Tras 3 meses de investigación la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó 36 domicilios y desbarató una banda que se dedicaba a usar posnet truchos y empresas fantasmas para evadir impuestos. En total el desfalco de la organización fue de 2.000.000 millones de pesos que no ingresaron al Estado.
En el operativo, que se realizó junto a la Justicia Penal Económica, se secuestró US$ 1 millón que estaba guardado en bolsas y todo tipo de documentos, archivos y dispositivos digitales claves para la investigación.
Los domicilios allanados correspondían a contribuyentes que estaban identificados como deudores relevantes, pero que tenían escasos movimientos bancarios. Usaban esa mascara con la finalidad de evadir el pago de tributos y desviar ingresos a través de empresas fantasmas.
Los titulares reales de esas cuentas, que son los investigados, utilizaban distintas sociedades comerciales (de rubros como la gastronomía o la indumentaria) que se iban reemplazando unas a otras para enmascarar a los verdaderos dueños ocultos que eran quienes llevaban adelante la explotación comercial.
Los dólares que secuestró la Justicia junto a la AFIP en una causa por evasión.Bajo la creación de empresas “cascaras” desarrollaban todo tipo de actividades comerciales generando deudas impositivas o previsionales para luego cambiar de razón social. En el medio ponían a testaferros que eran insolventes y les traspasaban la nómina de trabajadores. La maniobra era compleja y se trataba de un desfalco al Estado.
La investigación la llevó adelante la Dirección General Impositiva que detectó un grupo de empresas y profesionales que operaban en conjunto. La finalidad de esta banda era ofrecer terminales de Posnet (para el cobro con tarjetas de crédito y débito) y cuentas bancarias de titularidad de sociedades apócrifas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vinculados al rubro gastronómico y de indumentaria.
A través de esta maniobra la banda logró desviar $2.000.000.000 que debían ir al fisco pero que eran depositados en las cuentas bancarias de las usinas truchas y posteriormente utilizados para el pago a proveedores y los sueldos de los empleados.
Mediante el análisis de las direcciones IP utilizadas tanto por las usinas, como por las usuarias de los posnet, los domicilios, socios y demás datos relevantes, se estableció la vinculación con una sociedad profesional, la cual sería la organización delictiva encargada de la creación, administración y comercialización de estas complejas maniobras.
La AFIP realizó una denuncia penal que quedo radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro.9, solicitando medidas de urgencia a fin de resguardar los intereses del Fisco.
En el procedimiento, se secuestró dinero en efectivo por un valor de 1 millón de dólares y gran cantidad de documentación e información en soporte digital de interés para la causa.
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