En el oficialismo anticipan que van a vetar la movilidad jubilatoria que impulsa parte de la oposición en caso sea aprobada en el Congreso no sólo porque el eventual costo fiscal de la iniciativa -uno de los proyectos en danza, el de la UCR, lo estima en un 0,45% del PBI– pondría en peligro el equilibrio de las cuentas públicas sino porque se trataría de una medida de corte «político» que en última instancia buscaría dañar al Gobierno.
Esta noche cerca de Javier Milei advertían que las discusiones en la Cámara de Diputados devienen de «un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para aumentar el gasto público y romper el superávit al Gobierno. Sería muy grave».
Bien temprano había sido el vocero presidencial Manuel Adorni el que, en su habitual conferencia de prensa, se hizo eco de las declaraciones de Javier Milei de hace un mes para sentar posición sobre la controversia: «todo lo que atente contra el equilibrio fiscal será vetado» recordó al argumentar que no hay recursos disponibles para hacerle frente al nuevo esquema jubilatorio si representa un gasto mayor al previsto por las planillas que custodia el ministro Luis «Toto» Caputo.
Justamente desde el Palacio de Hacienda pusieron el foco en que aún Diputados no ha definido la nueva fórmula teniendo en cuenta en que hay propuestas del radicalismo y del bloque de Unión por la Patria. «Cuando se apruebe y sepamos de que se trata, seguramente tendremos precisiones» sobre la previsión extra de gastos, alertó una fuente oficial consultada.
Sin embargo, un estrecho colaborador del Milei puso de manifiesto que la idea de «vetar» desde el Ejecutivo una normativa que actualice las jubilaciones sin consenso oficial «no tiene que ver con lo económico sino con lo político» porque, a su entender, detrás de la intentona de un sector de la oposición dialoguista y del peronismo estaría la intención de perjudicar el andar de la economía y, por ende, condicionar la gobernabilidad.
Para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una nueva movilidad jubilatoria sancionada por el Parlamento debería contemplan la forma en la que se financiará. «Cuando no hay recursos no se puede de una manera fácil aumentar tal cosa o tal otra, hay que decir de dónde salen los fondos», remarcó
Luego descartó la posibilidad de que la gestión libertaria financie futuros aumentos en los haberes a través de la emisión de dinero. «Salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas», sostuvo en una entrevista radial en El Observador.
Es que para un sector del oficialismo la iniciativa resultaría inviable. Un vocero gubernamental consultado arriesgó que una normativa de esta índole «no va a pasar» los filtros del propio Congreso e ironizó sobre el impulso que la bancada peronista le da a la misma: «Si ellos ajustaron a los jubilados. Se acordaron tarde».
En Casa Rosada, con todo, le tiran la pelota a los bloques opositores sobre el cálculo del eventual perjuicio a las cuentas públicas que acarrearía dicha enmienda. En principio, proponen una actualización mensual en base al Indice de Precios al Consumidor del INDEC, con un empalme extra de 8,1% al 12,5% del decreto del Ejecutivo, lo que da un total de 20,6 %, en coincidencia con la inflación de enero.Tanto la la iniciativa de la UCR como la del peronismo incluyen el pago de un adicional del 50% de la variación entre el índice salarial RIPTE y el IPC. Pero la diferencia está centrada en que el radicalismo propone que ésta sea anual y el kirchnerismo semestral pagándose en marzo y septiembre.
Según el diputado radical Lisandro Nieri, ex ministro de Economía mendocino, el costo fiscal del proyecto impulsado por su bancada asciende al 0,45% del PBI, en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Descubre más desde FM Luzu 92.3 Mhz - Villa Luzuriaga
Subscribe to get the latest posts sent to your email.