La Coordinadora por el Cambio Social propuso crear un fondo alimentario de emergencia “anticasta” financiado con aportes de políticos, jueces y grandes empresarios. Con el objetivo de garantizar la llegada de alimentos a los sectores más vulnerables, la organización lanzó una convocatoria que pretende llegar al riñón del discurso oficialista.
“Hubo una especie de fraude porque Javier Milei ganó diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero lo están pagando los que menos tienen. Queremos que se debata quiénes son los verdaderos privilegiados de este país”, aseguró Nicolás Salas, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que forma parte de Coordinadora.
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La propuesta se enmarca en la profunda crisis alimentaria que atraviesa la Argentina. Desde las organizaciones sociales denuncian que el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, continúa sin entregar mercadería a los comedores, a pesar de las resoluciones judiciales, lo que profundiza la emergencia económica en los barrios más humildes.
El Gobierno insiste en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal gracias al ajuste del Estado para ordenar la economía. Los movimientos sociales, sin embargo, insisten en que es posible financiar un fondo alimentario de emergencia para comedores comunitarios y barriales si se toma la decisión de recaudar entre los que más tienen.
La Coordinadora señala a diferentes sectores que podrían aportar a este proyecto. En primer lugar, hacen referencia a la “política”. Por un lado, proponen que se descuente un porcentaje del salario a los senadores y diputados nacionales que ganan entre $3 y 7 millones —sin contar beneficios en pasajes y el plus por desarraigo— y a los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo. Y, por el otro, que los jueces y magistrados que cobran más de $6 millones empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias.
En segundo lugar, reclaman que se dé de baja el régimen de exención impositiva previsto en la Ley de Economía del Conocimiento. “Uno de los beneficiarios de este régimen es Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre y Mercado Pago, quien entre 2022 y 2023, obtuvo ganancias por $1.140 millones de dólares, de las que el 12% fue gracias a los beneficios otorgados por el Estado”, describe la propuesta.
Por último, recuperan la idea de crear un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios. La recaudación alcanzaría a aquellos cuyos montos superen el valor de $100 mil millones a enero de 2024.
El debate sobre quién paga el ajuste y los “planeros de guante blanco”
El proyecto es impulsado por la Coordinadora por el Cambio Social a partir de un debate que se está dando dentro del espacio Territorios en Lucha. El objetivo, de todas formas, es ampliar la discusión y darla en conjunto con otras organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero.
“Es una idea que venimos trabajando hace un tiempo. Queremos cambiar el eje de la agenda”, subrayó Salas. En este debate, según las organizaciones, el Poder Legislativo debería tener un rol fundamental. “El Congreso tomó mucha centralidad desde que asumió Milei. Vemos que se está empezando a discutir temas como las universidades o las jubilaciones, pero la cuestión de los alimentos no aparece a pesar de la grave situación que se está atravesando”, agregó.
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El último informe de Unicef Argentina fue alarmante: el organismo advirtió que más de un millón de chicos se va a dormir sin cenar y lanzó un fuerte spot de campaña que se tituló: “El hambre no tiene final feliz”.
“Lo dijo Unicef y nosotros lo vemos todos los días. Con el congelamiento de lo que antes se llamaba Potenciar Trabajo, muchas compañeras deciden cuál es la comida del día que pueden preparar. Y en algunos casos ni siquiera alcanza. Muchas veces esas situaciones se lograban contener en los comedores, pero ahora están totalmente vaciados”, sostuvo Salas.
El debate, en cierta medida, es sobre quién paga el ajuste. “Hay que terminar con los planeros de guante blanco”, subrayó el referente y puso algunos ejemplos sobre la dimensión que tienen los beneficios económicos estatales en los sectores más concentrados en contraposición del dinero que significa la asistencia a los sectores más vulnerables.
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“Solo por poner un ejemplo. En 2023, el presupuesto para el Potenciar Trabajo representaba el 0,6 del PBI mientras que los subsidios y las exenciones representaban el 7. El régimen de Tierra del Fuego, que los jueces no paguen Ganancias y el sistema a través del cual Galperín se llevó más de $100 millones de dólares del Estado describe muy bien dónde va la plata del Estado. La casta hoy está muy contenta mientras que en los comedores no tenés alimentos”, reflexionó Salas.
GL CP
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