Otro importante referente del kirchnerismo -hoy mismo ratificó públicamente esa condición- apoyó la llegada del controvertido juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Se trata nada menos que del expresidente Alberto Fernández, autopercibido una autoridad en el campo del Derecho. «Lijo no tiene las objeciones que yo podría tener para otros jueces federales«, dijo este martes durante una entrevista periodística.

«Me complica el nombre de Lijo porque fue alumno mío, lo conozco hace muchos años y tengo una relación de afecto por él. Solo digo que a Lijo no se le pueden atribuir cosas que hicieron otros jueces como en la época de Macri», apuntó Fernández frente al micrófono de Radio con vos, y siguió: «Él nunca aplicó la doctrina Irurzun, no aplicó la preventiva como mecanismo anticipado de pena».

Más allá de las consideraciones personales de Fernández, el expresidente eligió mal el argumento para alabar a Lijo: el 3 de noviembre de 2017, el juez federal ordenó detener al exvicepresidente Amado Boudou, por una causa de enriquecimiento ilícito en la que ni siquiera lo había indagado.

Aquel día, entre fotógrafos, Boudou fue sacado de la cama a las 6 de la mañana para encarcelarlo: atentos a los «riesgos procesales» no corresponde «limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal», sino también» presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal», razonó entonces el juez Lijo.

«Existen relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso», abundó. Esa es, con puntos y comas, la llamada «doctrina Irurzun» que ahora Alberto Fernández olvidó.

El aval del expresidente se suma al del senador y alter ego de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, quien había concluido «que Clarín y La Nación estén criticando a Lijo es como que le otorguen una medalla». Casi ningún otro dirigente de peso se manifestó tan abiertamente favorable a la postulación del magistrado, pese a que en el poroteo anónimo entre los senadores superaría cómodamente la barrera de los 48 votos necesarios para ser aprobado.

Otro aventón recibió por parte de los referentes K en el Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde y su hijo Mariano, alrededor de quienes se levantó una línea Maginot para evitar el tratamiento de denuncias contra Lijo en ese organismo.

Pero nadie fue tan vehemente como Alberto. «Yo diría que no tiene objeciones que yo podría tener para otros jueces federales», dijo el expresidente este martes para darle más brillo a la luz verde que encendió en el camino de Lijo hacia la Corte. No queda claro si ese empujón lo impulsa hacia arriba o si le bordó un cinturón de plomo.

Impugnaciones, adhesiones y audiencia pública

Desde ayer, la Comisión de Acuerdos del Senado comenzó a recibir las impugnaciones y adhesiones a las candidaturas del Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla. Esas consideraciones podrán presentarse durante toda esta semana, y luego estarán disponibles para los senadores en la nube del servidor de la Cámara alta.

El resto de los ciudadanos o instituciones podrán consultarlas personalmente en los despachos de la Comisión de Acuerdos. La semana próxima e le comunicarán a los dos candidatos las objeciones que hayan cumplido con los requisitos para que, en el término de cuatro días, puedan responder a ellas por escrito.

Será la primera vez que los postulantes podrán referirse a los cuestionamientos que se ciernen sobre ellos para llegar a la Corte, pues en la etapa anterior de recolección de apoyos e impugnaciones, realizada en el Ministerio de Justicia, los candidatos no brindaron opinión alguna.

En aquella instancia, Lijo recibió 328 impugnaciones y más de 3500 adhesiones. García-Mansilla sumó el apoyo de más de 3100 personas y organizaciones y 110 cuestionamientos a su nominación.

El trámite clave de todo el proceso es la audiencia pública de los candidatos ante senadores. Lijo se presentará el 21 de agosto a las 10 en el Salón Azul del Congreso, y García-Mansilla, una semana después, el 28 de agosto, también a las 10.


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