El detenido con una granada tiene antecedentes por robo, estupefacientes y violación de domicilio

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff. Uno de los detenidos en medio de la violencia que se desató frente al Congreso por la Ley Bases tenía una granada. El artefacto estaba en poder de Cristian Valiente, un hombre de unos 40 años que fue detenido en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero cuando el clima aún seguía tenso.

El hombre tenía la granada en el bolsillo derecho de su campera negra. Fue secuestrada y puesta disposición de la Justicia que ordenó al Ministerio de Defensa peritar si estaba en condiciones de ser usada.

Es un misterio cómo el artefacto llegó a manos de Valiente, un hombre que acumula varios antecedentes penales. Tiene causas por robo en 2008 y 2017, averiguación de ilícito en 2021, suministro de estupefacientes y violación de domicilio en 2022 y lesiones leves 2024. Además, está acusado de haber sido uno de los que arrojó bombas de tipo molotov.

La granada que estaba en su poder tiene la inscripción del Ministerio de Defensa. Sobre el lomo se lee: «Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Granada de mano. Gas de hostigamiento. Candela». La Justicia quiere determinar cómo llegó a su manos. Si fue producto de un robo o alguien se la entregó para generar disturbios.

En total, la cifra de detenidos por la violenta protesta ascendió a 35. Algunos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad y otros por la Policía Federal. El gobierno porteño cuantificó el costo de los daños y de las tareas de limpieza necesarias en más de 60 millones de pesos.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados fue indagado. La jueza a cargo es María Servini y el fiscal es Carlos Stornelli. Muchos de los detenidos tienen antecedentes por delitos tales como daños, estragos, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e intimidación pública y tentativa de robo.

Este jueves Stornelli ordenó que los 35 detenidos quedan bajo prisión preventiva y que sean indagados. Según el fiscal los acusado podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.