Con fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición dialoguista, la Cámara de Diputados arranca este miércoles con el tratamiento en comisión de un nuevo régimen penal juvenil, propuesta enviada por el Gobierno que tiene como eje bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Además se abrirá la discusión sobre el proyecto de ley Antimafia, que otorga importantes poderes al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
La primera de las iniciativas será analizada en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, y están invitados el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto.
“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, fundamentó el Gobierno en el proyecto que promueve una reforma de régimen penal juvenil.
Pero lo cierto es que tanto el bloque de la Unión Cívica Radical como el PRO y Hacemos Coalición Federal ya anticiparon que impulsarán cambios medulares a la propuesta enviada por la ministra Bullrich. Lo que sucede es que la mayoría de los proyectos presentados por los dialoguistas hablan de un límite de 14 años y platean un régimen integral.
Sin embargo, desde el oficialismo respondieron que hay países en los que se establecen distintas modalidades de penas. Indicaron el caso de Chile, Colombia y Perú, a partir de los 14; mientras que se baja a los 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago. Está claro que ante la debilidad legislativa (sólo cuenta con 40 diputados), el Gobierno está dispuesto a ceder en este punto si hay consenso con el resto de la oposición.
Uno de los artículos del proyecto plantea que quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Al tiempo que se establece que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.
También se deja en claro que durante el período de detención, “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes”.
La oposición impondrá cambios en la ley Antimafia
Otro de los temas que se analizará en comisión este miércoles tiene que ver con la denominada ley Antimafia, una propuesta del Gobierno que, entre sus puntos centrales, plantea una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la organización criminal.
Además, en la propuesta se crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado. De acuerdo al Ministerio, esto posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Pero, los bloques dialoguistas ya anticiparon que frenarán aquellos artículos que le otorgan poderes especiales al Ministerio de Seguridad que son contrarias a la normativa actual y hasta a la Constitución Nacional.
Puntualmente buscarán modificar el artículo que le permite a las fuerzas de seguridad detener a una persona durante 48 horas sin tener la obligación de dar aviso a la autoridad judicial. Además, le permite realizar requisas, inmovilizar activos, realizar allanamientos e interceptar llamados telefónicos y mensajes.
Otro de los ejes de discusión tiene que ver con el artículo que le permite a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) “requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados” sin autorización judicial.
Descubre más desde FM Luzu 92.3 Mhz - Villa Luzuriaga
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.