La Procuración del Tesoro salió en defensa de Javier Milei y estableció límites claros en la aplicación del Derecho de Acceso a la Información, regulado por la Ley 27.275, en lo que respecta a su vida privada y, especialmente, en lo atinente a sus perros mastines alojados en la Residencia de Olivos
El titular del organismo, Rodolfo Barra, había estado la semana pasada visitando oficinas de la Casa Rosada en compañía de otros letrados. La Procuración lleva, además, otro expediente sensible para el Gobierno y su relación con un «aliado» como Mauricio Macri: la causa de la deuda millonaria del Correo Argentino que mantiene la familia Macri con el Estado y que, según fuentes oficiales, «se encuentra en la órbita de análisis».
En el caso particular referido al mandatario, la entidad que reúne a los abogados del Estado intervino a pedido de la Secretaría General, que comanda Karina Milei, que recibe cuantiosos pedidos de acceso a la información sobre gastos, mantenimiento «y otras cuestiones» relativos a los perros mastines que viven en la quinta presidencial.
El dictamen de la PTN determinó que no todo requerimiento efectuado bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, debe ser encuadrado en dicha norma.
En este sentido, la Procuración examinó si todo pedido de un ciudadano, en la cual se invoca el régimen de información pública, puede ser encuadrado en dicho régimen y concluyó «que no toda consulta que se efectué con cita a la norma de Acceso a la Información Pública debe enmarcarse en la Ley N°27.275».
Al argumentar dicha resolución, hizo hincapié en que la citada norma «resalta como nota saliente la presencia de lo público en la información que se requiera, así como de aquel que posea la información» en pos del mantenimiento de la transparencia de la gestión y la publicidad de sus actos. Pero en este caso, el organismo consideró hay «cuestiones que involucran el ámbito privado o la esfera típicamente doméstica del funcionario, que en modo alguno presentan las notas de interés público ligada a la actividad estatal».
Por este motivo, los abogados del Estado entendieron que esta actividad «y su control no son objeto de norma indicada; aclarando que el carácter público de la información no se identifica con el conocimiento público que de ella se tenga».
En síntesis, la Procuración definió que los datos relacionados con aspectos o detalles de la vida personal de los funcionarios que no se encuentran vinculados con la gestión pública ni aportan un valor significativo al interés público se encuentran fuera del alcance de la ley de Acceso.
Se trata de una argumentación polémica: no sólo porque limita los alcances del acceso a la información pública sino porque no considera pertinente dar a conocer cuáles fueron los gastos de la instalación del sistema de caniles en Olivos para las mascotas, en una construcción bien equipada incluso con un sistema de refrigeración.
Una fuente de Casa Militar consultada aseguró que, además de Milei, sólo tienen acceso al lugar su secretario y la custodia. Lo extraño del caso es que se instalaron «cinco caniles para cuatro perros». Es decir, habría un canil vacío, de acuerdo a lo mencionado por la calificada fuente.
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