A pesar de las fuertes correcciones en la composición del precio del consumo de energía, el gobierno no consigue reducir la cuenta de subsidios. Como una historia recurrente, esta situación aumenta la tensión entre el Secretario de Energía y el Ministro de Economía.
Las facturas reflejan aumentos tanto en el punto de ingreso al sistema, que es el precio mayorista, así como en la porción correspondiente a la tarifa regulada de transporte y distribución. Con esto, los usuarios percibieron aumentos que van de 350% a 900% en las facturas de gas y electricidad, dependiendo el nivel de consumo y el segmento determinado según los ingresos.
En el sector eléctrico, la bonificación del Estado nacional alcanza un promedio del 61% del valor convalidado a las empresas. Los datos surgen de un informe del Instituto Interdisciplinario UBA Conicet que muestra un retroceso en la cobertura eléctrica en las tres categorías de ingresos: N1, N2 y N3. Los usuarios de altos ingresos pasan de pagar un 80% del costo de abastecimiento en julio a un 77% en agosto. Los de ingresos medios bajan del 35% al 34% y los de ingresos bajos del 23% al 22%.
En el caso del gas el gas natural los valores se ajustan de acuerdo a la evolución del dólar. Por eso se observó una leve mejora para las cuentas del gobierno. En este caso, los N1 pasan de pagar el 50% del costo de abastecimiento al 55%, los N2 del 18% al 20% y los N3 del 23% al 25%.
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Estos son los números con los que Caputo apura a Chirillo. Desde la Secretaría de Energía resisten y redoblan los esfuerzos. En los últimos dos meses hubo un fuerte despliegue para apuntalar la focalización en los sectores vulnerables.
«Se intensificó la campaña para que el estrato más bajo se inscriba en el RASE porque es el único sector que continuará percibiendo una ayuda del Estado. Ya no se trata de subsidios sino de una bonificación sobre el precio real», reconocieron a LPO desde la Secretaría de Energía. La diferencia entre bonificación y subsidios no es casual. Que se trate de una bonificación hace al sentido de la política energética libertaria.
Para fortalecer esta narrativa, desde la cartera que conduce Chirillo distribuyeron un gráfico no oficial entre periodistas con datos detallados para demostrar un consumo excesivo en el segmento medio y bajo de la población.
«La Secretaría de Energía es muy clara en sus objetivos. Hay una relación directa entre energía barata y derroche. Los sectores que se vieron afectados por la quita del beneficio, racionalizaron su consumo», respaldó un especialista que coincide con Chirillo.
Curiosamente la legitimidad del cuadro que distribuyó la Secretaría de Energía, al que LPO accedió gracias a un periodista de un diario muy importante, fue negada por la cartera de conduce Chirillo.
«Con respecto al cuadro que habr€ia sido publicado por periodistas en redessociales, que no obran antecedentes ni registros correspondientes a tal figura, ni se pudo identificar que haya sidopublicada a traves de comunicaciones propias u oficiales. Tal como resulta del mismo pedido de informes, se desconocen el autor, las fuentes y la época a la que correspondería la figura, por lo cual resulta imposible, desde el ámbito de la Subsecretaria, aportar mayor información», respondió Energía al pedido de información pública realizado por este medio.
Desde la otra punta de la biblioteca, un ex funcionario de la cartera explicó «Concluir que cierto nivel de consumo es equivalente a derroche muestra un profundo desconocimiento de las condiciones de vida de la población. Muchos hogares no cuentan con acceso al gas por redes, con lo cual el consumo eléctrico se dispara. Más aún en sectores vulnerables donde conviven mas personas en menos metros cuadrados. Otro caso, es el de los hogares con cables y caños obsoletos, electrodomésticos viejos, donde no se cuenta con presupuesto para reponer ni reparar posibles fugas» detalló este especialista.
En paralelo, LPO consultó sobre las variaciones en la población vulnerable que durante el primer semestre del gobierno se inscribió en el RASE. El crecimiento es alarmante, supera el 12% de la población inscripta hasta diciembre del año pasado.
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