Tras intensas negociaciones, los bloques de Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal no lograron acordar un dictamen común en torno a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que desplace a la que impuso el gobierno de Javier Milei en el decreto 274/24 que dictó en marzo pasado. Así las cosas, el plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto arrojó un dictamen de mayoría –el de Unión por la Patria– y otros cuatro dictámenes de minoría. La oposición pedirá que la sesión especial se realice el 4 de junio.
“Con cierta desazón debemos admitir que no pudimos llegar a un acuerdo, pero en este plenario de comisiones hay una mayoría que está claramente da favor de la recuperación de las haberes jubilatorios. Hemos avanzado mucho en estas últimas semanas, y si bien persisten ciertas diferencias, no podemos perder las esperanzas de llegar al recinto con los acuerdos necesarios para alcanzar la mayoría”, indicó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria.
Un denominador común hilvana a los distintos bloques opositores pese a sus diferencias: su rechazo al DNU 274/24 que dictó el Poder Ejecutivo en marzo pasado. Allí se establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria a aplicarse a partir de julio próximo, por la cual los haberes serán actualizados mensualmente por el índice de inflación. El decreto dispuso, además, el cobro de un refuerzo único del 12,5% (que se cobró el mes pasado) para compensar la pérdida del valor adquisitivo que sufrieron los ingresos jubilatorios por el fogonazo inflacionario de enero pasado, cuando el índice trepó al 20,6%.
Los opositores insisten en que la recomposición de los haberes por la pérdida inflacionaria de enero pasado debería ser completa y no parcial, como pretende el Gobierno. Sin embargo, cada bloque presentó distintos dictámenes y, hasta el inicio del debate en el plenario de las comisiones, no había acuerdo. El foco estaba puesto sobre Unión por la Patria, reticente a apoyar el dictamen que proponen la UCR y Hacemos Coalición Federal que es, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el de menor impacto fiscal si resultase aprobado.
La iniciativa de la UCR y Hacemos Coalición Federal propone un esquema de reajustes mensuales de los haberes de acuerdo a la inflación, con un eventual aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables): si este indicador sube por arriba de la inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 30% de la diferencia.
También se propone una suba extra de ocho puntos para recomponer el valor de los haberes por la pérdida ocasionada en enero. Asimismo se busca garantizar un ingreso mínimo equivalente a la canasta básica total con cuyo valor el Indec mide la pobreza (actualmente sería de $250.286 y no se habilitaría la cláusula, porque el haber mínimo más el bono suman $260.141).
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