Con ayuda del kirchnerismo, el PRO se planta frente al Gobierno en la pelea por la bicameral de inteligencia

Al ruido entre el oficialismo y el bloque presidido por Miguel Pichetto por la conformación de la bicameral de control de los organismos y actividades de Inteligencia se agregó una disputa entre el Gobierno y el PRO por la presidencia de esa comisión. Ese conflicto, por el momento con final abierto, demora la puesta en marcha y traba el funcionamiento de la bicameral.

La primera discusión se había generado por el pedido de Hacemos Coalición Federal por un lugar para Emilio Monzó, al que La Libertad Avanza no accedió. Luego se desató la puja por la presidencia, que por rotación debería quedar este año para un senador, entre el macrista misionero Martín Göerling y el peronista enterriano Edgardo Kueider.

En el PRO descontaban que ese lugar quedaría para un legislador de su espacio, por el reparto acordado en diciembre con Victoria Villarruel, cuando la vicepresidenta juntó los 39 votos para relegar al kirchnerismo en la distribución de cargos. Pero Karina Milei y Santiago Caputo intercedieron con la intención de ungir a Kueider, uno de los peronistas cuyo apoyo en la Ley de Bases resultó decisivo para la sanción de la ley.

Incluso Caputo, el asesor estrella de Javier Milei y con mayor influencia en el rediseño de la SIDE –colocó como su titular a Sergio Neiffert-, habló con Göerling para explicarle la decisión del Gobierno. Sin embargo, en el PRO rechazaron el movimiento y adelantaron que darán la pelea en el marco de la bicameral cuando se convoque a una reunión -aún sin fecha-, con la percepción de que al oficialismo se le hará cuesta arriba reunir los votos para imponer a Kueider.

Compuesta por 14 miembros, siete senadores y siete diputados, la bicameral tiene la función de fiscalizar a los organismos de inteligencia con “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”, de acuerdo con la ley 25.520. “Muchos quieren estar, porque se accede a información muy sensible”, coincidieron legisladores y fuentes parlamentarias.

Las reuniones son cerradas y entre sus potestades figura el pedido de información y documentación -que la SIDE está obligada a entregar-, la supervisión de los “gastos reservados” y la recepción de denuncias sobre abusos e ilícitos.

Del total de 14 integrantes, dos serán de La Libertad Avanza (los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger), dos del radicalismo (el senador Martín Lousteau y la diputada Mariela Coletta) y dos del PRO (además de Göerling, el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo). Por el Senado, además de Kueider, tendrá un asiento la chubutense Edith Terenzi.

Los seis restantes serán de Unión por la Patria: los senadores Oscar Parrilli, Wado de Pedro y María Florencia López y los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

“El compromiso parlamentario es que la presida el PRO, vamos a pedir que eso se respete y a votar en consecuencia en la comisión”, ratificó Ritondo ante la consulta de Clarín. La misma postura expresaron en el Senado. “Kueider ya preside Asuntos Constitucionales. Los acuerdos parlamentarios hay que honrarlos. ¿O lo van a detonar por una bicameral cuando llevan siete meses de Gobierno? ¿Creerán que vale la pena?”, planteó un referente del PRO en la Cámara alta.

En esta pulseada entre el Gobierno y el macrismo, Unión por la Patria podría quedar del lado del PRO por el rechazo a Kueider desde que con Camau Espínola facilitaron la sanción de la Ley de Bases. “Por supuesto que no lo vamos a votar”, aseguró a este diario uno de los que estará en la bicameral.

Desde el PRO esbozaron como posibilidad que la conducción de la comisión quede para Göerling y la vicepresidencia para Moreau. En Unión por la Patria no lo descartaron. Ambos negaron que se tratara de un acuerdo. “A nosotros, por número, de cualquier manera nos toca el vice. No nos están regalando nada”, argumentaron en el kirchnerismo. Con los seis de Unión por la Patria y los dos del PRO alcanzarían la mayoría para nombrar a las autoridades.

El oficialismo había buscado reactivar la bicameral porque Moreau, presidente hasta diciembre del año pasado, tomó declaración a personas detenidas durante la represión mientras se trataba la Ley de Bases y avanzó con pedidos de informes. Por las discusiones, la definición quedó postergada en principio para la primera semana de agosto.