Caso Vialidad: fecha clave para la revisión de la condena a Cristina Kirchner por corrupción

Desde el 9 de mayo empezarán a correr los veinte días hábiles que estipula el Código Procesal Penal para que la Cámara Federal de Casación Penal se pronuncie sobre la condena por corrupción que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros investigados en el marco de la causa Vialidad. Los jueces del máximo tribunal penal deben resolver si los seis años de prisión que pesan sobre la ex presidenta por el delito de administración fraudulenta es la sentencia que corresponde, si -como sostiene la fiscalía- la misma debe ser de doce años por asociación ilícita, o como la ex vice pidió: que todo sea anulado.

El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder, con una condena por corrupción. El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado se estimó en 80.000 millones de pesos.

Los fundamentos de aquella sentencia indicaban: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

Estos y otros fundamentos desarrollados por el Tribunal de juicio fueron apelados por Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los acusados. Por ese motivo, la Casación Federal revisará la sentencia condenatoria.

El 7 de marzo, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex vicepresiodenta, insistió con su pedido de nulidad de la condena. Lázaro Báez, ex socio comercial de la entonces presidenta de la Nación, solicitó a los camaristas lo mismo: la absolución de todas las acusaciones atribuidas por el tribunal de juicio.

La Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, realizó seis audiencias para escuchar a todos los que apelaron la sentencia que dictó el TOF 2. Durante cada encuentro los abogados defensores ampliaron sus argumentos reclamando la nulidad del caso.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal, representado por Mario Villar –quien sostuvo los argumentos de los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola- pidió que Cristina también sea condenada como jefa de una asociación ilícita. Esto llevaría la pena de seis a doce años de prisión.

Hay que recordar que el pronunciamiento del máximo tribunal penal es la instancia previa a que las partes lleguen con su reclamo ante la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento -tras las últimas modificaciones al Código Procesal Penal- convierte a la sentencia en firme. Hasta tanto, nada tiene cumplimiento efectivo.

Para Cristina, los fundamentos de la sentencia son “absolutamente arbitrarios y desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”. Su abogado defensor, manifestó a través de la apelación, que la ex vice es “la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”.

La condena por hechos de corrupción contra Cristina Kirchner salió de forma unánime. El voto fue mayoritario a la hora de evaluar si había que atribuirle el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini coincidieron en plantear que no, mientras que Andrés Basso se diferenció de ellos, avalando la acusación de la fiscalía.

Sobre esa diferencia deberá pronunciarse la Casación. El 9 de mayo se realizará una audiencia personal solicitada por Raúl Pavesi, ex director de Vialidad Nacional en Santa Cruz. Se denominan audiencias visu, son de conocimiento directo del tribunal con el imputado, “a los fines de ponderar la situación personal, familiar, vínculos, arraigo, formación, trabajo, estado de salud, aspectos que en su caso pueden ser de utilidad para la determinación de una pena”, explica el Código Penal.

Después de esa audiencia comienzan a correr los veinte días hábiles que fija el Código Procesal Penal, para que después la Sala IV se pronuncie sobre la sentencia del caso Vialidad. Ese plazo puede ser prorrogado en expediente de gran envergadura, como es este caso.

En este caso se analizaron las 51 licitaciones viales que entre 2003 y 2015 recibió Lázaro Báez, convirtiéndose en el adjudicatario del 86% de los contratos que el gobierno nacional volcó en suelo santacruceño. Los mecanismos se reiteraron durante los doce años: direccionamiento de las licitaciones, pagos anticipados indebidos, modificación de los plazos de obra incrementando los costos, sumado a un circuito de pagos exclusivos y una permanente omisión de los organismos de control.

Al estudiar el gran rompecabezas que representó el beneficio de 46.000 millones de pesos que obtuvo Báez, el Tribunal de juicio tuvo en cuenta los múltiples negocios que el matrimonio Kirchner mantuvo con el contratista del Estado, el financiamiento de esos acuerdos con el único ingreso del holding: la obra pública vial. La misma que en un 50% quedó inconclusa y que expuso millonarios sobreprecios.

En síntesis: el contratista K “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”, concluyó el TOF 2. “El lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”.