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“¿Querés mantener el subsidio a la energía?”, dice el asunto del mail que la provincia de Buenos Aires le está enviando a todos los usuarios de electricidad. Tanto los gobierno provinciales como la Secretaría de Energía comenzaron una campaña para solicitar que los usuarios que tienen tarifa social se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que diseñó la administración anterior y que se mantiene en el gobierno de Javier Milei.
La notificación que envió la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires llegó a todos los grupos de usuarios por igual, desde los de mayores ingresos –los del nivel uno (N1)–, como los de ingresos bajos (N2) y medios (N3).
Sin embargo, la preocupación de la Secretaría de Energía está focalizada en los 2 millones de usuarios que reciben tarifa social y que están anotados de manera automática como usuarios de ingresos bajos.
“Frente al aumento, cuidá tu bolsillo. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto”, dice el mail que envió el gobierno de Axel Kicillof.
La fecha corresponde al plazo que estableció la Secretaría de Energía de la Nación para tener la base de datos actualizada, aunque no se descarta que haya una prórroga, pese a que ya salió la resolución que determina que el usuario que no está registrado pasará a ser considerado automáticamente como de ingresos altos (N1).
De hecho, ese había sido también el plan original del gobierno anterior, hasta que se encontró con la dificultad de que había casi 2 millones de usuarios que vivían en condiciones carenciadas y que no se habían podido registrar en el RASE porque, por ejemplo, no tenían oficinas de la Anses cerca (otra opción para anotarse para los hogares que no tienen acceso a internet).
En la práctica, todos los meses el Gobierno nacional hace el cruce de beneficiarios con los padrones que tienen las distribuidoras eléctricas para asignar los niveles N2 y N3, que reciben subsidios de 80% y 65%, respectivamente, sobre el costo de generación eléctrica.
El gobierno anterior, bajo la administración económica de Sergio Massa, dictó una resolución en septiembre de 2022 para sumar en el cruce de datos de todos los meses al padrón de los usuarios que recibe tarifa social de la electricidad y que no se anotó en el RASE.
“Cuando geolocalizamos dónde estaban esos usuarios beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en el RASE, surgía que era la gente más carenciada que estaba en zonas con mala conexión de internet”, explicó Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planificación Energética de la gestión anterior.
La gestión actual de Eduardo Rodríguez Chirillo busca regularizar esta situación y pidió a los gobernadores que comiencen la campaña para solicitar a todos los usuarios que se anoten en el RASE. Esto se debe a que, producto al Pacto Fiscal de 2018, los criterios para determinar si un usuario recibe tarifa social corresponden a las provincias.
El gobierno de Kicillof informó, por ejemplo, que “ampliará el universo de beneficiarias y beneficiarios de la tarifa social eléctrica para incluir a 1,3 millones de bonaerenses perjudicados por la quita de subsidios impulsada por el Gobierno Nacional”.
La decisión implica que la tarifa social pasará a aplicarse a todos los hogares situados en la provincia de Buenos Aires con ingresos menores a los $870.000, pertenecientes al grupo N2 del padrón de segmentación nacional. “De esta forma, se incrementa la cobertura desde los 1,7 millones de beneficiarios actuales a 3 millones. Para ello, se invertirán $53.600 millones en concepto de tarifa social eléctrica provincial, aumentando un 184% el presupuesto utilizado el año pasado”, dijeron en la Subsecretaría de Energía de la provincia.
Si bien la nueva normativa de regulación de la base de datos también alcanza a los usuarios de gas, como está regulado por el Enargas, que es un ente nacional, la disponibilidad de información es más accesible para la Secretaría de Energía.
En el caso de la electricidad, cada provincia tiene su propio ente regulador. La única excepción es la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, donde el ente regulador de la electricidad (ENRE) es nacional.
“Los entes provinciales siempre tuvieron la información de quiénes eran los beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en la segmentación. Pero si no tenían incentivos para buscar a esos usuarios, la situación se complicaba para la Secretaría de Energía, que tenía que buscar a los beneficiarios en lugares inhóspitos”, dijo un conocedor del sector, en reserva.
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