Apenas unas cuántas horas después de que la jueza María Servini ordenara liberar a 17 de los 33 detenidos por la violencia y los destrozos en las inmediaciones del Congreso el miércoles pasado, mientras el Senado trataba la Ley Bases, el fiscal Carlos Stornelli pidió que la magistrada reconsiderara esa decisión respecto de 14 personas, sobre quienes sospecha que pueden fugarse o entorpecer la investigación en su contra mientras están en libertad.
El fiscal sólo dejó fuera de su radar a tres personas que serían vendedores ambulantes, pero sobre el resto consideró la gravedad de los delitos que les imputa como para que esperen su eventual indagatoria en libertad.
Recordemos que, en línea con lo que también plantearon voces oficiales, Stornelli acusa a lo involucrados de un gama de delitos, desde «lesiones” y “daños simples y agravados” hasta “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos” e “intimidación pública”.
Un escalón más arriba en la gravedad de la acusación, el fiscal imputó a los manifestantes por “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. Una colección.
Según consignó La Nación, respecto de las 16 personas que permanecen detenidas hay filmaciones o elementos que los ubican en situaciones aparentemente delictivas. Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Daniel Mayorga (trabajador de Telefe), Sasha Jazmín Lyardet (del Movimiento Socialista de los Trabajadores), Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba y Roberto María de la Cruz Gómez fueron acusados de arrojar piedras y otros proyectiles.
David Sica, María de la Paz Cerruti y Lucía Belén Puglia fueron detenidos bajo la acusación de haberles pegado a efectivos policiales. Patricia Calarco Arredondo fue demorada por incendiar un grupo de bicicletas que administra el gobierno porteño; Juan Ignacio Espinetto, delegado del gremio docente Ademys, por atacar una motocicleta; Héctor David Mallea, porque quedó registrado mientras participaba de los desmanes, y Cristian Darío Ferreira quedó detenido porque tiene antecedentes penales
Cristian Fernando Valiente quedó preso por tener en su poder una granada de gas vencida; Facundo Ezequiel Gómez, por saltar una valla, y Gabriel Horacio Famulari fue preso porque hay imágenes que lo muestran «en actitud beligerante».
La lista de 33 personas inicialmente detenidas y apuntadas por los destrozos no es final: tanto en el gobierno porteño como el nacional -ambos denunciantes y pretensos querellantes, al igual que el Senado de la Nación- y en la fiscalía siguen analizando imágenes recogidas por las cámaras públicas y privadas, las transmisiones televisivas y los registros de celulares publicados en las redes sociales, para ir detrás de otros posibles involucrados.
Stornelli también pidió el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos, para ver si hubo más personas vinculadas a los desmanes, si esos actos de violencia respondieron a un plan previamente acordado y si hay relaciones entre los acusados y alguna organización política, sindical o social.
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