso sobre la mesa de negociación paritaria una suba de un 5,8% para octubre que fue rechazada por los gremios– en defensa del equilibrio de las cuentas públicas.
Es decir, hay un apoyo total a lo dispuesto por Presidencia en un tema sensible para la sociedad y luego de una discusión interna entre la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano).y los delegados en su ministerio del asesor Santiago Caputo, con quien viene sosteniendo una silenciosa disputa.
Por otra parte, con el objetivo de exponer musculatura política el oficialismo saca a la cancha una marca propia para competir en las elecciones legislativas, que en las próximas semanas será replicada con la oficialización de LLA CABA y de otros grandes distritos.
Justamente el acto celebrado el último sábado en el Parque Lezama relegó la organización del lanzamiento de la delegación porteña de LLA que, se presumía podía realizarse en un microestadio. La semana pasada fue presentada en la justicia electoral la nómina de autoridades -con la legisladora Pilar Ramírez como presidenta, Juan Pablo Scalese como vice y Yamila Fernández como secretaria general- y se espera en pocos días ésta otorgue la inscripción definitiva al partido.
A falta de un acto lanzamiento, se realizaría un evento privado para la militancia en el Misión Bar de Palermo, ubicado frente al local donde en abril pasado Karina Milei encabezó la primera jornada de afiliación masiva, al que también estaría invitada la secretaría general de la Presidencia. El viernes pasado esta confitería, propiedad del dúo Scalese- Fernández, albergó una reunión de «Yuyito» González para celebrar su programa televisivo.
En el oficialismo remarcan que es fundamental replicar en el país la presencia partidaria de la LLA con miras a unas elecciones intermedias en las que, como anticipó la hermana del Presidente en el acto del sábado, intentarán «llenar el Congreso» de representantes del proyecto libertario.
Con una verba encendida y duras palabras contra la oposición, los encuestadores y el periodismo, los hermanos Milei buscaron cerrar filas en momentos en que los sondeos de opinión empiezan a mostrar el malestar social por una dura coyuntura socio-económica que las estadísticas del Indec no hicieron otra cosa que evidenciar: la mayor pobreza de los últimos 20 años.
Este domingo dos dirigentes de LLA que participaron del «panic show» a cielo abierto justificaron la actitud desafiante de Milei por la propia esencia de la convocatoria. Es que la definieron como una suerte de acto de pre-campaña en el que no solo el Presidente le habló al núcleo duro sino a los armadores libertarios sobre cómo deberían defender las banderas partidarias en sus distritos. «Hay que seguir afiliando y hacer crecer al partido», se entusiasmó uno de los consultados.
También la militancia libertaria salió a rechazar las críticas de la oposición por haber replicado mecanismos de la «casta», como el alquiler de micros para el traslado de la militancia del Conurbano, para la logística del acto en Parque Lezama. El titular de la Dirección de Comunicación Digital, Juan Carreira, publicó en su cuenta de X a nombre de Juan Doe un mensaje dirigido «a los macristas» molestos por el folklore filo-peronista: «La Libertad Avanza fue en 2023 y planea ser nuevamente en 2025 el partido más popular de Argentina».
La maquinaria electoral del oficialismo también replica viejos vicios de la política como la incorporación de referentes locales a cargo de las delegaciones de organismos nacionales como Anses, Pami o Vialidad, para «hacer política territorial».
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