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A pesar de haberse reunido con actores de diversos sectores del campo y de haber ampliado a 36 el número de productos de las economías regionales que quedarán exentos de derechos de exportación, el Gobierno de Javier Milei sigue sumando críticas por su intención de mantener y en algunos casos aumentar la alícuota para los principales creales y oleaginosas y para la carne. En concreto, sube del 31% al 33% para los subproductos de la soja, y del 12% al 15% para el trigo, el maíz y la carne.
Tanto las gremiales del campo como algunos de los Gobernadores de las provincias de la Zona Núcleo se pronunciaron claramente en contra de esa iniciativa incluida en la Ley Ómnibus que el Gobierno pretende aprobar esta misma semana en el Congreso.
Desde Federación Agraria plantearon su apoyo a esa posición, como también desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). «Nos vemos decepcionados, que después de tantos años se siga insistiendo con recetas que ya están probadas y que fracasaron, las retenciones no bajan el precio de los alimentos, como ha dicho erróneamente un funcionario en este recinto, todo lo contrario, limitan la producción«, afirmaron.
Desde el bloque de la oposición dialoguista, Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, dijeron que no están dispuestos a respaldar el aumento de retenciones propuesto para el maíz, trigo, carne y derivados de la soja.
Nicolás Massot, uno de los referentes de ese espacio, con fuertes vínculos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, evaluó que el nuevo texto representa una mejora en comparación con las discusiones previas del jueves pasado y perciben una disposición diferente por parte del Gobierno para negociar.
A pesar de ese avance, Massot planteó la incertidumbre sobre si este texto es la última palabra de manera taxativa o el inicio de una negociación más extensa. Señaló que «hay temas sensibles aún no resueltos».
Finalmente, el punto central de discordia radica en el capítulo de las retenciones, en el cual «el Gobierno excluye a alrededor de una veintena de economías regionales, pero existen más de 7000 entre las del complejo oleaginoso o cerealero, y las industriales que no están excluidas. Esta discrepancia plantea un desafío significativo en las negociaciones en curso”, planteó Massot en el programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los más firmes en el rechazo: “No voy a acompañar el aumento de retenciones. El gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita”, publicó en twitter.
Esa postura recibió respaldo en conversaciones que Pullaro tuvo el fin de semana con otros gobernadores de Juntos por el Cambio: como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).
Críticas del Frente Renovador a las retenciones
El ex secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo por X: «En 2023, con la peor sequía que vivimos, Sergio Massa bajó las retenciones. Hoy el gobierno, con la mejor cosecha de la historia, pretende subirlas. Hay otro camino, y creemos que hay que seguir la misma senda».
En la cuenta del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, de la misma red social, se posteó: «No al aumento de retenciones. En la peor sequía de la historia se bajaron las retenciones. Hoy vamos a la mayor cosecha de la historia, y con una devaluación del 120% que multiplica cuatro veces la recaudación. Las retenciones se deben mantener en CERO».
Y en un gráfico adjunto indicaron que » el campo sufrió una devaluación que hizo que los precios del combustible, impuesto país y energía se vayan por las nubes. Este año perderán rentabilidad y además se suben retenciones».
Calcularon que «las retenciones a las economías regionales ponen en riesgo a más de 1.200.000 empleos argentinos». Y «por las retenciones a maíz y soja se van a dejar de agregar valor a 4,3 millones de toneladas de maíz y 1,9 millones de soja».
Al catálogo de críticas se sumaron algunas voces que no suelen coincidir con el sector agropecuario, como la del ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández y dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, quien recordó que en plena sequía, el Gobierno anterior bajó las retenciones. Y llamó a rechazár el DNU.
Por su parte, Daniel Arroyo, también ex funcionario del Gobierno anterior, dijo: «No al aumento de las retenciones. Necesitamos una Argentina más amplia, más grande y más federal. Una Argentina que promueva sus exportaciones y sus economías regionales. Un país con más trabajo y producción. Hay otro camino».
El Gobierno defiende las retenciones
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que no tiene más margen para ceder y que la marcha atrás para las retenciones en las economías regionales representa ya un costo fiscal de unos 800 millones de pesos.
«Las retenciones no son lo que queremos, no es lo que quiere el Presidente ni cada uno de los que estamos aquí reunidos, pero es una parte frente a una emergencia, frente a una situación de eventual hiperinflación que estamos enfrentando», dijo hace pocos días en el Congreso el secretario de Agricultura Fernando Vilella.
«Las retenciones hacen que los consumidores locales tengan un precio menor al momento de pagar», dijo el principal funcionario de Milei sobre temas bioagroindustriales.
Y afirmó: «En la medida que la macroeconomía mejore, como la intención es que las retenciones no estén, estaremos en condiciones de bajarlas».
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