El gobierno de Javier Milei cosechó este miércoles 4 de septiembre el rechazo de dos bloques de diputados aliados al oficialismo tras resolver por decreto un límite de la ley de acceso a la información pública.
Por un lado, el bloque de diputados del PRO, que promovió bajo el mandato de Mauricio Macri la sanción de dicha ley, rechazó el DNU al afirmar que “debe mantenerse intacta”.
Luego de que la administración libertaria publicara en el Boletín Oficial el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre el pedido de acceso a la información pública, el partido que lidera el expresidente Macri hizo público su rechazo categórico.
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Por decreto, el Gobierno restringe el acceso a la información pública
“Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”, argumentaron.
En la misma línea, aclararon: “Este derecho no sólo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”.
“Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia”, puntualizaron.
La UCR también rechazo el DNU de Milei
Por su parte, diputados radicales solicitaron al Poder Ejecutivo que se derogue el Decreto 780/2024 por «inconstitucional» y «por lesionar el derecho humano de Acceso a la Información Pública». «Rechazamos cualquier recurso que descienda el estándar de libertad de información alcanzado en la Argentina», agregaron.
«El objetivo de la Ley 27.275 es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado», publicaron en un comunicado del bloque.
“Este decreto desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones e incrementa el secretismo sobre la gestión», afirmaron diputados radicales.
Los cambios a la ley de acceso a la información pública
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo implementó una serie de cambios en el acceso, y a través de la redefinición de la terminología, limitó al acceso a la información privada.
“No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”, especificaron entre otras modificaciones.
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