Máxima presión judicial para que se acelere un juicio clave contra Cristina y Máximo Kirchner

Mientras la Corte Suprema de Justicia debe resolver si confirma la decisión -o no- de que Cristina vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados en la causa Los Sauces-Hotesur, enfrentando acusaciones por presuntos hechos de corrupción -en esta ocasión junto a su hijo Máximo Kirchner- el fiscal general de juicio, Diego Velasco, pidió nuevamente al Tribunal que se impulsen una serie de medidas de prueba de cara al juicio oral y no se descarta una nueva presentación igual tono, pidiendo que se dé curso a la incorporación de otras pruebas, como entrecruzamiento de llamadas, y los chats del celular de José López, entre otras.

Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coincidieron en que la mejor instancia para que Cristina Kirchner y su hijo -al igual que trece imputados má,s entre ellos Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez– se defiendan es el debate oral. A ese criterio se sumó la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el 18 de septiembre de 2023, cuando ordenó la reapertura del expediente y la realización del juicio.

La ex presidenta y vicepresidenta acudió a la Corte para revertir ese criterio y evitar que, una vez más, la sienten en el banquillo de los acusados. La llave de este caso la tiene, en esta instancia, el máximo tribunal que recientemente ordenó una nueva sentencia en el caso Oil Combustibles, donde habían terminado absueltos Cristóbal López y Fabián De Sousa, siendo Ricardo Echegaray el único condenado por administración fraudulenta.

Mientras se aguarda la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el fiscal general de juicio -Diego Velasco- amplió una serie de medidas de prueba que considera deben ser incorporadas al expediente de cara al debate oral y público.

“Vengo a solicitar nuevamente (luego de una presentación similar de fecha 22 de septiembre de 2023) no sólo la incorporación de las contestaciones que eventualmente fueran llegando al Tribunal durante esa suspensión -que solicito que sean agregadas para su debido control-, sino también a impulsar aquellas aún pendientes en oportunidad de suspenderse el trámite”, señaló Velasco en el escrito al que accedió Clarín.

Uno de los primeros puntos refiere a un escrito presentado el 10 de noviembre de 2021 donde manifestó que en ese momento no se encontraban completas las pruebas impulsadas desde la Fiscalía “en el marco de la instrucción suplementaria”, que se pide antes de fijar fecha de inicio de juicio. “Se entiende -continuó el fiscal- que resulta pertinente en esta oportunidad requerir la reiteración/ampliación de todas las medidas allí mencionadas”.

El representante del Ministerio Público Fiscal habló de la incorporación de pruebas ventiladas en otros expedientes que, a su criterio, se encuentran “fácticamente vinculadas a las maniobras aquí investigadas”.

El expediente unificado Los Sauces-Hotesur (que en la etapa de instrucción se investigaron por separado) indagó sobre una maniobra de lavado de activos en la que tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur -ambas de la familia Kirchner- se habrían utilizado como “pantallas societarias” para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez (a través de la obra pública vial) obtenía y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de los Kirchner.

Por eso, el fiscal Velasco se refirió a “todo cuanto surja del entrecruzamiento de llamados entre el teléfono” de Cristina Kirchner y sus allegados, “como también del teléfono del imputado Lázaro Báez”. Se trata de un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) en el marco de una causa residual vinculada a la Ruta del Dinero K, donde por decisión de la Casación la ex presidenta sigue bajo investigación por presunto lavado de dinero.

En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan había ordenado un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores, en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013”, que fue el lapso en el que el dueño del Grupo Austral logró lavar 55 millones de dólares.

Se estudió el cruce de llamadas entre 84 abonados, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas líneas personales y las de sus secretarios privados y colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez), que “determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí”.

El informe ofrece otro detalle: de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina y teléfonos registrados como de Lázaro Báez. Velasco pidió que sean incorporadas al expediente Hotesur y Los Sauces.

Por otro lado, el fiscal pidió que el Tribunal incorpore todos los informes periciales de los dispositivos electrónicos que pertenecían a José López, -el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista.

Velasco considera que a través del equipo celular “surgen comunicaciones con varios de los imputados de estas causas, lo que permitirá analizar y determina la implicancia que tiene el contenido de las diversas comunicaciones que se han detectado desde y hacia esa línea y evaluar su vinculación con los hechos aquí ventilados”.

El fiscal general recordó que el celular de José López fue parte de los alegatos a de su par Diego Luciani en el juicio Vialidad, donde Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios como López, terminaron condenados por el delito de administración fraudulenta.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión del Informe elaborado por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina sobre el celular de José López en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, donde el Tribunal Oral Federal 1 terminó condenándolo.

En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios«.

Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.

Para los fiscales, el contratista recibía los fondos para obras públicas viales y “después una porción era volcada a maniobras de blanqueo” a través de las empresas de los Kirchner.

“Se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados», Cristina y Máximo Kirchner.