La Justicia porteña intimó este viernes a 10 mujeres a desalojar en 72 horas una vivienda del barrio porteño de Almagro, donde viven desde hace un año con sus hijos luego de haber «quedado en la calle» al escapar de situaciones de violencia de género, tras una denuncia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«Nosotras venimos todas de atravesar violencia de género, de abusos de familiares, de muchas cosas. Somos pibas que tuvimos una historia de vida muy cruda. Para nosotras vivir con varones no es una alternativa porque nos sentimos cuidadas y acompañadas entre nosotras. Por eso en la casa somos todas mujeres con hijos», dijo a Télam Gabriela, una de las integrantes de Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), como nombraron a la vivienda.
La intimación a desalojar el inmueble en 72 horas la dispuso este viernes la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 19, ubicada en Paseo Colón 1333, a cargo de Lorena San Marco, tras una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«El Gobierno de Larreta nos quiere desalojar. No les importa que en esta casa vivamos todas mujeres, niños, que funciona un merendero, apoyo escolar, que haya un funcionamiento de uso para compañeras en situación de violencia de género, en situación de calle, de consumo y de compañeras que salen de estar privadas de su libertad», expresó Gabriela.
Además dijo que si no abandonan la vivienda «se hará un desalojo por la fuerza pública» y «eso implica un desalojo violento y la violación a los derechos de las 15 niñas, niños y adolescentes que viven» en el lugar hace un año.
En la vivienda, ubicada en Pringles al 342 en el barrio porteño de Almagro, funcionó anteriormente un archivo histórico de documentación de la Ciudad de Buenos Aires y «después lo dejaron abandonado», contó a Télam Miriam Godoy, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
[Urgente] Tener un techo no es un delito, es un derecho. No lo ve así la CABA: “Recibimos amenazas constantes de la fiscalía, que si no nos vamos nos llevan presas. Es o la calle o la cárcel».https://t.co/gfQ9Cq0bM9
— CELS (@CELS_Argentina) March 31, 2023
El inmueble forma parte de un complejo más grande que abarca también los ubicados en Pringles 354, que fue declarado «innecesario» para el gobierno porteño a partir de la Ley N° 6287, y el 344 donde funciona el Jardín Maternal Pringles.
Esa normativa sancionada en diciembre de 2019 por la Legislatura porteña, también incluye en su artículo N° 5 una mención al inmueble donde viven actualmente las mujeres.
«El producido de la venta de los inmuebles sitos en la calle: Pringles 340/342, será destinado para el desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes», dice el texto.
«Lo que pasó fue que en el año 2019 se sacó esta ley declarando innecesario Pringles 354 y en esa misma ley hacen mención a Pringles 340 y 342. Entonces nosotros dedujimos que todo iba a desaparecer, iban a demoler todo y te aparece una torre. Así que desde el observatorio presentamos un amparo que fue desestimado. Apelamos y nuevamente nos desestimaron», explicó Godoy.
Desde la Comuna 5 confirmaron a Télam que el inmueble se subastó 7 veces, pero no se logró su venta.
«Nosotros durante mucho tiempo estuvimos pidiendo que se haga ahí un jardín porque son faltantes que tenemos en nuestra comuna. En el predio de al lado (Pringles 344) hay un CDI que es un centro de desarrollo infantil», dijo a Télam Maru Acuña, comunera por el Frente de Todos de la comuna 5, en referencia al pedido de extender ese jardín.
Sobre la intimación a las mujeres para que abandonen el inmueble, resaltó que «el problema más grande acá es la falta de políticas de vivienda que tiene el Gobierno de la Ciudad».
«En la comuna 5 tenemos un montón de viviendas que están ocupadas. Entendemos que es algo que está por fuera de la ley, pero también sabemos que hay muchas familias, muchas mujeres con niños, niñas que no tienen a dónde vivir«, agregó.
En este sentido, Godoy sumó: «El Estado no está obligado a autorizarles que hayan tomado una vivienda, pero sí está obligado a darles una solución habitacional».
«Lo único que les importa es que entreguemos el inmueble. Para nosotras entregar el inmueble no es una opción si nos quieren dejar en la calle«, dijo Gabriela y contó que en el lugar vienen «haciendo un laburo hermoso».
«Trabajamos de forma comunitaria y abierta al barrio con chicos, chicas y adolescentes. Transitan semanalmente entre 40 y 50 pibes y pibas a participar del merendero», detalló, además de los espacios para mujeres víctimas de violencia, otras en situación de calle o de consumo problemático y también para aquellas que salen de estar privadas de su libertad que se llevan adelante.
«Estamos siendo amenazadas constantemente con el desalojo, con el miedo a que nos vengan a patear la puerta, entre toda la policía y nos saquen de los pelos», dijo Gabriela y pidió apoyo para que el desalojo no se lleve adelante.
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