La Cámara de Casación rechazó recursos para que la Corte Suprema revise la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores; los acusados pueden recurrir directamente al máximo tribunal
Roberto Baratta, Cristina Kirchner y Julio De Vido, acusados en la causa de los cuadernos
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos extraordinarios de empresarios acusados en la causa de los cuadernos de las coimas para que la Corte Suprema revise la validez de las declaraciones de “arrepentidos” que admitieron haber pagado y recibido sobornos para mantener contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Ahora los acusados pueden intentar recurrir directamente al máximo tribunal mediante una queja.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, no hizo lugar a tres recursos extraordinarios interpuestos por los abogados de Sandro Férgola –ex funcionario de Vialidad Nacional–, de Aldo Benito Roggio y de Ricardo Santiago Scuncia, ambos de la empresa Benito Roggio e Hijos SA.
De esta forma, la Casación respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal Nº7, que está organizando el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 acusados, que había rechazado pedidos de nulidad de esas declaraciones.
La medida se tomó en la causa CFP 13816/2018, que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadio por la presunta asociación ilícita en la que fueron involucrados la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros exfuncionarios y empresarios.
La supuesta organización investigada tenía como fin organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde 2003 hasta noviembre de 2015.
Este expediente en particular, acumulado a la causa principal de “los cuadernos de las coimas”, se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal en el ámbito del ex-Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado con las obras públicas civiles adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad.
En el anterior planteo ante el Tribunal Oral Federal y luego en la Casación, las defensas de Aldo Benito Roggio y de Ricardo Santiago Scuncia cuestionaron la declaración indagatoria brindada por Roggio ante el juez Bonadio. Dijeron que el magistrado –mediante sus preguntas– excedió el objeto procesal atribuido al imputado, y que de esa manera, amplió la investigación a asuntos no contemplados, tales como una supuesta cartelización en la obra pública. Asimismo, criticó el modo en que se registraron las declaraciones de los imputados colaboradores en la causa.
Por su parte, el defensor de Sandro Férgola consideró nulos los acuerdos de colaboración con algunos imputados -por no cumplir con una registración adecuada- y todo lo actuado en consecuencia, como así también la manera en que el juez de instrucción y el fiscal intervinieron en este proceso.
La fiscalía de juicio, a cargo de la fiscal Fabiana León, se opuso los planteos de los letrados y el tribunal de juicio los rechazó. Las quejas intentadas ahora en Casación por los abogados de los imputados también corrieron la misma suerte y fueron rechazadas.
En esta nueva intervención, los magistrados de Casación resolvieron en consonancia con la fiscal León, al sostener que el recurso extraordinario planteado por los defensores para que la Corte Suprema de Justicia trate la cuestión no puede ser autorizado, ya que no se alcanzó a demostrar una cuestión federal suficiente que permita habilitar la competencia del máximo tribunal nacional.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar y qué documentación quieren incorporar. Por ahora, los jueces se pronunciaron sobre la realización de este nuevo peritaje, no sobre los testigos.
La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación, que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios –entre ellos, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido– de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.
Muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta que habitaba Cristina Kirchner, y los registros indican que los recibía Daniel Muñoz, histórico secretario de Néstor y Cristina Kirchner, ya fallecido, a quien la Justicia le detectó decenas de propiedades en el país. También inmuebles en el exterior, valuados en más de 70 millones de dólares.
De las más de 160 personas imputadas todas están hoy en libertad. Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Esos expedientes involucran 26 calificaciones jurídicas y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.
LA NACION
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