La jueza federal María Servini dejó presos a 16 de los detenidos el miércoles en el Congreso por causar destrozos y enfrentarse con bombas incendiarias con la Policía, en tanto que excarceló a otras 17 personas que estaban entre los arrestados, dijeron a LA NACION altas fuentes judiciales.
El criterio por el cual se dispuso la libertad de los 17 detenidos es que no había en el sumario policial evidencias como para dejarlos presos, entre ellas no había imágenes fotográficas y filmaciones de su participación en los ataques violentos contra las autoridades.
Entre los presos están David Sica, acusado de pegarle a un policía; Patricia Calarco Arredondo, por incendiar un grupo de bicicletas del gobierno de la Ciudad; Juan Ignacio Spinetto, delegado del gremio docente Ademys, que está preso por atacar a una motocicleta; Camila Belén Juarez, quedó detenida por arrojar piedras; Nicolás Daniel Moyorga, quedó detenido por arrojar piedras; Saya Jazmín Lyardet, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que quedó presa por arrojar piedras.
También quedó detenido Héctor David Mallea, que fue filmado participando de los desmanes; Cristian Dario Ferreira, quien quedó detenido porque tiene antecedentes penales; Juan Pablo Colombo, preso por arrojar piedras; María de la Paz Cerruti, arrestada por pegarle un puntapié a un policía; Ramona Tolaba, quien presa por arrojar proyectiles y Lucia Belén Puglia, que acusada de patear a un policía.
A su vez, Cristian Fernando Valiente quedó preso por tener en su poder una granada de gas y Fernando Ezequiel Gómez por saltar una valla; Gabriel Horacio Famulari fue preso porque se lo vio en actitud beligerante en las imágenes y Roberto María de la Cruz Go quedó apresado por arrojar piedras.
En tanto, quedaron en libertad Sofía Belén Ottogali; Gonzalo Duro, Martin Di Roco, Mateo de Tore; Germán Moyano; Fernando Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme; Diego Ignacio Iturburu; Román Esteban Méndez; Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano; Brian Ezequiel Ortiz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.
Los presos quedaron detenidos bajo la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”; “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.
Todos los detenidos fueron indagados entre ayer y hoy por la jueza Servini y sus colaboradores y esta misma noche resolvieron sus excarcelaciones presentadas por la defensora oficial Florencia Plazas y letrados de organizaciones sociales, como María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
En tanto, hoy la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció ante la Justicia que los desmanes en las inmediaciones del Congreso cuando se votaba La ley Bases en el Senado fueron “un ataque contra el ejercicio democrático” y deslizó que “resulta llamativa” la coordinación entre los hechos violentos y los intentos del kirchnerismo y otros sectores de la oposición por suspender la sesión legislativa.
La funcionaria, que es presidenta del Senado, se presentó como querellante ante la jueza Servini, quien indagó a los 33 detenidos la tarde del miércoles pasado en inmediaciones del Congreso. Villaruel dijo que los desmanes “no tendrían otro objetivo más que la interrupción del ejercicio democrático del Poder Legislativo de la Nación, en la sesión que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Senadores de la Nación”. Y resaltó que “resulta llamativa la sincronía de los hechos violentos acaecidos en el exterior” del Senado “con los intentos de suspender la sesión en el recinto”, sostiene el escrito que firmó la vicepresidenta.
La vicepresidenta enumeró los piedrazos, los ataques con bombas molotov, el incendio de dos vehículos -uno de ellos de la emisora Cadena 3-, las roturas de vidrios y pintadas del frente del edificio en Entre Ríos 181, con piedra París “de importante valor patrimonial”; el humo que dañó a los empleados y la incidencia de las vibraciones y estruendos sobre los vitraux “de valor patrimonial considerable e histórico”.
“Los hechos descriptos, sin lugar a dudas, podrían considerarse como un ataque al libre ejercicio de las facultades constitucionales propias del Honorable Senado de la Nación que son parte esencial del desarrollo de la vida democrática y republicana” dijo Villarruel.
El escrito compara la situación con lo sucedido en marzo de 2022, cuando otros manifestantes, esta vez durante el Gobierno de Alberto Fernández, atacaron el Congreso cuando se discutía la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lanzaron bombas de pintura contra las ventanas del despacho que ocupaba Cristina Kirchner, en el mismo cargo que hoy ocupa Villaruel. En ese caso, el Senado, también es querellante.
Por esa causa hay seis procesados que irán a juicio oral. Los acusados plantearon una “probation” para suspender el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias, pero el fiscal Diego Luciani y el tribunal oral federal N° 2 rechazaron esa idea. El argumento fue que era necesaria la publicidad del juicio y de la prueba para determinar si los atacantes quisieron quebrar el sistema democrático.
El Senado aportó 22 fotografías y tres videos como prueba, además de la versión taquigráfica de la sesión. Y pidió que se identifiquen a la agrupaciones políticas que intervinieron en los hechos violentos desmanes, peritar los teléfonos de los detenidos, requerir a los medios videos de los ataques y al propio Senado, ya que cuenta con cámaras en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Solís.
La jueza María Servini indagó a los 33 detenidos por los ataques y destrozos ocurridos en inmediaciones del Congreso el miércoles pasado. El fiscal Stornelli, que interviene en la causa, había dictaminado que se debía negarles la excarcelación y dejar a todos presos, sin embargo solo 16 quedaron en esa condición. Stornelli consideró que los desmanes en el Congreso deben investigarse como un “alzamiento contra el orden constitucional”, que tuvo como objetivo impedir que funcionara el Parlamento. Entre los detenidos aparecen una militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), un simpatizante kirchnerista y un referente del sindicato docente Ademys, de la CTA.
Desde el Gobierno responsabilizaron por los desmanes al kirchnerismo y la agrupación piquetera Barrios de Pie, pero sin dar precisiones. El Ministerio de Seguridad, en tanto, anunció que denunciará los daños sufridos por las fuerzas federales que intervinieron para que los responsables paguen los costos del operativo y la reposición y reparación del equipamiento dañado. El objetivo del Gobierno es que se investiguen como actos de “sedición”, con “la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación”.
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